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TCP

2426/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 2426/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2426/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 57574-2023-116-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 88/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 199 vta. a 206 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Javier Jiménez Terrazas, Marco Antonio Miguel López Gonzáles y Luis Fernando Zambrana Vargas en representación legal de la empresa CROWN Limitada (Ltda.) contra Claudia Janneth Méndez Durán, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memoriales presentados el 20 y 25 de julio de 2023, cursantes de fs. 103 a 124 y 132 a 137, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 12 de mayo de 2023, la empresa HORMIBOLIVIA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). -ahora tercera interesada- planteó contra la empresa CROWN Ltda. -parte accionante-, una demanda de "aplicación de medidas preliminares", con el afán de hacer incurrir en error a la Jueza hoy accionada, que actualmente es también titular del proceso ejecutivo, en el que es ejecutante y en el que tiene como pretensión la suma de $us1 206 238,22.- (un millón doscientos seis mil doscientos treinta y ocho 22/100 dólares estadounidenses), "...cuando de la certificación de 28 de abril de 2022 emitida por la Jefa Nacional de Cartera de Cobranza de Crown Ltda. refiere al estado de cuentas que HORMIBOLIVIA S.R.L. mantiene un saldo deudor..." (sic) de $us687 372,02.- (seiscientos ochenta y siete mil trescientos setenta y dos 02/100 dólares estadounidenses).

Ahora bien, en virtud de la demanda de "aplicación de medidas preliminares", se emitió el Auto Interlocutorio 539/23 de 16 de mayo de 2023, por el cual, la Jueza ahora accionada admitió la demanda, ordenando la retención de sus fondos financieros, hasta la suma de $us518 866,02.- (quinientos dieciocho mil ochocientos sesenta y seis 02/100 dólares estadounidenses); y, prohibición de innovar y contratar sobre cuotas de capital, disponiendo a ese efecto, la emisión de oficio a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), quien emitió la "...CARTA CIRCULAR/ASFI/DCF/CC-6701/2023 que ordena a las entidades bancarias procedan a la retención de fondos..." (sic).

El 2 de junio de 2023, la empresa HORMIBOLIVIA hoy tercera interesada "...formaliza demanda ordinaria por pago de daños y perjuicios y enriquecimiento ilegitimo en virtud del cual se emitió el Auto de fecha de 6 de junio de 2023 que dispuso: '...remítase obrados a la Conciliadora Nº 3 (...) al no haber acudido previamente a conciliación...'" (sic); y, el 5 de ese mismo mes y año, presentó incidente de "IMPROPONIBILIDAD DE DEMANDA", que corrido en traslado no mereció ninguna contestación por la empresa HORMIBOLIVIA ahora tercera interesada; posteriormente, la Jueza ahora accionada rechazó el señalado incidente.

Señala también, que la Jueza hoy accionada al emitir el Auto Interlocutorio 539/23, sin exponer causal o argumento suficiente para asumir dicha determinación, originó la vulneración de los derechos constitucionales de la parte accionante, a través de la retención de fondos en cuentas del sistema financiero; además, sin medir la cuantía sujeta a disposición cautelar y sin considerar el plazo para la ordinarización de los procesos ejecutivos previsto por el art. 306.III del Código Procesal Civil (CPC).

Por tanto, siendo evidente que la Jueza ahora accionada no consideró la magnitud de la medida cautelar ordenada, "...ha incurrido en una excesiva y además ha sobrepasado el monto señalado para la retención de fondos que (...) que el hoy tercer interesado (...) solicitó en primera instancia en su demanda de aplicación de medidas cautelares y posterior formalización de demanda ordinaria por pago de daños y perjuicios, la cual amenaza de forma extrema el desarrollo de las normales operaciones de nuestra empresa en el sistema financiero nacional, afecta la liquidez de la sociedad y el cumplimiento del conglomerado de sus obligaciones laborales, tributarias y financieras, situación que de continuar afectaría el cumplimiento de sus obligaciones con otras empresas así como el pago de salarios de los trabajadores los cuales tienen a su cargo a sus familias, dicha situación ha sido consentida, porque a pesar de las múltiples certificaciones de los bancos remitidas a su juzgado en las que se le hacía conocer que las retenciones de fondo de nuestra empresa las cuales sobrepasaban el monto ordenado..." (sic); sin embargo, la mencionada Jueza se limitó a observar el daño irremediable e irreparable que generó su inacción.

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