Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2446/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 56095-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 46/23 de 12 de mayo de 2023, cursante de fs. 503 a 506, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Alberto Urcullo Cossío representante legal de la Empresa "SERVIPRO GEA" contra Mayra Campos Daza, Gerente de Administración Técnica de Contratos y Evaluaciones E&E a.i.; José Jiménez Vargas, Geofísico de Adquisición I; Vladimir Martínez Ledezma, Geofísico Interprete IV; y, Alejandro Ariel Molina Chuquimia, Jefe de Unidad de Información Geofísica a.i., todos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memoriales presentados el 20 y 28 de abril de 2023, cursantes de fs. 65 a 73; y, 108 a 109, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2 de febrero de 2023, se inició un proceso a través del cual se sancionó a la Asociación Accidental SERVIPRO GEA -parte accionante- con una multa que asciende a Bs4 422 895,40.- (cuatro millones cuatrocientos veintidós mil ochocientos noventa y cinco 40/100 bolivianos), sin que exista una liquidación del monto de la multa, razón por la cual, pidieron dicha liquidación mediante carta presentada el 10 de abril del mismo año, sin que merezca respuesta hasta "la fecha" -se entiende hasta la interposición de la presente acción de defensa-; a pesar de ello, existe el monto de la multa ilegalmente descontada en el primer desembolso; supuestamente por haber incumplido con un cronograma para la entrega del campamento base, como se estableció en el Contrato ULG-SCZ 190/2022 de 13 de octubre, denominado Contrato Administrativo para la Consultoría Adquisición Sísmica y Procesamiento en el Boomerang Norte, Código DRCO-CD-GATC-152-22.
A través de la Nota con Cite: GATC/DEEA-072 CNIH-057/2023 de 7 de febrero, emitida por YPFB, se impuso una multa del 2 por 1000, con base a la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato, con absoluta vulneración del procesamiento de fuerza mayor y/o caso fortuito, Cláusula Vigésima Quinta, incoado por la parte accionante. Mediante Nota con Cite: GATC/DEEA-087 CNIH-074/2023 de 13 de febrero de 2023, notificada el 14 de igual mes y año, vía correo electrónico, YPFB ratificó la sanción establecida en la Nota con Cite: GATC/DEEA-072 CNIH-057/2023, señalando que una vez analizados los argumentos descritos en su nota de referencia, la contraparte ratifica lo señalado en la Nota de 7 de igual mes y año.
Por carta GATC-DEEA-108 CNIH-085/2022 de 27 de febrero, YPFB pretende consolidar la multa, con base a un cronograma ilegal, que no guarda relación con el plazo de treinta días del cronograma que es parte integrante del contrato; además que se estableció que la multa corresponde a doce días de atraso, comunicado la finalización del periodo de atraso y la correspondiente multa iniciada según lo detallado mediante Nota con Cite: GATC/DEEA-072 CNIH-057/2023, computando un total de doce días de atraso, hasta la habilitación del campamento base.
Finalmente, el 25 de marzo de 2023, YPFB ejecutó la sanción impuesta en ocasión de depositar el primer desembolso en la cuenta bancaria de "SERVIPO CONSULTING S.R.L." que utiliza la asociación accidental SERVIPRO GEA, a pesar de que existe un proceso administrativo en marcha, sin que exista una resolución final, con calidad de cosa juzgada; depositándose Bs5 789 609,70.- (cinco millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos nueve 70/100 bolivianos), cuando el monto que debió ser depositado por YPFB en ese primer depósito era la suma de Bs10 212 505,10.- (diez millones doscientos doce mil quinientos cinco 10/100 bolivianos) para llevar a cabo la ejecución del presupuesto del contrato; dejándose de pagar a la parte accionante el monto de Bs4 422 895,40.- o sea el 43% del monto que se debió pagar.
Para realizar el cobro de ese primer desembolso, la parte accionante emitió factura por el monto total del pago, es decir, por Bs10 212 505,10 el 22 de febrero de 2023, oportunidad en la que YPFB había decidido pagar solamente Bs5 789 609,70.- descontando de manera ilegal y arbitraria la multa, sin que exista aun cosa juzgada al respecto, lo que significa que los funcionarios responsables de YPFB actuaron "a sabiendas", ocasionando así que la parte accionante pagara en marzo de igual año impuestos en exceso por el monto de Bs707 663,26.- (setecientos siete mil seiscientos sesenta y tres 26/100 bolivianos), vale decir, el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el monto en exceso de Bs4 422 895,40.- es Bs574 976,4.- (quinientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y seis 40/100 bolivianos) y el 3% del Impuesto a las Transacciones (IT) es de Bs132 686,86.- (ciento treinta y dos mil seiscientos ochenta y seis 86/100 bolivianos) lo que en total el pago en exceso asciende a Bs707 663,26.-; debiéndose considerar que si interponen la acción de repetición del impuesto pagado en exceso, dicha repetición -de darse- se ejecutará en un plazo dilatado, y no de inmediato, lo que le causa un daño irreparable durante la ejecución del proyecto.
En ese sentido, la parte accionante fue objeto de daños y perjuicios por el monto de Bs4 422 895,40.-, monto que no fue pagado de la factura de Bs10 212 505,10.-; por otro lado, YPFB le causó el daño adicional por el pago de impuestos en exceso por Bs707 663,26.-; por lo que, los daños y perjuicios asciende en total a Bs5 130 558,66.- (cinco millones ciento treinta mil quinientos cincuenta y ocho 66/100 bolivianos), un equivalente al 50% del primer desembolso.
Además de la ilegalidad de ejecutar una multa sin resolución firme, surgen las cuestiones de índole financiera y económica; por cuanto, YPFB consideró que la parte accionante puede realizar las acciones emergentes del contrato sin el 50 % del dinero destinado a cubrir los costos de esa fase; con ese daño al contrato, la ejecución del mismo queda en la incógnita.
Frente a esa arbitrariedad, la parte accionante inició un proceso administrativo, a través de un recurso de revocatorio el 2 de marzo de 2023, el cual fue desestimado por supuesta incompetencia mediante la Nota con Cite: GATC/DEEA-144 CNIH-111/2023 de 14 de marzo, la que a su vez fue impugnada por recurso jerárquico, interpuesto el 28 de marzo de 2023, el cual aún no fue resuelto, y en el caso de que el fallo del recurso jerárquico no se dicte en el marco de la legalidad, la parte accionante asumirá defensa incoando en su momento el proceso que corresponda.
Se ejecutó la multa de manera ilegal, con el depósito en la cuenta corriente 2000174125 del Banco Nacional de Bolivia, el 24 de marzo de 2023, sin que exista un fallo definitivo en calidad de cosa juzgada, atentándose contra la exploración de gas en el marco del contrato ULG-SCZ 190/2022, es decir, contra los propios intereses de YPFB y por ende contra los intereses del Estado.
A través de Nota con Cite: GATC/DEEA-144 CNIH-111/2023, que resolvió el recurso de revocatoria, se indicó que la Ley del Procedimiento Coactivo, es inaplicable, correspondiendo el proceso contencioso, al no haberse previsto en el contrato el medio o vía del que podría hacer uso esa empresa consultora ante una controversia; vía que estaría aún abierta; ya que, se tiene el plazo de la prescripción para incoar el proceso que YPFB afirma que corresponde; por lo que, ante el recurso jerárquico planteado y mientras no se agote la vía del contencioso, no corresponde que se dé como concluido un proceso de impugnación.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
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