Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2454/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 58141-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 23 de 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pablo Esteban Moro Salvatierra en representación sin mandato de Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig contra Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 1 a 6 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los hechos que dieron origen al proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Betty Vanessa Bravo Ortiz -denunciante- contra Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se produjeron el 17 de marzo de 2023, cuando realizó un viaje familiar a Miami, Estados Unidos de Norte América, junto a su entonces esposa denunciante y sus dos hijos menores de edad. El 21 del mimo mes y año, mientras se encontraban en un hotel de dicha ciudad y cuando se disponían a retornar a Bolivia, se produjo una discusión doméstica entre ambos, motivo por el cual intervino la policía de la mencionada ciudad, que procedió a arrestarlo y posteriormente lo pusieron a disposición de una Jueza del Estado de Florida de dicho país, esa autoridad dispuso el pago de una sanción económica que le permitió defenderse en libertad hasta la celebración del juicio correspondiente.
Mientras permanecía sometido al proceso instaurado en los Estados Unidos de Norte América, la denunciante retornó a Bolivia el 21 de marzo de 2023 y al día siguiente, se apersonó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para formalizar una denuncia verbal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, registrada en el municipio de La Guardia del departamento de Santa Cruz. Tanto en el acta de denuncia como en la declaración informativa policial prestada en la misma fecha, la denunciante relató hechos que habrían ocurrido en el hotel donde se encontraban hospedados en Miami de los Estados Unidos de Norte América, indicando que las supuestas agresiones psicológicas se produjeron mientras se encontraban en el piso dieciocho del hotel, circunstancias que, según sostuvo, correspondían a hechos ocurridos fuera del territorio boliviano y que ya eran objeto de investigación en los Estados Unidos de Norte América. A pesar de dicha situación, su persona se sometió al proceso seguido en Bolivia, habiéndose apersonado ante el Ministerio Público el 29 de marzo de 2023, mediante memorial, en el que explicó su situación jurídica y migratoria en el referido país y la imposibilidad momentánea de retornar al país debido al proceso penal que enfrentaba en ese Estado. Indicó que posteriormente, el 31 de ese mes y año, solicitó que se señale día y hora para prestar su declaración informativa de manera virtual, adjuntando copia de su pasaporte que evidenciaba su salida de Bolivia y la inexistencia de registro de retorno, así como documentación destinada a demostrar la inexistencia de riesgos procesales; añadió que, el 4 de abril de ese año, reiteró dicha solicitud mediante nuevo memorial, insistiendo en la recepción de su declaración virtual y acompañando nuevamente documentación relativa a su situación migratoria y arraigo.
Sin embargo, a pesar de las solicitudes presentadas y a la manifestación expresa de su sometimiento al proceso, la Fiscal de Materia emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión de 27 de marzo de 2023, la cual carecía de una fundamentación adecuada; puesto que, se limitó a transcribir la denuncia, la declaración informativa policial y los informes psicológicos preliminares, sin realizar una valoración concreta de los antecedentes ni explicar la concurrencia de los presupuestos que justificarían la emisión del referido mandamiento de aprehensión. Asimismo, esa Resolución Fiscal de Aprehensión sostuvo que carecía de domicilio, trabajo y familia; extremos que fueron desvirtuados mediante la documentación presentada, entre ellas certificados de trabajo, documentación empresarial relativa a su participación en Poplar Capital Sociedad Anónima (S.A.), Multiactiva Agrícola y Ganadera El Remanzo Limitada (Ltda.) y Estancias Guimar S.A., certificados tributarios y registros comerciales, así como certificado alodial del bien inmueble ubicado en el campamento La Bélgica, en el municipio de Colpa-Bélgica, donde desempeñaba sus actividades laborales y habitaba cuando se encontraba en el país de Bolivia. Así también, acreditó su arraigo familiar mediante los certificados de nacimiento de sus hijos, además de una certificación de antecedentes que evidenciaba que no contaba con registros penales ni procesales. También presentó documentación que acreditaba su domicilio en Bolivia, acompañando certificado alodial actualizado del bien inmueble, fotografías georreferenciales y un acta de verificación notariada, además de pasajes y su pasaporte que demostraban el viaje realizado, indicando que su presencia en los Estados Unidos de Norte América fue anterior al inicio del proceso penal y se encontraba vinculada al incidente ocurrido durante el viaje familiar; por lo que, sostuvo que no permaneció oculto ni abandonó el país de Bolivia después de la denuncia, reiterando que incluso solicitó prestar su declaración informativa de manera virtual y presentó documentación destinada a demostrar la inexistencia de riesgos procesales. El 22 de marzo de 2023, se dispusieron medidas de protección en favor de la denunciante, entre ellas la prohibición de ingresar al domicilio conyugal, acercarse o comunicarse con la misma, realizar actos de intimidación o amenazas, así como la obligación de asistir a terapia psicológica, medidas que fueron puestas en conocimiento del Juez de primera instancia para su homologación.
Formuló incidente de nulidad contra la Resolución Fiscal de Aprehensión de 27 de marzo de 2023; sin embargo, Auto Interlocutorio 237/2023 de 23 de mayo, que resolvió dicho incidente rechazó la solicitud sin pronunciarse de manera concreta sobre los agravios planteados ni valoró la documentación presentada para desvirtuar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales; tampoco se pronunció de manera clara sobre el hecho de que los mismos acontecimientos estaban siendo investigados en Estados Unidos de Norte América.
Los Vocales ahora accionados, mediante Auto de Vista 169/2023 de 22 de junio, declararon improcedente su recurso de apelación incidental, señalando que su presencia era necesaria para la investigación y que existían riesgos de fuga y obstaculización, sin considerar que se encontraba sometido a un proceso penal en Estados Unidos de Norte América y que había manifestado reiteradamente su voluntad de presentarse ante las autoridades bolivianas cuando las circunstancias se lo permitieran.
Finalmente los Vocales hoy accionados pronunciaron el Auto de Vista 207/2023 de 25 de agosto y declararon fundada la excepción de incompetencia en razón del territorio, mediante el cual se determinó que el Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia del departamento de Santa Cruz, era incompetente para conocer los hechos investigados por haberse producido en el exterior, estableciendo que sólo podría conocer hechos distintos a aquellos investigados en Estados Unidos de Norte América, a pesar de que la "Resolución Fiscal" no delimitó con claridad la existencia de otros hechos diferentes.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal y a la defensa; citando al efecto los arts. 23.I., 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
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