Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2438/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 52730-2023-106-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 29/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 137 a 138 vta.; y, Auto Complementario de 19 de igual mes de 2022, cursante a fs. 141 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lorena Flores Dávila en representación sin mandato de Juan de Dios Huañapaco Gerónimo contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 119 a 129, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan de Dios Huañapaco Gerónimo -accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el art. 252 bis del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio 143/2018 de 9 de noviembre, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria con escolta policial las veinticuatro horas; no obstante, a que dichas medidas fueron cumplidas rigurosamente, el 14 de octubre de 2022, la parte acusadora particular al amparo del art. 247.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la revocatoria de las mismas, bajo el argumento de que su persona no estaría siendo custodiado conforme a lo dispuesto; sin embargo, no presentó pruebas de lo aseverado.
A pesar de que la solicitud de la revocatoria de las medidas sustitutivas de la detención preventiva fue basada de manera errada en las modificaciones introducidas por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-; ante esa solicitud el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 051/2022 de 26 de octubre, rechazó dicha pretensión en aplicación del principio de favorabilidad; empero, esa decisión fue objeto de recurso de apelación incidental, donde el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 875/2022 de 8 de diciembre, dispuso revocar el Auto Interlocutorio 051/2022 y ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin efectuar ningún tipo de fundamentación legal y actuando de manera ultra petita; además, se aplicaron normas que no corresponden para el presente caso; asimismo, el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, salvo cuando beneficie al imputado, lo cual no ocurrió.
Se debe considerar que el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista 875/2022, se basó en el art. 221 del CPP; no obstante, no identificaron la norma aplicable ni fundamentaron la concurrencia de los riesgos procesales tal como exige la normativa procesal penal; asimismo, como parte de su fundamentación alegaron la existencia de una sentencia condenatoria -Sentencia 001/2020 de 2 de enero- y su confirmación en segunda instancia; no obstante, que dicha Sentencia no se encuentra ejecutoriada debido a la formulación del recurso de casación, contraviniendo el art. 117.I de la CPE, que garantiza la presunción de inocencia hasta contar con una sentencia ejecutoriada. En ese marco, solicitó la complementación y explicación del indicado Auto de Vista, respecto a que se especifique el art. 247.1 de CPP, que le fue aplicado, en cuanto al incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, así como los riesgos procesales que se encontrarían vigentes; sin embargo, obtuvo una respuesta vaga, en la que se afirmó la consideración del art. 221 del citado Código y valorando la indicada Sentencia condenatoria como fundamento para disponer su detención preventiva, incurriendo en una aplicación retroactiva de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, lo cual resulta inconstitucional y vulnera sus derechos, más aun tomando en cuenta que la revocatoria de medidas sustitutivas de la detención preventiva fue solicitada por la parte acusadora y no de oficio y que dicha solicitud no cumplía con los requisitos legales para modificar el régimen cautelar.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y a la presunción de inocencia, así como a los principios de seguridad jurídica, certeza y legalidad; citando al efecto los arts. 23, 115.II, 116.I; y, 117.I de la CPE; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que:
- a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 875/2022 de 8 de diciembre, emitido por el Vocal ahora accionado;
- b)Se ordene la emisión de un nuevo auto de vista debidamente fundamentado, motivado y congruente que se enmarque dentro de los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la revocatoria de medidas cautelares; y,
- c)Se mantenga firme y subsistente el Auto Interlocutorio 051/2022 de 26 de octubre.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 134 a 136, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo; manifestó que:
- 1)La solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas de la detención preventiva fue presentada por la acusación particular, basada en el supuesto incumplimiento de la detención domiciliaria con escoltas y en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, lo cual fue rechazado inicialmente por el Tribunal de primera instancia, al no estar sustentada esa decisión con prueba alguna;
- 2)El Vocal ahora accionado no aplicó correctamente el art. 247 del CPP ni estableció que riesgos procesales justificarían la revocatoria de las medidas sustitutivas de la detención preventiva. Tampoco fundamentó su decisión en los arts. 233, 234 o 235 del mismo Código, como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad. Además, se objetó la aplicación retroactiva de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; ya que, el 2018 -mediante Auto Interlocutorio 143/2018- fue beneficiado con la detención domiciliaria, es decir, antes de la promulgación de dicha norma; y,
- 3)El Auto de Vista 875/2022, carece de motivación, fundamentación y congruencia, al admitir expresamente que no existe prueba del incumplimiento de las medidas sustitutivas de la detención preventiva; sin embargo, las revocó y dispuso su detención preventiva, justificando esa decisión en la existencia de una Sentencia condenatoria que aún no se encontraba ejecutoriada, no obstante que el art. 117."II" de la CPE, prohíbe imponer sanciones penales sin una sentencia firme.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 133 y vta., manifestó que:
- i)El accionante no identificó de manera clara y precisa las causales de activación de la acción de libertad conforme exige la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, omitiendo señalar si la acción tutelar se fundaba en un peligro para la vida, persecución ilegal, procesamiento indebido o privación ilegítima de libertad; por lo que, dicha omisión implica la improcedencia de esta acción de defensa, al no configurarse adecuadamente la causa petendi;
- ii)Se alegó una supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; no obstante, aquello es infundado y genérico; puesto que, no se explicó con precisión en qué consistía la falta de motivación o fundamentación en las resoluciones emitidas, dejando sin sustento jurídico concreto la denuncia de vulneración de derechos; y,
- iii)El proceso penal seguido contra el accionante del cual emerge la presente acción tutelar, ya cuenta con Sentencia condenatoria -001/2020- y el Auto de Vista 45/2022 de 6 de mayo que confirmo la misma, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de la cual es miembro. Bajo ese contexto, señaló que la determinación de revocar las medidas sustitutivas se realizó en ejercicio del análisis de la referida Sentencia y Auto de Vista; además, del principio de objetividad y se fundamentó en el art. 221 del CPP. Concluyó indicando que el Código de Procedimiento Penal, reconoce que la libertad y demás derechos y garantías deben resguardarse conforme a la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales.
