Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2412/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 81151-2026-163-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-008/2026 de 15 de enero, cursante de fs. 208 a 219 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por NN en representación de su hija menor de edad AA contra Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal Departamental de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memoriales presentados el 1 y 5 de diciembre de 2025, cursantes de fs. 66 a 85 vta.; y, 99 a 100, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de NN en representación de su hija menor de edad AA -accionante-, contra PP -hoy tercero interesado- por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, con agravante, previsto y sancionado por los arts. 318 y 319.1 y 5 del Código Penal (CP); se tiene como antecedente que, por Sentencia de 14 de marzo de 2022, emitido por el Juez Público de Familia Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, se estableció un régimen de visitas en favor del progenitor respecto de la menor de edad AA; empero, ante situaciones de connotación sexual hacia la nombrada, el citado Juez dispuso la interrupción del régimen de visitas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, en ese marco investigativo se emitió imputación formal; sin embargo, la Fiscal de Materia emitió Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, en favor del ahora tercero interesado, sosteniendo esencialmente que no se evidenció corrupción en el desarrollo psico-sexual de la menor, entendiendo que no se configuraron los elementos constitutivos del tipo penal. Notificada con la Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, el 11 de junio de dicho año formuló "recurso de objeción" -recurso de impugnación-, señalando siete agravios centrales:
- a)Errónea concreción del tipo penal al tratarse de un delito de mera actividad y no de resultado;
- b)Insuficiente fundamentación;
- c)Mala valoración probatoria;
- d)Incongruencia interna;
- e)Incumplimiento del deber objetivo de diligencia;
- f)Omisión de enfoque interseccional y perspectiva de género; y,
- g)Vulneración de los principios de seguridad jurídica, de verdad material e interés superior de la niña. En ese marco, dicho medio de impugnación fue conocido y resuelto por el Fiscal Departamental hoy accionado, quien mediante Resolución Jerárquica FDC/O.D.T.R. IS. 274/2025 de 7 de julio, ratificó la Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, lo que dio lugar a la presente acción tutelar. Bajo ese contexto, respecto al agravio expuesto contra la Fiscal de Materia por la "mala" valoración de la prueba consistente en un Disco Compacto (CD) e informes técnicos policiales de extracción y congelamiento de los videos; y, grabaciones que evidencian el régimen de visitas y el accionar del hoy tercero interesado, respecto a la menor de edad AA, el Fiscal Departamental ahora accionado, encubriendo a su inferior, no valoró dicha prueba e incurrió en incongruencia aditiva al introducir argumentos no expuestos en el requerimiento original -como supuesta baja nitidez o falta de continuidad visual- y en incongruencia omisiva al no responder de manera específica a los cuestionamientos formulados. De igual modo, denunció ante el citado Fiscal, la indebida desestimación de la prueba testifical por parte de la Fiscal de Materia, señalando que varios declarantes sí presenciaron directamente los hechos y que su propia declaración como madre no fue considerada. Sin embargo, el Fiscal Departamental hoy accionado reiteró el argumento de la Fiscal de Materia. Respecto de los informes y pericias psicológicas, tanto la Fiscal de Materia, como el Fiscal Departamental ahora accionado, valoraron dichos elementos desde una óptica errónea, buscando constatar la existencia de un daño o corrupción consumada en la menor de edad AA, cuando el tipo penal previsto por el art. 318 del CP es de mera actividad y se consuma con la puesta en peligro del bien jurídico protegido, sin requerir resultado lesivo efectivo. Asimismo, la pericia practicada al ahora tercero interesado, no tenía por objeto determinar la existencia del hecho ni la tipicidad, sino rasgos de personalidad; por lo que, su utilización para descartar el delito implicaría descontextualización y quebrantamiento de las reglas de la sana crítica. Así también, denunció la falta de fundamentación descriptiva, fáctica, intelectiva y jurídica en la Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, afirmando que la Fiscal de Materia, no habría desarrollado una relación clara de hechos probados e improbados ni efectuado subsunción adecuada, limitándose a afirmar insuficiencia probatoria; extremo que, no fue debidamente analizado por Fiscal Departamental hoy accionado, quien se limitó a señalar la existencia de análisis técnico razonado sin desglosar ni responder puntualmente los agravios planteados. En cuanto al agravio central relativo a la errónea concreción del tipo penal, la Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, partió de la premisa de que el delito de corrupción de menores exige acreditar corrupción efectiva en la víctima, cuando doctrinalmente se trataría de un delito formal, que se consuma con la realización de actos objetivamente idóneos para corromper, bastando el peligro. Sin embargo, el Fiscal Departamental ahora accionado, lejos de pronunciarse sobre la correcta interpretación del tipo penal, reiteró criterios vinculados a la insuficiencia probatoria, confundió el análisis de tipicidad con el de valoración de prueba y omitió resolver el agravio jurídico planteado. Además, fue incumplido el enfoque interseccional y perspectiva de género, cuando la edad y condición de la menor de edad AA, implican una situación especial de vulnerabilidad, que exige un análisis reforzado conforme al bloque de constitucionalidad y a instrumentos internacionales, particularmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención Belém Do Pará-; empero, el Fiscal Departamental hoy accionado empleó criterios que relativizaron la gravedad de los hechos por la corta edad de nombrada. Finalmente, invocó la existencia de una Sentencia 46/2025 de 30 de junio, emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, ejecutoriada en la jurisdicción de niñez y adolescencia, que declaró responsable al denunciado por afectación a la esfera sexual de la menor de edad AA, sosteniendo que tal determinación, como expresión de verdad material en sede especializada, no podía ser desconocida en el ámbito penal y que su omisión reforzaba la vulneración a los principios de verdad material e interés superior de la nombrada. I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa en su elemento impugnación; así como, a los principios de legalidad, tipicidad, verdad material e interés superior del niño; citando al efecto los arts. 15.II y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que:
- 1)Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/O.D.T.R. IS. 274/2025 de 7 de julio; y,
- 2)El Fiscal Departamental ahora accionado emita una nueva resolución.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 15 de enero de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 201 a 207, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo; manifestó que:
- i)La Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, no cumplió con los estándares exigidos por la jurisprudencia constitucional ni por el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual señala que un sobreseimiento, por su naturaleza equivalente a una sentencia absolutoria, debe contener fundamentación descriptiva, fáctica, intelectiva y jurídica, identificando de manera clara los hechos probados e improbados, la valoración razonada de los elementos de convicción y la correcta subsunción típica; empero, la Fiscal de Materia se limitó a enunciar antecedentes sin desarrollar una verdadera fundamentación fáctica ni jurídica, incurriendo incluso en incongruencia interna, al citar doctrina que reconoce la innecesariedad de un resultado material de corrupción y simultáneamente, exigir la acreditación de daño concreto para descartar la tipicidad;
- ii)El Fiscal Departamental hoy accionado no respondió de manera específica ese agravio, limitándose a afirmar que la Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, contenía análisis técnico razonado y citas jurisprudenciales, sin verificar si se cumplían los baremos mínimos de fundamentación establecidos por la jurisprudencia constitucional, incurriendo en respuesta superficial, citra petita y extra petita, en contravención del estándar desarrollado por la , respecto a la congruencia en sede recursiva;
