Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2422/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 57025-2023-115-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 64/2023 de 17 de julio, cursante de fs. 50 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Choque Oruro contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memorial presentado el 13 de julio de 2023, cursante de fs. 23 a 30 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de homicidio-suicidio, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), que a la fecha se encuentra con sentencia condenatoria y apelación restringida; el 10 de abril de 2023 presentó ante el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí solicitud de modificación de medidas cautelares con relación al permiso al trabajo, llegando a desarrollarse la audiencia el 2 de mayo de ese año, en la que presentó contrato de trabajo con reconocimiento de firmas de 15 de marzo de igual año; licencia de funcionamiento de la tienda comercial; Informe Social de 20 de abril del mismo año, evacuado por Celia Doris Mamani Flores, Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal del citado departamento, a solicitud de Requerimiento Fiscal de igual fecha y memoriales de solicitud de requerimientos fiscales.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, negó su solicitud de modificación de medidas cautelares señalando que debía garantizarse los alcances del art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, la aplicación de la ley, manifestando que el proceso se encuentra relacionado a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y que debía garantizarse los derechos de la víctima fallecida. Otro motivo para negar su solicitud fue respecto al contrato de trabajo; puesto que, su vigencia estaría aún en curso y que por ello no debía tomarse en cuenta, pero no se consideró la inexistencia de una cláusula que manifieste que de no presentarse a esa fuente laboral ya no podría trabajar en el lugar, tampoco se tomó en cuenta que fueron varias solicitudes de audiencia de modificación de medidas cautelares antes de que el contrato entre en vigencia, habiendo una serie de inconvenientes para la instalación de la citada audiencia, aspectos no atribuibles a su persona. Otra causa para negarle su solicitud fue que la tienda comercial donde prestaría sus servicios laborales no contaba con Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), no habiendo explicado en absoluto, bajo que normativa se habría sustentado, y menos tomó en cuenta que el NIT es para negocios, empresas y servicios profesionales que se encuentran dentro del régimen de los contribuyentes, y el trabajo donde pretende ingresar pertenece al régimen simplificado; es decir, que "...la tienda comercial no emite facturas empero se (me) exige esta documentación como condición..." (sic).
Asimismo, el Informe Socioeconómico elaborado por la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Potosí, obtenido a través de requerimiento fiscal no fue considerado, en el mismo se indicó que su persona vive en condición precaria, que tiene a su cuidado y dependencia a sus hijos menores de edad, estableciendo que no cuenta con trabajo pero que si existe la necesidad de trabajar; al respecto el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí señaló que el informe social no indicó que su persona tiene que trabajar.
Presentado el recurso de apelación incidental contra el Auto de 2 de mayo de 2023, se señaló audiencia para el 10 de mayo del mismo año, donde se expresó los agravios sufridos, entre ellos la falta de motivación y fundamentación del auto citado; puesto que, en audiencia logró acreditar la existencia de un trabajo lícito y dentro del territorio boliviano, aspecto que no fue valorado por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, en igual sentido el Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, tampoco consideró la documentación presentada, habiendo limitado su fundamentación en aspectos subjetivos; puesto que, los alcances del art. 221 del CPP, si bien refiere que se debe asegurar la aplicación de la ley, eso no quiere decir que no se pueda aplicar principios favorables; ya que, las medidas cautelares son modificables incluso de oficio, lo que no ocurrió pese a que demostró la necesidad laboral.
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