Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2478/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 59188-2023-119-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 166/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 276 a 279 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erland Mirko Guerrero Paredes contra Boris Benjamín Mendoza Méndez, Vocal Permanente; Miguel Ángel Moncada Mendieta y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes, todos respectivamente, del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memoriales presentados el 26 de abril y 18 de mayo de 2023, cursantes de fs. 217 a 231; y, 234 a 241 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 28 de enero de 2021, Pelagio Condori Yana, entonces Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización -ahora tercero interesado- presentó denuncia contra su persona por la presunta comisión de las faltas disciplinarias previstas por los arts. 12.3 y 36, 13. "13" y 20; y, 14.10 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-.
En dicho proceso disciplinario, su "detractor" ni los fiscales policiales pudieron establecer la comisión de ninguna de las faltas señaladas, no se llegó a establecer su participación y menos la comisión de las faltas referidas, fundando las resoluciones tanto de primera como de segunda instancia en suposiciones, presunciones negativas e interpretaciones antojadizas de la norma sin poder vincular las mismas al actuar de su persona; es decir, sin existir nexo causal.
Fue sancionado en primera instancia con retiro o baja definitiva de la institución policial, decisión que fue confirmada mediante la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 112/2022 de 5 de agosto; la cual, vulnera de manera flagrante sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; debido a que, no determinó con claridad en cuáles de las faltas denunciadas hubiese incurrido; no existió una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, ingresando los ahora accionados en contradicciones y suposiciones; no se cumplió, con la subsunción de los hipotéticos de hecho al contenido de la norma jurídica aplicable al caso concreto; no se valoró de manera concreta y explícita cada uno de los medios probatorios producidos, recurriendo a supuestos conforme se tiene establecido en la norma que rige al trámite disciplinario al interior de la Policía Boliviana.
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