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TCP

2399/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 2399/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2399/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 67602-2024-136-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 135/24 de 12 de septiembre de 2024, cursante de fs. 160 vta. a 166 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrea Viviana Castedo Alcoba en representación legal de SIKA Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, ex Magistrados de la Sala Contenciosa Contenciosa, Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 27 de agosto de 2024, cursante de fs. 39 a 83, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial de 7 de enero de 2014, Gonzalo Darío Castillo Roig demandante -hoy tercero interesado- inició demanda laboral contra la empresa SIKA Bolivia S.A., representada legalmente por Elio Eladio Correa Villalobos, accionando el reintegro de beneficios sociales de $us1 536 151.- (un millón quinientos treinta y seis mil ciento cincuenta y un dólares estadounidenses). El demandante -ahora tercero interesado- relató que su actividad laboral comenzó en la República de Chile el 3 de agosto de 1987, en el puesto de ingeniero técnico, fecha desde la cual, se debería considerar su relación contractual con la referida empresa, a efectos del cálculo de liquidaciones sociales.

Alega que el 1 de enero de 1994 fue trasladado a Bolivia para que siga desempeñando servicios en la empresa SIKA Bolivia S.A., en calidad de Gerente general, bajo la característica de contrato indefinido, cargo que ejerció hasta el 10 de agosto de 2012, tiempo en el que pasó a la función de Director de Relaciones Institucionales hasta el 26 de marzo de 2013, fecha en la que fue despedido sin justificación alguna. Asimismo, el demandante -ahora tercero interesado- argumentó que percibía un sueldo promedio en los últimos noventa días de $us15 717.- (quince mil setecientos diecisiete dólares estadounidenses); y además, que SIKA Bolivia S.A., acorde al finiquito de 9 de abril de 2013, le pagó la suma de Bs723 149,07.- (setecientos veintitrés mil ciento cuarenta y nueve 07/100 bolivianos), sobre la base del sueldo promedio de Bs61 183.- (sesenta y un mil ciento ochenta y tres bolivianos), únicamente por el tiempo de servicio de diecinueve años, dos meses y diecinueve días; es decir, desde el 3 de enero de 1994, cuando su antigüedad databa del 3 de agosto de 1987; con lo cual, su periodo de labor habría sido de veinticinco años, siete meses y veintitrés días.

De igual forma, el demandante -hoy tercero interesado- arguyó que por la naturaleza del puesto de Gerente General, la empresa SIKA Bolivia S.A., le adeudaría $us452 649,60.- (cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve 60/100 dólares estadounidenses) por horas extraordinarias, reclamando una suma total por concepto de reintegro de beneficios sociales, incluida la multa del 30%, que sería elevada en ejecución de fallos.

Mediante memorial, se apersonó al proceso y opuso excepciones previas de imprecisión y contradicción en la demanda, excepciones perentorias de pago documentado y de prescripción, contestando negativamente a la demanda, solicitando se dicte Sentencia declarando improbada la misma.

En atención a ello, la Jueza Tercera de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la Capital del departamento de Santa Cruz, actuando en estricto apego a la ley y el derecho social aplicable, pronunció la Sentencia 11 de 25 de marzo de 2022, declarando probada en parte la excepción perentoria de pago documentado, así como declarar probada la demanda en parte, determinando un pago de Bs218 729,20.- (doscientos dieciocho mil setecientos veintinueve 20/100 bolivianos).

Contra la Sentencia 11, Gonzalo Darío Castillo Roig -hoy tercero interesado- interpuso recurso de apelación el 21 de abril de 2022, solicitando que el Tribunal de alzada revoque en parte la Sentencia.

A su turno, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa Administrativa Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 129 de 30 de junio de 2023, revocando parcialmente la Sentencia 11, y su Auto complementario de 8 de junio de 2022, declarando probada en parte la demanda, sólo en cuanto a los derechos apelados, determinando que no corresponde el pago de bono de antigüedad del reintegro de seis sueldos devengados por falta de pre aviso y la devolución de descuento al Impuesto al Valor Agregado (IVA); por no, haber sido recurridos.

Ante ello, SIKA Bolivia S.A., a través de su representante legal, interpuso recurso de casación el 12 de octubre de 2023, solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia pronuncie resolución en la que se case en su totalidad el Auto de Vista 129 y su Auto complementario; y en tal sentido, se declare probada la excepción de pago documentado e improbada la demanda en todos sus extremos, con costas.