I.2.3. Resolución
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 29/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 137 a 138 vta.; y, Auto Complementario de 19 de igual mes de 2022, cursante a fs. 141 y vta.; concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 875/2022 y ordenó la emisión de un nuevo auto de vista conforme al art. 247 del CPP y a los principios constitucionales que rigen el debido proceso; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:
- a)Observó que el Vocal ahora accionado actuó ultra petita, valorando hechos y fundamentos no solicitados por la parte acusadora, como la existencia de una Sentencia Condenatoria -001/2020- no ejecutoriada. Dicha Sentencia no podía constituirse en causal de revocatoria de medidas sustitutivas; ya que, el art. 247 del citado Código -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Ley 1173 de 3 de mayo de 2019)- no contempla ese supuesto como causal de revocatoria;
- b)Se advierte que el Vocal hoy accionado aplicó de manera indebida la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; no obstante, que su promulgación fue posterior a la Sentencia Condenatoria -001/2020- pronunciada contra el accionante, contraviniendo el principio de irretroactividad consagrado por el art. 123 de la CPE. Remarcándose que esa norma no podía ser aplicada retroactivamente al caso, y que su alegación para justificar la detención preventiva del accionante resultó arbitraria; y,
- c)Las actuaciones del referido Vocal vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, además del principio de legalidad.
En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 139 y vta., manifestó que, si bien se concedió la tutela solicitada y se dejó sin efecto el Auto de Vista 875/2022 ordenándose en consecuencia que el Vocal ahora accionado en el plazo de veinticuatro horas emita un nuevo auto de vista; sin embargo, indicó que esa determinación no implica que se debe otorgar la libertad inmediata de su persona; por lo que, se generó una duda en cuanto a que su persona se encuentra con detención domiciliaria con la presencia de dos custodios las veinticuatro horas; ya que, no se emitió el mandamiento de detención preventiva; en ese contexto, pidió a la Jueza de garantías que se aclare y complementen los siguientes puntos:
- 1)Se aclare si el Auto Interlocutorio 051/2022 -resolución primigenia- se encuentra firme y subsistente;
- 2)Considerando la recargada labor de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se otorgue un plazo prudencial para la emisión del nuevo auto de vista; y,
- 3)Se disponga la notificación con la Resolución 29/2022, a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que se encuentra en turno por vacación judicial.
En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, mediante Auto complementario de 19 de diciembre de 2022, cursante a fs. 141 y vta., resolvió que:
- i)Al dejarse sin efecto el Auto de Vista 875/2022, el mismo ya no surte efecto alguno; en consecuencia, por lógica mientras no se emita un nuevo auto de vista que resuelva el recurso de apelación incidental, continúa firme y subsistente el Auto Interlocutorio 051/2022 emitido por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz;
- ii)Ante la evidente carga procesal por la que atravesaba la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; debido a que, en cumplimiento a la Circular "19/2022" emitida por Sala Plena del indicado Tribunal Departamental, ingresó en turno por motivo de vacación judicial, se dio curso a la solicitud de ampliación de plazo ordenando que "...debiendo el accionado emitir una nueva resolución debidamente fundamentada observando lo dispuesto en la resolución constitucional emitida por esta autoridad una vez que se le notifique" (sic); y,
- iii)Se debe considerar que dentro de esta acción de defensa la parte accionada es la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento y no así los jueces de los tribunales de sentencia; sin embargo, se dispuso que se ponga en conocimiento del Tribunal de origen -Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz-, lo determinado por su autoridad a efectos de que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales tutelados mediante esta acción de defensa, en favor del accionante.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
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