Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2473/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 68825-2024-138-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 28/2024 de 7 de noviembre, cursante de fs. 48 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Julisa Claure Callisaya contra Antonio Saavedra Muñoz, Rector; Marcelo Arroyo Saavedra, Vicerrector; Gary Méndez Avilés, Director de la Carrera de Medicina; y, Mónica Adriana Valencia Pérez, Asesora Legal, todos de la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) sede La Paz.
I. OBJETO PROCESAL
La accionante, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2024, cursante de fs. 17 a 27, denunció la vulneración del debido proceso y sus derechos a la educación, a la defensa, a la dignidad y a la protección contra la violencia psicológica y laboral; toda vez que, el 17 de octubre de 2024, fue convocada irregularmente a una reunión académica en la UDABOL, donde, de manera arbitraria y sin procedimiento legal fue expulsada de esa casa de estudios superiores y se le prohibió participar en actividades académicas. Posteriormente, el 18 de octubre del mismo año, recibió el Auto Inicial de Proceso Interno Sancionatorio; el cual, carece de fundamentación y motivación; pues, no individualiza la falta ni presenta pruebas válidas, vulnerando el principio de taxatividad sancionadora y aplicando medidas gravísimas como la suspensión académica sin previo juicio, lo que constituye una sanción anticipada contraria al principio de presunción de inocencia. Además, se utilizaron como supuestas pruebas, comunicaciones de WhatsApp y redes sociales, que no tienen validez en procesos disciplinarios según la jurisprudencia.
Por lo descrito, solicita se ordene al demandado Marcelo Arroyo Saavedra se aparte del proceso administrativo; que Antonio Saavedra Muñoz, Rector de la UDABOL -ahora demandado- emita medidas de protección a su favor; se disponga la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la emisión de medidas de protección; el cese de la violencia ejercida contra su persona y se le permita estudiar; y, la reparación de daños y perjuicios en Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos).
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