Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2450/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 79801-2025-160-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución AAC 233/2025-SCII de 3 de diciembre, cursante de fs. 537 a 540, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristina Padilla Gonzales y Nicolás Vilamani Condori contra Roció Vásquez Noza, Magistrada y Víctor Hugo Claure Hinojoza, ex Magistrado ambos de la Sala Primera Especializada del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes, por memorial presentado el 24 de noviembre de 2025, cursante de fs. 478 a 487 vta. manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 1 de julio de 2024, adjuntaron el Título Ejecutorial PPD-NAL 022870 de 7 de julio de 2011, el Testimonio de Escritura Pública 71/2024 de 26 de marzo, emitido por Notario de Fe Pública Primero de Villa Serrano del departamento de Chuquisaca, de compraventa del bien inmueble, parcela 076, ubicada en la comunidad de Waca Wasi del municipio de Villa Serrano, provincia Belisario Boeto del referido departamento, con una superficie de 3.415 ha y registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 1.08.1.05.0000979; además, del "certificado catastral" y demás documentación, acreditaron su derecho propietario sobre el referido bien inmueble. Por lo que, plantearon demanda de desalojo por presunto avasallamiento contra Segundina Daza Maldonado de Benavides y René Benavides Ochoa -ahora terceros interesados-; y, Epifanio Padilla Ríos; ya que, el 5 de octubre de 2023, los nombrados avasallaron dicho bien inmueble, alambrando sin su consentimiento, realizando siembras, efectuando tala de árboles maderables y colocando un portón con candado; es decir, su ocupación fue mediante actos de violencia y amenazas. Asimismo, los hoy terceros interesados, aprovecharon su condición de miembros de la directiva de la citada comunidad e indicaron que no devolverían ese bien inmueble y a pesar que el "juez en conciliación" dispuso como medida cautelar la prohibición de realizar trabajos agrícolas, los nombrados incumplieron indicada determinación, reingresaron al mencionado bien inmueble y continuaron con su ocupación por la fuerza. Es así que, el 18 de julio de 2022, los ahora terceros interesados, respondieron negativamente a la demanda de desalojo por avasallamiento en su contra, alegando ser poseedores legales del bien inmueble, parcela 076, ubicada en la comunidad Waca Wasi del municipio de Villa Serrano, provincia Belisario Boeto del departamento de Chuquisaca. En consecuencia, mediante la Sentencia Agroambiental 006/2024 de 11 de octubre, emitida por el Juez Agroambiental de Padilla del referido departamento, declaró improbada la citada demanda; puesto que, consideró que no concurría el segundo presupuesto para su procedencia, relacionado a la certidumbre de la ocupación, ejecución de trabajos o mejoras realizadas por los hoy terceros interesados como actos o medidas de hecho. Contra dicha Sentencia, mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2024, ante el señalado Juez, plantearon recurso de casación en la forma y en el fondo; por lo que, la y el entonces Magistrados ahora accionados, emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 64/2025 de 27 de mayo, declarando infundado el mencionado recurso y manteniendo incólume la indicada Sentencia. Al respecto, sostienen que dicha determinación incurrió en los siguientes actos arbitrarios:
- a)No realizaron una adecuada valoración de todos los antecedentes, en el marco de los principios de verdad material y ama llulla;
- b)Omitieron efectuar el control de oficio respecto a las actuaciones inferiores;
- c)No dieron primacía a la verdad material frente a la verdad aparente, al considerar un supuesto título ejecutorial que a su criterio, fue anulado por el Decreto Supremo (DS) 05288 de 4 de marzo de 2011;
- d)Incumplieron los deberes de congruencia, fundamentación y motivación;
- e)Validaron la emisión de Sentencia Agroambiental 006/2024, contrario al orden justo y a la igualdad; y,
- f)No realizaron una debida fundamentación y motivación conforme a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, dichas irregularidades provocaron una afectación a su derecho propietario, dejándolos en estado de indefensión y permitiendo la impunidad de los presuntos avasalladores -hoy terceros interesados-.