- iii)Existe una errónea concreción del tipo penal del art. 318 del CP, debiendo diferenciarse ese reclamo del relativo a la valoración probatoria: en ese orden la Fiscal de Materia y el Fiscal Departamental ahora accionado, partieron de una premisa equivocada al tratar el delito como uno de resultado material, cuando se trataba -de acuerdo con la doctrina- de un delito de mera actividad, que se consuma con la realización de actos de significación sexual aptos para corromper, sin necesidad de acreditar daño efectivo; en tal sentido, el nombrado confundió el análisis de tipicidad con la suficiencia probatoria, respondiendo un agravio con fundamentos propios de otro distinto, lo cual vulneró los derechos al debido proceso y a la impugnación efectiva;
- iv)Respecto al enfoque de género y análisis interseccional, no se solicitó la presunción de culpabilidad ni la supresión del estándar probatorio penal, sino la consideración adecuada de la situación de vulnerabilidad de la menor de edad AA, quien no podía verbalizar lo ocurrido, sosteniendo que la afirmación de que por su edad, no habría podido advertir el contenido sexual de los actos, resultaba incompatible con los estándares de protección reforzada de derechos de la niñez y con el principio de vida libre de violencia; en razón que, el tipo penal sanciona actos que por cualquier medio contribuyan a corromper, aun sin manifestación consciente de la víctima, tornándose en inhumana la conclusión contraria; y,
- v)Deben considerarse los principios tantum devolutum, quantum apellatum; por lo que, el Fiscal Departamental hoy accionado debió referirse estrictamente a los agravios planteados y responderlos de manera puntual; por consiguiente, solicitó a la jurisdicción constitucional realizar un análisis integral del problema jurídico, inclusive más allá de los términos estrictos de la acción de amparo constitucional, en aplicación de la flexibilización reconocida en la , dada la condición de víctima menor de edad y la obligación estatal de garantizar protección reforzada frente a casos de violencia sexual.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe presentado el 14 de enero de 2026, cursante de fs. 105 a 109 vta., manifestó que:
- a)Los hechos denunciados surgieron en el marco de un régimen de visitas, fijado judicialmente en favor del hoy tercero interesado, respecto de su hija menor de edad AA, denunciándose conductas con connotación sexual que motivaron la apertura de la investigación penal y posterior imputación formal; empero, la Fiscal de Materia emitió la Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, al considerar que los elementos colectados resultaban insuficientes para sustentar una acusación formal, decisión que fue confirmada a través de la Resolución Jerárquica FDC/O.D.T.R. IS. 274/2025 de 7 de julio;
- b)En cuanto al agravio relativo a la supuesta falta de fundamentación y respuesta a los agravios de impugnación, la citada Resolución Jerárquica respondió de manera expresa y razonada a cada uno de los puntos cuestionados, explicando las razones por las cuales los elementos probatorios resultaban insuficientes para sostener una acusación; por lo que, se niega la existencia de arbitrariedad o incongruencia;
- c)Respecto a la alegada mala valoración probatoria, de acuerdo a las , , y ; así como, a la , la jurisdicción constitucional no puede ingresar al fondo de la valoración probatoria realizada por la jurisdicción ordinaria, salvo que se evidencie vulneración directa y manifiesta a derechos fundamentales con relevancia constitucional. La parte accionante, no cumplió con la carga argumentativa mínima, de demostrar, de qué manera concreta la supuesta defectuosa valoración se apartó de los márgenes de razonabilidad y cómo ello habría modificado el resultado de la decisión, limitándose a expresar desacuerdo con el criterio fiscal;
- d)Sobre la errónea concreción del tipo penal, si bien la parte accionante sostuvo que el delito previsto por el art. 318 del CP es de mera actividad, la jurisprudencia comparada exige que la acción corruptora deje una huella profunda en el psiquismo de la víctima, torciendo el sentido natural y sano de la sexualidad, de modo que la configuración típica, implicaría constatar un estado de depravación o afectación moral relevante; en tal sentido, la Fiscal de Materia consideró que no se acreditó tal extremo en el caso concreto y que no correspondía formular acusación sin prueba suficiente, más allá de duda razonable, en observancia del principio de presunción de inocencia;
- e)En cuanto al alegado incumplimiento del enfoque interseccional y perspectiva de género, sí se realizó un análisis diferenciado del caso; empero, ello no exime del cumplimiento de los principios rectores del derecho penal, particularmente la necesidad de prueba plena para sustentar una acusación formal;
