Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2456/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 58918-2023-118-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 203/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 243 a 246, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Alfonso Roca Simón, Francisco Cambero Villarroel, Edgar Revilla Viveros, Mario Alberto Patiño Millán y Ángela Olga Gutiérrez Valverde contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, ex Vocal de la Sala Penal Segunda y Fanny Coaquira Rodríguez, ex Vocal de la Sala Civil Primera, Zacarías Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal Segundo, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes por memoriales presentados el 24 de enero y 19 de junio de 2023, cursantes de fs. 141 a 174; y, 183 a 184 vta., manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Consejo Nacional de Vivienda (COVIPOL), el Comando General de la Policía Boliviana y el entonces Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción contra sus personas, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP) y otros, hizo conocer el inicio de la investigación el 27 de julio de 2010, al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, signado con el IANUS 201039808. El Comando General de la Policía Boliviana y el COVIPOL, el 4 de noviembre de ese año, presentaron querella criminal contra sus personas por iguales delitos, por supuestos desembolsos irregulares para el financiamiento de compra de viviendas en la "Urbanización Franco Valle" en la ciudad de El Alto del referido departamento, para los miembros activos de la Policía Boliviana, señalando que se hubiese obrado sin cumplir con la documentación legal ni técnica para realizar la oferta de la venta de los departamentos, situaciones en las que supuestamente estarían involucrados Edgar Revilla Viveros, ex Director Ejecutivo de COVIPOL y Mario Alberto Patiño Millán, representante legal de la Compañía de Construcciones Civiles "Patiño y Patiño"; además, que en los hechos hubiesen participado Jorge Alfonso Roca Simón, ex Director Administrativo Financiero y Francisco Cabero Villarroel, ex Director Ejecutivo ambos de COVIPOL -accionantes-; habiéndose desarrollado la etapa preparatoria sin observar los plazos de duración máxima establecidos en el Código de Procedimiento Penal, arrastrando el defecto inconvalidable de falta de concreción de hechos; se solicitó al Juez a cargo del control jurisdiccional, conminar al Ministerio Público para que presente los actos conclusivos de la etapa preparatoria; por lo que, el 8 de enero de 2013, se emitió dicha conminatoria al Fiscal Departamental de La Paz.
En ese sentido, el 15 de enero de 2013, el Ministerio Público presentó acusación formal contra sus personas, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros; de igual manera, el 12 de marzo de ese año, COVIPOL presentó acusación particular y el 7 de ese mes y año, el Comando General de la Policía Boliviana se adhirió a la mencionada acusación formal; momento procesal en el que se encontraba vigente la audiencia conclusiva para control de la acusación, según modificaciones expresas de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, ello en franca vulneración de sus derechos y garantías; puesto que, establecía la etapa intermedia.
En audiencia conclusiva instalada el 20 de agosto de 2019, se interpusieron excepciones e incidentes, conforme al art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, bajo los siguientes argumentos:
- a)La acusación formal por defectos de fondo y forma, requiriendo su corrección al no haberse subsumido los tipos penales a los hechos objeto de la atribución delictiva, vulnerándose el principio de legalidad y favorabilidad; ya que, los delitos calificados tampoco estaban vigentes en el momento del relato de los hechos, haciendo constar que la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" recién entró en vigencia el 31 de marzo de 2010, cuando los hechos por los que infundadamente se pretende su juzgamiento, "...en el relato impreciso de los acusadores habrían ocurrido desde el 2008; supuestamente con la firma de un contrato de 20 de noviembre de 2020 que tenía una vigencia hasta el 20 de febrero de 2010; y que por ese excedente de tiempo transcurrido, se tenía que aplicar un día de multa por cada retraso" (sic); en ese sentido, la acusación afecta al principio de legalidad, siendo contraria a lo establecido en la ; puesto que, se debe aplicar la norma penal vigente en el momento de cometer el acto;
- b)Excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y extinción de la acción penal por prescripción, demostrando que el acto inicial que activa el cómputo del plazo de duración máxima fue el 27 de julio de 2010, a denuncia del entonces Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, señalando el vencimiento superabundante de plazos legales para el verificativo de la sub etapa de investigación preliminar, al haber transcurrido un año y cuatro días; puesto que, la notificación con la primera imputación formal contra Edgar Revilla Viveros -accionante-, data del 1 de agosto de 2011; es decir, sobrepasa el plazo máximo de investigación preliminar vigente en la Ley aplicable en ese momento; lo mismo ocurrió con la acusación fiscal, la cual fue remitida a sede judicial el 15 de enero de 2013, mora procesal arbitraria e indebida de un año, cinco meses y catorce días, situación que fue debidamente argumentada y probada por la defensa y que debió ser evidenciada por las autoridades ahora accionadas, habiendo durado la etapa preparatoria dos años, dieciocho meses y cinco días, extremo sobre el que no se pronuncian de modo coherente, clara, lógica, completa ni congruente las entonces Vocales ahora accionadas; puntualizando las fechas y las fojas exactas donde se advertían los motivos por los cuales se suspendieron las audiencias conclusivas señaladas por la autoridad jurisdiccional, pese a lo establecido en las y , en el sentido de que "...No es su obligación reproducir las piezas procesales, dado que las mismas se encuentran en poder del Tribunal..." (sic); procediendo con esa carga a efectos de que el juzgador tenga mayores elementos de convicción para emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada; debido a que, desde el acto inicial del proceso que data el 27 de julio de 2010, hasta la emisión de la Resolución 449 "A"/2019 de 20 de agosto, por el Juez ahora coaccionado, trascurrieron nueve años, un mes y siete días;
