Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2463/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 68789-2024-138-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 483/24 de 22 de octubre de 2024, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marina Montaño Vda. de Camacho contra Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. OBJETO PROCESAL
La accionante, mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2024, cursante de fs. 24 a 27 vta., denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, mediante Auto Interlocutorio 783 de 29 de noviembre de 2023, la autoridad demandada revocó de forma arbitraria la suspensión condicional de la pena de la impetrante de tutela, ordenando su reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, para cumplir una condena de tres años. Esta resolución fue revocada posteriormente por la Sala Penal Segunda, mediante un Auto de Vista 01 de 2 de enero de 2024, que dispuso su libertad, determinación que fue ratificada el 11 de septiembre de ese año, al detectarse defectos absolutos no susceptibles de convalidación en el actuar de la juzgadora. Una vez devuelto el legajo al Juzgado de origen, la defensa planteó un incidente de recusación contra de la Jueza demandada, el 7 de octubre del señalado año, dictándose al día siguiente un Auto Interlocutorio en el que la autoridad se allanó a dicha solicitud y dispuso el envío de los antecedentes al Juzgado siguiente en número y en consulta ante la Sala Penal de turno; sin embargo, la autoridad judicial demandada retuvo maliciosamente el expediente por más de diez días sin enviarlo a la Oficina Gestora de Procesos ni a la instancia correspondiente, incumpliendo los plazos inmediatos del art. 318 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por consiguiente, solicitó conceder la tutela impetrada bajo la modalidad de pronto despacho y declarar la responsabilidad civil, penal y administrativa de la autoridad ahora demandada.
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