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TCP

2401/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 2401/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2401/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 54076-2023-109-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 13/2023 de 30 de enero, cursante de fs. 89 a 91, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martha Luisa Velasco de Macias y María Eugenia Macias Velasco contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz y Rocío Marisel Ortíz Mena, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Las accionantes, por memorial presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 29 a 60; manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de sus personas, siendo Germán Jhonatan Macías Velasco el fallecido -víctima-, contra Beatriz Limachi Almanci, "Axl" Ramírez Molina y Óscar Aurelio Apaza Magne -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del Código Penal (CP), indicaron que en la etapa preparatoria la investigación fue inicialmente asignada a Richard Mamani Poma Investigador; sin embargo, debido a múltiples reasignaciones, el caso llegó hasta un séptimo Investigador, de nombre Valeriano Gutiérrez Sullca. Durante toda la investigación se suscitaron actos y omisiones indebidas, porque no se realizó una correcta valoración de las declaraciones de Beatriz Limachi Almanci y "Axl" Ramírez Molina, las cuales presentaban contradicciones; asimismo, diversos elementos fueron recolectados durante la etapa preliminar del proceso penal, tales como los resultados de los análisis de toxicología forense y biología, pruebas que tenían relevancia para el esclarecimiento de los hechos; las certificaciones emitidas por la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), respecto a la asistencia a clases de la víctima y de "Axl" Ramírez Molina; los informes policiales elaborados, así como las solicitudes de desdoblamiento de Discos Compactos (CDs) remitidos por la empresa de telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia (VIVA) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.). Asimismo, detallando las actuaciones procesales y los actos investigativos, sus personas señalaron que existieron factores externos que incidieron en el desarrollo de la investigación, tales como los conflictos sociales suscitados en la gestión 2019 y la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), esas circunstancias dificultaron el acceso al cuaderno de investigaciones y retrasaron el avance del proceso investigativo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Las accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad material y a la "presunción de inocencia"; citando al efecto los arts. 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S66/2022 de 10 de febrero y la Resolución de Sobreseimiento ROM/MP30/2020 de 12 de abril de 2021.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 30 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 84 a 88 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que:

  1. a)La muerte de la víctima, ocurrió el 29 de septiembre de 2017, aproximadamente a la 01:00 hora, "Axl" Ramírez Molina -ahora tercero interesado-, fue la última persona con quien tuvo contacto la mencionada víctima, circunstancia que se evidenció en el extracto de llamadas telefónicas correspondientes al 28 y 29 del mismo mes y año, donde se identificaron números telefónicos que mantuvieron comunicación con el imputado y con Beatriz Limachi Almanci -hoy tercera interesada-. Sin embargo, la Fiscal de Materia a cargo del proceso, no dispuso requerimientos fiscales para identificar plenamente a sus titulares ni los convocó a la toma de su declaración informativa; así también, existieron contradicciones entre las declaraciones de los coimputados, el flujo de llamadas y las comunicaciones efectuadas el 30 del ese mes y año, fecha en la cual los ahora terceros interesados ya comentaban circunstancias relativas a la muerte de la víctima, antes de que los familiares hubiesen tomado conocimiento formal del fallecimiento; esos aspectos, no fueron debidamente investigados ni valorados;
  2. b)No se promovieron actos investigativos relevantes, tales como la comparación de ácido desoxirribonucleico (ADN) con muestras epiteliales de la víctima, la convocatoria de testigos presuntamente vinculados a los hechos, ni la profundización de la investigación respecto a Óscar Aurelio Apaza Magne -hoy tercero interesado-, quien tenía antecedentes de amenazas contra la víctima. La Resolución de Sobreseimiento ROM/MP30/2020 de 12 de abril de 2021, fundamentó la insuficiencia probatoria bajo el argumento de inexistencia de prueba plena; criterio considerado desactualizado y atentatorio a los derechos de las víctimas, en tanto que la valoración probatoria debía realizarse de manera integral y conectada. De igual manera, la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S66/2022, se limitó a una relación descriptiva de antecedentes, sin analizar contradicciones ni ordenar la realización de actos investigativos pendientes; y,
  3. c)Tampoco se valoraron circunstancias extraordinarias que afectaron a la investigación, tales como la quema de dependencias policiales en la gestión 2019, hecho que ocasionó la pérdida temporal del cuaderno físico de investigaciones, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el constante cambio de investigadores asignados al caso; esos factores, explicaban la demora y la necesidad de ampliar la investigación. Concluyeron que las resoluciones cuestionadas vulneraron el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de las víctimas.

En la fase de preguntas formuladas por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, se les pidió a las accionantes que precisaran cuál fue el acto concreto cuya nulidad solicitaban y qué elementos consideraban pendientes de investigación que les generó indefensión. Ante ello, el abogado de las accionantes respondió, que existían al menos cuatro números telefónicos que mantuvieron contacto con los ahora terceros interesados en fechas próximas al fallecimiento de la víctima y que no fueron debidamente investigados, mencionando específicamente a Rodrigo Pusarico Tarqui, cuya declaración informativa quedó pendiente al momento de emitirse el sobreseimiento; asimismo, no se realizó la comparación de ADN entre las muestras epiteliales encontradas en las uñas de la víctima y los hoy terceros interesados; respecto a, si en el transcurso de los años se exigió la producción de dichas pruebas, respondió indicando que los hechos se desarrollaron en un periodo aproximado de cuatro años, desde el 2017 hasta la emisión de la Resolución de Sobreseimiento ROM/MP30/2020 en 2021. También se le consultó al abogado de las accionantes, sobre la observación relativa al principio de inmediatez y la fecha de notificación con la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S66/2022, que agotó la vía administrativa en el Ministerio Público, habiendo respondido que la notificación a Martha Velasco de Macías se produjo el 23 de junio de 2022, aclarando que ambas accionantes tenían el mismo domicilio.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

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