- f)En lo concerniente a la denuncia de incongruencia omisiva y aditiva, la señalada Resolución Jerárquica observó los estándares de congruencia interna y externa; ya que, conforme a la jurisprudencia -, y -, las autoridades jerárquicas del Ministerio Público, en virtud del principio de unidad, no se encuentran estrictamente limitadas a los agravios expresados por el impugnante, pudiendo examinar integralmente los antecedentes del proceso; sin embargo, en el caso concreto no se omitió pronunciamiento alguno y la decisión guarda coherencia lógica entre sus fundamentos; y, la parte dispositiva; y,
- g)Por último, respecto a la referencia efectuada por la parte accionante, a una sentencia emitida en un proceso de infracción en materia de niñez y adolescencia, dicha decisión judicial no cursaba en antecedentes del proceso penal al momento de emitirse la Resolución Jerárquica FDC/O.D.T.R. IS. 274/2025; por lo que, no fue motivo de valoración, precisando que constituye una decisión en relación a un caso concreto de infracción previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente; y, desde ningún punto de vista genera jurisprudencia vinculante en sede penal. I.2.3. Intervención del tercero interesado
PP a través de su abogado en audiencia, manifestó que:
- 1)La remisión de antecedentes al Ministerio Público por los supuestos hechos ilícitos, realizado por la Jueza de Familia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, no se produjo de oficio por advertencia judicial directa, sino a solicitud expresa de NN la progenitora, mediante memorial de 26 de diciembre de 2023, en el cual se denunciaron inicialmente hechos de supuesta violencia y falta de socorro ante caídas de la menor de edad AA; así también, presuntos actos de sexualización, advertidos tras la visualización de grabaciones de cámaras de seguridad domiciliarias; además que, en cumplimiento de los "...arts. 34 y 155 de la Ley 548..." (sic), la citada Jueza remitió antecedentes por obligación legal, negando que hubiera existido constatación directa de violencia por parte de la señalada Jueza;
- 2)El caso fue inicialmente aperturado bajo la tipología de violencia familiar o doméstica, prevista y sancionada por el art. 272 bis del CP, desarrollándose actos investigativos en los cuales existió negligencia del investigador asignado al caso, al no asegurar oportunamente el secuestro íntegro del equipo "DVR" o disco duro principal de grabación, pese a requerimiento fiscal; extremo que, derivó en la presentación de Discos Compactos (CDs) con fragmentos de corta duración -14, 15, 24 segundos-, -presuntamente- seleccionados a conveniencia de la parte accionante. Así también, el equipo principal fue entregado recién después de más de quince días y sin accesorios completos, dificultando el desdoblamiento técnico integral, conforme consta en el Informe Policial de 30 de abril de 2024; y,
- 3)No existió vulneración al derecho al debido proceso ni mala valoración probatoria; debido a que, la carga de la prueba correspondía a la parte denunciante y al Fiscal de Materia, habiéndose otorgado oportunidad para la entrega íntegra del equipo y accesorios; sin embargo, los Fiscales de Materia, no contaban con medios técnicos propios para efectuar un análisis especializado distinto al practicado por instancias técnicas. Así también, respecto a los informes psicológicos, emitidos por profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estos fueron realizados conforme a los puntos de pericia solicitados, cursando además informe complementario en el cuaderno de investigaciones; en consecuencia, solicitó el "rechazo" de la presente acción tutelar.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-008/2026 de 15 de enero, cursante de fs. 208 a 219 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:
- i)Delimitando la problemática a la presunta vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia omisiva y acceso a la justicia, existen entre otros precedentes la ; así como, jurisprudencia consolidada respecto a la improcedencia de que la jurisdicción constitucional revalorice prueba o sustituya el criterio de las autoridades ordinarias, salvo que se evidencie omisión de valoración o irrazonabilidad manifiesta con incidencia directa en la decisión final;