Además, en la emisión del Auto Agroambiental Plurinacional S1a 64/2025, la y el entonces Magistrados ahora accionados, incurrieron en una serie de actos arbitrarios y omisivos, que vulneraron los siguientes derechos:
- 1)Al debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación, motivación y congruencia. Alegando que, vulneraron la congruencia externa vinculada con la debida fundamentación, motivación y a la defensa, por cuanto no se pronunciaron a cada uno de los reclamos realizados en el primer motivo del recurso de casación en el fondo. Por lo que, no se pronunciaron sobre el reclamo de la indebida valoración del acta de inspección, el supuesto "título ejecutorial" en que se ampararon los hoy terceros interesados, fue anulado mediante la Resolución Suprema (RS) 05288 de 4 de marzo de 2011; además, el "...Libro de actas de certificación sobre la legalidad de la antigüedad de posesión de los afiliados, informe técnico de análisis multitemporal..." (sic), quedaron imprejuzgadas y sin respuesta vinculadas al error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas. No se pronunciaron sobre la denuncia de que el ahora tercero interesado; ya que, fue partícipe del proceso de saneamiento del bien inmueble, parcela 076, ubicada en la comunidad Waca Wasi del municipio de Villa Serrano, provincia Belisario Boeto del departamento de Chuquisaca, en calidad de Secretario de Actas del Comité del Saneamiento de la indicada comunidad, quien no reclamó nada cuando se realizó dicho saneamiento, que concluyó con la titulación en favor de Miguel Vedia Orellana, quien cumplía la función social bajo los principios de verdad material y ama llulla; por lo cual, no podría ser desconocido, no siendo cierto que los hoy terceros interesados se encontraban en posesión por más de cuarenta y cinco años. En ese sentido, la y el entonces Magistrados ahora accionados resolvieron el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 64/2025, en base a una verdad aparente; ya que, de ser cierto que se encontraban en posesión por el tiempo señalado, con seguridad que al momento de realizarse el saneamiento, el hoy tercero interesado, en calidad de autoridad del saneamiento hubiese reclamado o hecho constar su oposición, por el contrario dio por bien hecho a quien poseía y cumplía la función social de Miguel Vedia Orellana; por lo que, al momento en que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), levantó la ficha catastral, el terreno estaba en posesión de su vendedor. La verdad aparente se encuentra corroborada por el "Informe Técnico de Análisis Multitemporal", que desvirtúa la supuesta posesión de los ahora terceros interesados, desde hace cuarenta y cinco años, porque en dicho Informe se establece que recién desde el 2013, se evidencia actividad agrícola y después de ocho años, el 2021 y 2023, aparecieron después del proceso de saneamiento, el cual es una verdad material; por lo que, evidencia que avasallaron su propiedad después del saneamiento y que ese aspecto no fue valorado;
- 2)También se vulneró la congruencia externa, al no pronunciarse a cada una de las cuestiones planteadas en los cuatro motivos del recurso de casación en la forma, los cuales estaban fundados en:
- i)Vulneración del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 83, 84 y 85 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable por supletoriedad establecida por el art. 78 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-;
- ii)Vulneraron el principio de congruencia interna y externa como elementos del debido proceso;
- iii)Realizaron una incorrecta apreciación en la identificación de la causa jurídica por la Sentencia Agroambiental 006/2024; y,
- iv)Lesionaron el derecho al debido proceso en cuanto al iter procesal, en la que denunciaron el "yerro" cometido por el Juez Agroambiental de Padilla del departamento de Chuquisaca, a tiempo de emitir la citada Sentencia. Sin embargo, la y el entonces Magistrados hoy accionados, se limitaron a realizar alegaciones generales sobre el "informe técnico" de un servidor público de apoyo, omitiendo pronunciarse de manera particularizada sobre cada uno de los motivos de casación conforme la ; y,
- 3)El Auto Agroambiental Plurinacional S1a 64/2025, también afectó el derecho al debido proceso a tiempo de resolver los motivos de casación en la forma y en el fondo con una insuficiente fundamentación y carente de una motivación en sujeción a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; puesto que, con relación al segundo requisito para demandar avasallamiento, indicaron que se identificó de acuerdo a las pruebas adjuntadas, la ocupación del bien inmueble, parcela 076, ubicada en la comunidad Waca Wasi del municipio de Villa Serrano, provincia Belisario Boeto del indicado departamento, por los ahora terceros interesados en la que el mencionado Juez, identificó una causa jurídica de esa posesión, al haber demostrado los nombrados tener antecedentes emitidos por el entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria y que estarían en esa parcela, por más de cuarenta y cinco años, demostrándose así que no hubo avasallamiento, menos habrían invadido su posesión, por el contrario siempre permanecieron en el predio sembrando productos agrícolas sin que hubiesen ingresado después de que sus personas adquirieron el predio de Miguel Vedia Orellana; por lo cual, evidencia que la y el entonces Magistrados hoy accionados, omitieron fundamentar y motivar conforme la verdad material y bloque de constitucionalidad sino en una verdad aparente al indicar que la ocupación del predio se debió a causa jurídica, incurriendo de ese modo en motivación arbitraria; puesto que, los ahora terceros interesados, no tomaron en cuenta que el "supuesto título ejecutorial" fue anulado por la RS 05288; por lo que, la misma no podía fundar una sentencia. En ese sentido un título anulado fue valorado por el juez de grado y consentido por los citados Magistrados; además, que la posesión de cuarenta y cinco años, fue desvirtuada por el "Informe Técnico de Análisis Multitemporal", señalando que recién desde el 2013, se evidencia actividad antrópica y agrícola; es más después de ocho años; es decir, el 2021 y 2023, aparecieron después del proceso de saneamiento; en consecuencia, es una verdad material que demuestra que los ahora terceros interesados, ingresaron y avasallaron su propiedad. El otro acto arbitrario sería que los nombrados, no se pronunciaron sobre los motivos del recurso de casación, no aplicaron ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni las normas del bloque de constitucionalidad, incumpliendo las SCP "100/2013", la y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II de la CPE; y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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