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de enero de 2024 pronunció el , resolviendo casar parcialmente el Auto de Vista 129, declarando probada en parte la demanda de reintegro y pago de derechos y beneficios sociales, así como probada en parte la excepción perentoria de pago documentado e improbada la excepción perentoria de prescripción.

Los entonces, Magistrados -ahora accionados- al emitir el infringieron el derecho al debido proceso en sus elementos de pertinencia y congruencia, así como por la ausencia de motivación y fundamentación de las resoluciones, puesto que en el apartado V -Análisis del caso concreto-, no se manifestaron metódicamente respecto a los agravios expuestos por SIKA Bolivia S.A., en el recurso de casación interpuesto, obrando de manera citra petita, al no dar respuesta a todos los elementos de hecho y de derecho comprendidos en su recurso. Por otro lado, en fragmentos de la resolución, existe una clara e incontrovertible motivación arbitraria e insuficiente, sustentada en fundamentos y consideraciones meramente retóricas, que solo patentizan la arbitrariedad del indicado fallo judicial; asimismo, existe una absoluta falta de coherencia del Auto Supremo en su dimensión interna, porque no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión, existen además argumentos contradictorios dentro del propio fallo; por lo que, existe absoluta incoherencia interna y externa, a tal extremo que se omitió el análisis de precedentes judiciales horizontales aludidos por SIKA Bolivia S.A., en el recurso de casación y a contrario sensu, se obró en contra de las razones de la decisión de los precedentes judiciales citados en tal recurso y otros precedentes jurisprudenciales existentes sobre materia laboral. Es tan grave el desconocimiento de jurisprudencia existente que incluso los ex Magistrados ahora accionados, el mismo día del pronunciamiento del , pronunciaron otro Auto Supremo absolutamente contrapuesto a aquél, respetando los precedentes jurisprudenciales existentes en la materia.

El , no contiene una carga argumentativa que respete los elementos básicos de coherencia, racionalidad y razonabilidad, es más, incurre en una interpretación errónea y arbitraria de la ley y la jurisprudencia, creando caos e incertidumbre en aquellas personas que concurren a la jurisdicción ordinaria con la convicción que la solución de problemas jurídicos con supuestos fácticos análogos a los que presentaron anteriormente, tendrán la misma ratio decidendi y serán resueltos de la misma manera, en resguardo del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en su doble dimensión.

La parte accionante plantea como vulneraciones constitucionales, las siguientes:

  1. a)Los ex Magistrados hoy accionados incurren en arbitrariedad, incongruencia e incoherencia en el , al fijar en el numeral 1 de la parte dispositiva, un Salario Promedio Indemnizable (SPI) de $us15 717.-, que resulta de dividir de forma errónea el sueldo anual sólo en doce sueldos y no trece como corresponde, e incluir los pagos de alquiler y bonos de asamblea y antigüedad; empero, la parte determinativa del fallo, reconoce que el sueldo anual debe dividirse en trece sueldos, y además declaran improbada la demanda en relación a estos dos ítems; por lo que, el monto del SPI es inexacto, errado y arbitrario; en otras palabras, concurre una incoherencia e inconsistencia entre la conclusión de los fundamentos jurídicos y en la decisión asumida, además de una fundamentación arbitraria; debido a que:
  2. a1)Error en el cálculo de división del monto de Bs782 119.- (setecientos ochenta y dos mil ciento diecinueve 00/100 bolivianos) -sueldo anual acordado con SIKA Bolivia S.A.-, en doce sueldos -cuando legalmente corresponde dividirlo en trece sueldos, incluyendo el aguinaldo-, sin considerar que los ex Magistrados ahora accionados, en el propio fallo, en un apartado posterior, establecen que dicho monto anual acordado debe ser dividido en trece sueldos, y además a tiempo de excluir el aguinaldo, desconocen los precedentes judiciales horizontales; por cuanto, al primer agravio formulado por la parte accionante en el recurso de casación, la decisión argumenta lacónica y superficialmente que el art. 1 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, establecería que el aguinaldo no tendría la particularidad de sueldo y no sería parte del salario anual; por lo que, revalidan la inexacta determinación asumida por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa Administrativa Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, puesto que, de haberse considerado la amplia e uniforme jurisprudencia, la división del sueldo anual debiera haberse efectuado entre trece y por consiguiente el SPI se hubiera reducido, pero el , en el apartado, numeral 3.1, reconoce que la parte accionante SIKA Bolivia S.A. demostró y respaldo con prueba idónea su argumento de división en trece sueldos; sin embargo, al resolver este motivo, sólo dividen la calificación del SPI en doce sueldos, constituyendo ello una contradicción; además que desconoce el precedente establecido en el , el cual señala lo siguiente: "...por ser el aguinaldo considerado como un salario diferido..." (sic) ; denotándose de ello la notoria actitud discordante de los entonces Magistrados -hoy accionados- en los fallos supremos que ellos mismos profirieron, incluso en uno de la misma fecha que la resolución ahora impugnada;
  3. a.2)El contiene una motivación arbitraria con relación al pago del "bono de asamblea"; puesto que, en su parte considerativa incluye dicho ítem dentro del SPI; sin embargo, en su parte resolutiva, declara improbada la demanda respecto a dicho bono, por lo que existe inconsistencia entre la conclusión de los fundamentos jurídicos del fallo y la decisión asumida; en razón a que en el acápite V, numeral 1 del , afirma que los derechos laborales y beneficios sociales debían ser recalculados sobre la base del SPI; no obstante, declaran improbada la demanda con relación al pago de "bono de asamblea"; entonces, si dicho bono hubiese sido excluido desde el inicio, no podía ser tenido en cuenta a efecto de calificar el SPI y en ningún caso hubiese alcanzado los $us15 717.; por lo que, existe una inconsistencia insubsanable entre la conclusión y la decisión;
  4. a.3)El contiene una motivación arbitraria e insuficiente porque no da razones del por qué no aplicó los precedentes judiciales horizontales vinculantes y obligatorios respecto del pago del alquiler como parte del SPI; ante ello, los entonces Magistrados -ahora accionadas- de manera resumida esbozan el art. 11 del Decreto Supremo (DS) 1592 de 19 de abril de 1949, sin analizar todos los argumentos presentados en casación; y lejos de analizar e interpretar dicha norma, únicamente la menciona como supuesta base de su criterio, señalando que todos esos conceptos se plasman como ingresos con distintivo de regularidad, y sin modular criterios contenidos en Autos Supremos anteriores, en los que manifestaron que la regularidad del pago del alquileres de vivienda no es suficiente para que sean incluidos como parte del SPI. En el recurso de casación interpuesto por el representante legal de SIKA Bolivia S.A., específicamente se explicó el, por qué, era ilegal la inclusión del pago de alquiler como parte del SPI; para lo cual; invocaron el y el , que expresamente señalan que el sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos en la Ley General del Trabajo, ni los bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo; motivo por el que, las autoridades suscribientes del , asumieron una determinación contraria y paradójica a los precedentes judiciales horizontales vinculantes y obligatorios, sin emitir criterio alguno respecto de ellos y sin la justificación fáctica y legal para su no aplicación al caso; e incurre una incongruencia citra petita ;porque no respondieron a los Autos Supremos señalados por la parte accionante SIKA Bolivia S.A. en el recurso de casación;
  5. a.4)El contiene una motivación arbitraria e insuficiente, porque prescindió la consideración del precedente judicial horizontal (), que inadmite el "bono anual" gestión 2012 como integrante del sueldo promedio indemnizable; ya que, en el contenido del recurso de casación se invocó la aplicación necesaria y obligatoria del , el cual explica que el bono anual, al tener ese carácter y no mensual, no es parte del sueldo indemnizable; porque, no cumple con el requisito de regularidad mensual, criterio contrario al señalado en el .
  1. b)El incide en una determinación inexacta de la fecha de inicio de la relación laboral del demandante -ahora tercero interesado-, desconociendo el precedente judicial horizontal del , pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; denotando con ello vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, así como la igualdad procesal; puesto que, para desvirtuar los agravios expuestos en el recurso de casación, los ex Magistrados ahora accionados se limitan a señalar en su decisión que SIKA Chile S.A. resulta ser accionista de SIKA Bolivia S.A., y tomó parte en varias juntas de accionista, sin considerar que ambas son personas jurídicas independientes; asimismo, afirman que existió continuidad de servicios y ello acarrearía responsabilidad para asumir la indemnización de servicios prestados fuera de Bolivia, mencionando simplemente estos aspectos. E incluso, el recurso de casación interpuesto hizo referencia al AS 283 como respaldo de los argumentos de SIKA Bolivia S.A., fallo que en ningún momento fue analizado, examinado o considerado, pese a la identidad fáctica y jurídica con el caso; y definiendo en el fondo, los accionados establecen razones contrarias a la doctrina implantada, evidenciándose la contradicción entre estos fallos, sin presentar una justificación prudente ni idónea para apartarse del precedente.

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