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TCP

2404/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 2404/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2404/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 59005-2023-119-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 163/2023 de 20 de octubre, cursante de fs. 96 a 100, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Hugo Caballoti Delgado contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 12 y 18 de octubre de 2023, cursantes de fs. 21 a 39 vta.; y, 42 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de estafa con agravante de víctimas múltiples, estelionato y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 335 y 346 bis del Código Penal (CP), radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, por Sentencia 25/2021 de 27 de agosto, le impuso la pena de diez años de privación de libertad por la comisión del delito de estafa con la agravante de víctimas múltiples; decisión contra la que formuló recurso de apelación restringida que fue resuelta confirmando la referida Sentencia de primera instancia; por lo que, planteó recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; empero, antes de que se resuelva el citado recurso, el 6 de abril de 2023, formuló en vía incidental la excepción de extinción de la acción penal por prescripción ante dicha Sala Penal, instancia que emitió decreto con la misma fecha, determinando no tramitar el incidente con el argumento de que ya se había emitido un auto supremo que resolvió el recurso de casación y por ese motivo la mencionada Sala Penal hubiese perdido competencia para resolver la excepción, ante tal determinación planteó recurso de reposición, que fue resuelto a través del , emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, declarando "CON LUGAR" la reposición y rechazando in limine la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.

En el , los entonces Magistrados ahora accionados realizaron un resumen de los fundamentos fácticos alegados por su persona a tiempo de formular la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, en la que deliberadamente hace ingresar en una confusión; puesto que, en la manera en la que expuso los hechos parecería que existiese una falta de fundamentación, lo que no es así; ya que, fueron claros y precisos; sin embargo, se emitió el , rechazando in limine el incidente que planteó, con argumentos incongruentes, siendo que primero señalan que la excepción debe ser rechazada in limine y no generar ningún trámite; puesto que, no se sabe si se trata de una excepción o un incidente; empero, en líneas posteriores ingresa al análisis de las fechas de cómputo de plazos para la prescripción; además, observa el supuesto hecho de que no se hubiese fundamentado por su persona si se trataría de delitos de tipo penal instantáneo o permanente.

Respecto al primer razonamiento incongruente realizado por los entonces Magistrados hoy accionados, se debe manifestar que, se observa que al interponer su excepción de la acción penal por prescripción, no hubiese definido con qué instituto legal se pretende que se extinga la acción penal, al mencionarse una excepción; empero, también un incidente, con lo que hacen una interpretación y aplicación errónea de los arts. 314 y 315 del Código Procesal Penal (CPP); puesto que, la manera correcta de plantear una excepción es mediante un incidente, como siempre se hizo, así el art. 314 del citado Código, establece con meridiana claridad que durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitaran por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente; en ese sentido, su memorial tiene la siguiente suma "Por los motivos que expone, normas legales que invoca y jurisprudencia que cita, en la vía incidental plantea excepción de prescripción en la acción penal" (sic), al igual que su petitorio; además, alega la doctrina legal aplicable del , el cual establece las reglas generales del instituto de la prescripción; empero, incongruentemente los mencionados Magistrados, realizaron una argumentación sobre la obligatoriedad del incidentista de aportar carga probatoria; no obstante, no establecen si en el caso se cumplió con esta obligación, que es un presupuesto del que debe carecer una excepción para que sea manifiestamente improcedente; por lo tanto, sean rechazados in limine; de lo que se concluye que, los nombrados en la decisión asumida, incurrieron en incongruencia interna y externa.

El segundo razonamiento de los entonces Magistrados hoy accionados, es temerario y por demás incongruente, debido a que al rechazarse in limine la excepción que implica no ingresar al fondo de lo peticionado; empero, hace referencia a un rango de fechas comprendidas entre 2006 y 2012, señalado tentativamente como inicio el 1 de enero de 2013, que indica, no condice con el delito de estafa ni con su agravante, que castiga ese hecho enfocado en varias víctimas, que no necesariamente pueden consignar una fecha común para la comisión del hecho; es decir, que realizó un análisis de las fechas de cómputo de prescripción, alegando que el computo de plazo al tratarse de víctimas múltiples, no son las mismas para todos, aspecto extrañado que fue fundamentado en su memorial de interposición en el punto, "En cuanto al inicio y cómputo de la prescripción..." (sic), donde se señala que dicho inicio se basó en la acusación y en la Sentencia 25/2021, prueba que pone en evidencia que los hechos acontecieron el 2006 hasta finales de 2012, fecha en la que dejó de prestar servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Limitada (Ltda.); es decir, que los antecedentes del caso no establecen fechas ni víctimas exactas con individualización de fechas de la comisión del supuesto delito.

Con relación al tercer razonamiento, solo con la intensión de no concederle un beneficio adquirido, los entonces Magistrados ahora accionados argumentan que no alegó nada respecto a la clasificación del delito que se pretende extinguir, cuando claramente estableció dicho extremo.

Asimismo, existe una fundamentación arbitraria, al haberse realizado una aplicación de control de convencionalidad maliciosa, debido a que se realizó una apreciación específica y una diferencia de los delitos, cuando los entonces Magistrados hoy accionados, manifestaron que: "...no condice ni con el delito de Estafa, entendiendo se tratase de un hecho específico, ni con su agravante, que castiga el mismo hecho enfocado en varias víctimas..." (sic), entendimiento que refiere que la prescripción solo es aplicable para delitos que no tengan víctimas múltiples, cuando el art. 20 del CPP, no establece este presupuesto para no aplicar la prescripción por el transcurso del tiempo; por ello, esta fundamentación es arbitraria al no mencionar en qué norma apoyan su decisión; y, no existe norma procesal que determine un procedimiento especial en casos de prescripción cuando existen víctimas múltiples; por lo que, debieron aplicar el principio in dubio pro reo; es decir, considerar lo más favorable para su persona.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; además, de los principios de legalidad y pro actione; asimismo, de la lectura del memorial de la acción de amparo constitucional se entiende también a la interpretación de la legalidad ordinaria; citando al efecto los arts. 24, 115.II, 117 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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