- c)En cuanto a la extinción de la acción penal por prescripción, prevista por el art. 308.4 con relación al art. 27.8 del CPP, respecto al accionante en su calidad de Director Ejecutivo de COVIPOL en 2008, año en el que se hubiesen producido las supuestas comisiones de los delitos acusados por la suscripción de un contrato de 20 de noviembre de ese año, con una duración de quince meses; es decir, hasta el 20 de febrero de 2010; con relación a Jorge Alfonso Roca Simón -coaccionante-, quien habría incumplido funciones como Director Administrativo y Financiero de COVIPOL hasta 2009; Francisco Cambero Villarroel -coaccionante-, entonces Director Ejecutivo de COVIPOL, a pesar de que el delito de uso indebido de influencias es mayor a los demás, también prescribió; por lo que, los delitos por los que se les acusa son de carácter instantáneo y el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la ley únicamente es para lo venidero, criterio asumido por la , estableciendo que la aplicación retroactiva de la ley únicamente es para la ley adjetiva; y,
- d)Incidente de actividad procesal defectuosa; ya que, si bien se emitió acusación fiscal contra el Jorge Alfonso Roca Simón -coaccionante-, nunca se le notificó con la imputación formal de 13 de abril de 2011, momento en el que guardaba detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, desde 2010 hasta 2016; por lo tanto, para el nombrado nunca se inició la etapa preparatoria al no habérsele notificado de manera personal, conforme al art. 160 del CPP.
Al respecto, el Juez hoy coaccionado declaró infundadas las excepciones planteadas, sin fundamento debido; por cuanto, interpuso recurso de apelación incidental, postulando los siguientes agravios:
- 1)Al formularse la acusación no se cumplió con lo dispuesto por el art. 341 del CPP, en cuanto a su contenido, debiendo expresar la relación precisa y circunstanciada del hecho, la fundamentación de la acusación con la expresión de los elementos de prueba que la motivan y los preceptos jurídicos aplicables; además, del ofrecimiento de la prueba con el señalamiento general de su pertinencia y utilidad, sin que exista una relación precisa y circunstanciada del hecho respecto a Jorge Alfonso Roca Simón, Francisco Cambero Villarroel y Edgar Revilla Riveros -coaccionantes-; por lo que, carece de fundamentación, reclamando en audiencia conclusiva sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", citando la , en base a los principios de legalidad, taxatividad, tipicidad y favorabilidad, extremos que no se ingresaron a analizar en el fondo, obviando pronunciar un fallo sobre lo peticionado en función a los elementos formales y el contenido de los arts. 325, 329 y 341 del CPP, confundiendo hechos con delitos y calificaciones jurídicas;
- 2)En cuanto a la extinción de la acción penal por prescripción se planteó que el y el art. 112 de la CPE, establecen que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado o causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, pese a que la , refiere que aún para los delitos de corrupción debe apegarse a la Constitución Política del Estado, haciendo una incorrecta ponderación sin tomar en cuenta el bloque de constitucionalidad y menos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica en sus arts. "8 numeral 2 inc. b" y 9, que establecen los principios de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser juzgado penalmente, menos condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho aplicable, tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, si con posterioridad a la comisión del delito la Ley dispone la imposición de una pena más leve. Las entonces Vocales hoy accionadas no tomaron en cuenta que la prescripción es una sanción al Estado de ejercer el poder punitivo de persecución al justificable de manera oportuna; es decir, castiga la negligencia, falta de interés o dejadez del Estado, la falta de diligencia debida en la promoción de la acción penal solo debe ser exigible al Ministerio Público, no a los imputados como los nombrados señalaron, quienes no se pronunciaron ni tomaron en cuenta que el Ministerio Público cuenta con toda una estructura personal, financiera y logística capaz de ser persecutor de la acción penal, lo que tiene relación con el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable ligado al debido proceso y a la defensa; alegando también que la ley es retroactiva únicamente cuanto beneficie a los imputados y no en sentido inverso como arguyen los accionados;
- 3)Respecto al rechazo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, planteada conforme al art. 325 inc. b) de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, no se atendió el planteamiento de forma concreta, existiendo incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva; ya que, el Juez ahora coaccionado señaló que para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción respecto a los supuestos ilícitos denunciados, se debe considerar que la Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", es posterior a los hechos, basando su fundamento en el art. 308.4 con relación a los arts. 27.10, 130 y 133 del CPP; así como, en el art. 180 de la CPE, estableciendo una mora de casi diez años, sin contar vacaciones y descontando días inhábiles, quedando una mora procesal atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, ante la suspensión de audiencia conclusivas por falta de notificaciones al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y en otras por parte del representante del Ministerio Público, lo que no fue mencionado en la Resolución de audiencia conclusiva; y,
- 4)Tampoco se resolvieron todas las cuestiones planteadas en su impugnación.