- ii)Para habilitar la revisión excepcional en materia probatoria, la parte accionante debió identificar concretamente qué prueba no fue valorada o fue valorada al margen de la razonabilidad, explicar de qué manera ello incidió en la decisión adoptada y demostrar que el resultado del proceso hubiese podido ser distinto; estableciendo que, no toda discrepancia con el criterio fiscal constituye vulneración constitucional;
- iii)Efectuado el análisis del caso concreto, se advirtió que la Resolución Jerárquica FDC/O.D.T.R. IS. 274/2025, impugnada desarrolló antecedentes, identificación de agravios, análisis jurídico del tipo penal atribuido y valoración de los elementos probatorios colectados, concluyéndose que estos no generaron convicción suficiente para sustentar la acusación; además, dicho fallo fiscal explicó por qué las declaraciones testificales no constituían prueba directa de los hechos, que las grabaciones no evidenciaban de manera objetiva actos inequívocamente aptos para producir corrupción; así también, los informes técnicos no demostraban afectación psicológica atribuible a conducta penalmente relevante;
- iv)Así también, se evidenció que el Fiscal Departamental ahora accionado, respondió a los siete puntos de agravio planteados en la objeción, desarrollando fundamentos doctrinales y normativos, descartando la emisión anticipada del sobreseimiento; además, el Fiscal de Materia puede disponer dicho requerimiento antes del vencimiento del plazo máximo, si considera insuficientes los elementos de convicción, conforme al art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
- v)Finalmente, no se evidenció incongruencia omisiva ni falta de fundamentación, al advertirse un fallo estructurado y motivado que respondió a los agravios planteados; asimismo, la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para demostrar la relevancia constitucional de la supuesta omisión o valoración defectuosa de prueba.
En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte accionante, solicitó a la Sala Constitucional, que se pronuncie de manera expresa sobre cuatro puntos que habrían sido fundamentados oralmente durante la audiencia.
En mérito a esa solicitud, Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, estableció que la resolución constitucional emitida respondió de manera clara y suficiente a los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso, particularmente en lo relativo a los parámetros que rigen la intervención de la jurisdicción constitucional cuando se cuestiona la valoración probatoria efectuada por el Fiscal de Materia, precisando que su competencia se encontraba delimitada por la jurisprudencia constitucional vigente.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a efectos de emitir la Resolución SC2-CBB-AAC-008/2026, realizó una revisión conjunta del cuaderno de investigaciones del Ministerio Público, en la medida en que los antecedentes relevantes fueron transcritos en la Resolución Jerárquica FDC/O.D.T.R. IS. 274/2025, verificando que los fundamentos, argumentos y motivación desarrollados por el Fiscal Departamental hoy accionado, se encontraban claramente plasmados y estructurados conforme a derecho, habiendo sido contrastados con los agravios formulados en la impugnación.
En ese entendido, la Resolución SC2-CBB-AAC-008/2026 contiene la debida motivación y fundamentación respecto a los puntos cuestionados en la acción tutelar, no advirtiéndose omisión alguna que amerite complementación o enmienda adicional; puesto que, la solicitud presentada no evidencia vacío, ambigüedad ni contradicción que deba ser subsanada, en consecuencia, declaró "NO HABER LUGAR" a la solicitud realizada, manteniéndose incólume la resolución emitida.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
A través del Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con la finalidad de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 227 a 232).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Mediante decreto constitucional de 24 de marzo de 2026, cursante a fs. 236, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 11 de septiembre del citado año, cursante a fs. 247; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Resolución de Sobreseimiento de 28 de mayo de 2025, emitida por la Fiscal de Materia, en favor de PP -ahora tercero interesado-, dentro del proceso penal seguido a denuncia de NN, en representación de la víctima menor de edad AA, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, con agravante (fs. 8 a 14).
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