Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2402/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 67708-2024-136-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 167/2024-SCII de 30 de septiembre, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por AA contra Sonia Elena Bárrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 6 de septiembre de 2024, cursante de fs. 91 a 108 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), por Sentencia 19/2024 de 19 de abril, fue condenado a dos años y seis meses de restricción de libertad bajo el régimen domiciliario; determinación contra la cual, el Fiscal de Materia y la acusación particular interpusieron recurso de apelación restringida, dando lugar a la emisión del Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto y su complementario; mediante los que, se dispuso, declarar procedente en parte los recursos planteados, agravando por ello la pena a cuatro años; y, modificar la manera de restricción de libertad a la de régimen de internamiento en el Centro de Reintegración Social Solidaridad de Chuquisaca; empero, tal decisión fue arbitraria; puesto que, las Vocales ahora accionadas actuaron de manera ultra petita, en franca vulneración del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); tomando en cuenta que los agravios expuestos por el Fiscal de Materia se referían a la inobservancia o errónea interpretación y aplicación de la ley; así como, defectuosa valoración de la prueba, cuando ambas son excluyentes entre sí, pidiendo la anulación de la referida Sentencia; además de que, no identificó cuál sería la norma que hubiese sido mal interpretada; en concreto, no observó la aplicación del art. 16 inc. 2) del CP, con relación al error de prohibición vinculado a la ilicitud del hecho. Asimismo, en los agravios de la acusación particular no se reclamó tal extremo; vulnerando con ello, lo previsto por el art. 315.VIII aplicando incorrectamente el parágrafo VII del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- que ordena que los errores de derecho en la fundamentación que no hubiese influido en la parte dispositiva de la Sentencia 19/2024 no anula la misma; y, los errores relativos a la imposición de medidas socio educativas no puede cambiar la situación jurídica del menor de edad AA, menos en la vía de complementación; aspectos que, al no existir recurso de casación, no pueden ser objetados, dejándolo en estado de indefensión.
Si bien la norma aplicada fue descrita; empero, no se cumplió con el requisito de establecer el nexo de causalidad entre el supuesto de hecho y la norma aplicable; así como, la consecuencia jurídica; puesto que, el hecho identificado sería que la Jueza de primera instancia se hubiese equivocado con relación al error de prohibición; la norma sería el art. 315.VII y VIII del CNNA; sin embargo, no existe vinculación entre estos; ya que, el supuesto error influiría en la parte dispositiva y no recaería sobre la imposición de la medida socio educativa sino respecto a la ilicitud de la conducta; por lo que, bajo una interpretación literal, teleológica y sistemática del precepto no sería aplicable al caso concreto y no resulta cierta la afirmación del Tribunal de alzada, de que se tratara de un error formal en la imposición de la pena; ya que, en todo caso debió anularse la Sentencia 19/2024 al no estar habilitada la autoridad de segunda instancia a realizar una corrección directa; más aún, cuando los fundamentos del Auto de Vista SFNA 335/2024 contrarían los vertidos en dicha Sentencia.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la doble instancia, al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación y congruencia; así como, a los principios de taxatividad y de jerarquía normativa; citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga; "anular" y dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto y su complementario, debiendo las Vocales ahora accionadas, emitir un nuevo auto de vista de manera fundamentada, motivada y congruente, respetando los parámetros establecidos por la ley e interpretando conforme a las reglas de interpretación que fueron vulneradas y el principio de congruencia, restableciendo los derechos constitucionales vulnerados.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 30 de septiembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 145 a 154, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe de 27 de septiembre de 2024, cursante a fs. 144 y vta.; manifestaron que:
- a)El accionante pretende que la vía constitucional ingrese a valorar prueba o argumentos de fondo, como si fuese una instancia de revisión ordinaria;
- b)Se ratificó en el contenido íntegro del Auto de Vista SFNA 335/2024, donde respondieron de manera clara y concreta todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, sin haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales hoy reclamados por el nombrado; y,
- c)Piden se deniegue la tutela solicitada.
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