En ese sentido, se emitió la Resolución -Auto de Vista- 231/2022 de 12 de agosto, sin fundamentación, motivación y congruencia, señalando lo siguiente:
- i)En cuanto al incidente de actividad procesal defectuosa por falta de notificación con la resolución de imputación formal, sin entrar en el fondo, repitió los argumentos deficientes del Juez hoy coaccionado, en cuanto a la notificación a Jorge Alfonso Roca Simón -coaccionante-, citando a la , indicando que los sujetos procesales tienen el deber de realizar el seguimiento al proceso, debiendo ser activos y apersonarse al proceso;
- ii)Con relación a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, las entonces Vocales ahora accionadas refirieron que la parte excepcionista únicamente se limitó a señalar el número de audiencias conclusivas suspendidas por una y otra razón desde 2013 y que el citado Juez hubiese señalado la complejidad del caso, mientras que otros puntos de importancia y relevancia no fueron probados por los excepcionistas y que por esa razón se declaró infundada; ya que, el mencionado Juez observó la conducta de los imputados que obedeció a un cúmulo de factores que fueron advertidos por dicha autoridad, sin que se fundamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión demostrado en su caso objetiva y coherentemente dichos extremos en función a los antecedentes pertinentes del proceso; y,
- iii)Respecto a la extinción de la acción penal por prescripción, las entonces Vocales hoy accionadas confundieron la naturaleza jurídica de las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso con las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción, citando el art. 112 de la CPE, interpretándolo en franca vulneración del principio de legalidad, justificando la imprescriptibilidad de los delitos que genéricamente se les atribuye, sin tomar en cuenta el art. 123 de la citada Norma Suprema, para declarar infundada dicha excepción por duración máxima del proceso; sostuvieron el argumento de que esa excepción estableció el lineamiento procesal de acuerdo a las directrices por art. 133 concordante con el art. 27.10 del CPP y que claramente determinó que para resolver la cuestionante sobre la aplicación de distintas líneas jurisprudenciales hace referencia al y la ; estableciendo sobre la imprescriptibilidad que en el pliego acusatorio se determinó que los accionantes cometieron los ilícitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos vulneratorios y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, aspectos por los que se encuentran en calidad de acusados, respecto al acuerdo a la voluntad del constituyente, plasmada en el art. 112 de la CPE, los delitos cometidos por servidores públicos son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, reglas que rigen la prescripción y que deben ser empleadas en el caso concreto; delitos contra el Estado cometidos por funcionarios públicos; por lo que, son imprescriptibles al causar daño económico al mismo, refiriendo la , entre otras.
En ese sentido, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la admisibilidad de los recursos de apelaciones incidentales que interpusieron, determinando la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó la Resolución 449 "A"/2019, emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo la prosecución de los correspondientes trámites legales, sea con las formalidades de Ley, con una arbitraria fundamentación, reconociendo que no es aplicable la Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", al no tratarse de delitos de corrupción; sin embargo, contradictoriamente rechazan la prescripción y duración máxima, acudiendo en algunas partes a los criterios de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa y a la presunción de inocencia; así como, el principio de impugnación; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.II y 256.II de la CPE; 8.1 y 2 inc. b) de la CADH; y, 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)Dejar sin efecto el Auto de Vista 231/2021 de 12 de agosto y su Auto Complementario de 27 de julio de 2022, emitidos por las entonces Vocales ahora accionadas; y,
- b)Emitir un nuevo auto de vista, determinando la extinción de la acción penal y en su caso el instituto de la prescripción con el levantamiento de todas las medidas cautelares reales y personales; en razón de que, no pueden existir casos penales de por vida o de manera indefinida.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 235 a 242, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
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