Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2490/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 57113-2023-115-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 093/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 48 a 52, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Johnny Franklin Vedia Rodríguez, ex Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro contra María Carolina Lino Condori, ex Asambleista de la Asamblea Legislativa del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La autoridad accionante, por memoriales presentados el 14 y 18 de julio de 2023, cursantes de fs. 13 a 17 vta.; y, 25, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 13 de marzo de 2023, la entonces Asambleista ahora accionada, realizó declaraciones públicas difundidas en el periódico La Patria; afirmando que, la solicitud de adquisición de compra directa de una ambulancia efectuada por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Oruro, presentó presuntas irregularidades como la existencia de un sobreprecio, incumplimiento de las normativas, por los montos y precios elevados que corresponden a una ambulancia con características de tipo "B" que tiene mayor equipamiento y que en la solicitud figuraría una de tipo inferior, según el precio referencial de la ambulancia solicitada es de tipo dos que figura un valor según el "informe del ejecutivo" por el monto de $us1 900 000.- (un millón novecientos mil dólares estadounidenses); sin embargo, según sus cotizaciones a través de internet de la referida Asambleista, el modelo solicitado tiene un costo inferior a $us900 000.- (novecientos mil dólares estadounidenses); como consecuencia de dichas declaraciones la autorización para la adquisición de la ambulancia tipo tres, fue rechazada y devuelta para su corrección; por lo que, la misma no pudo ser adquirida, con la consecuente afectación al servicio de salud para el mencionado departamento; ya que, el requerimiento era necesario; puesto que, se encontraban en "pandemia".
En ese contexto, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y en cumplimiento de la obligación que tienen los funcionarios y empleados públicos de denunciar hechos que pudieran constituir en delitos de acción pública en el ejercicio de sus funciones establecido por el art. 284 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y con la finalidad de iniciar con las acciones legales que correspondan en contra de los servidores públicos dependientes del SEDES Oruro, que se encontraron involucrados en los supuestos hechos irregulares que manifestó la entonces Asambleista hoy accionada en sus declaraciones en medios de prensa escrita y "otros", consideró necesario requerir a la nombrada la documentación y el informe que alegó poseer para formalizar la denuncia penal; ya que, la adquisición de bienes para el Estado con sobreprecio y el incumplimiento de la normativa vigente constituyen conductas penalmente reprochables atribuibles a los funcionarios de la referida entidad pública, vinculadas a la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias en grado de tentativa, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 224.I con relación al 8; 146 y 154 del Código Penal (CP), modificado por la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-.
Por tal motivo, amparado por el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); además, el Informe Legal de 11 de julio de 2023, emitido por el Abogado de la Unidad de Defensa Legal, Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, concluyó y recomendó que al no existir otros medios idóneos para poder hacer efectivo el derecho de petición se inicie acciones legales pertinentes en procura de encontrar una respuesta formal y oportuna de la entonces Asambleísta ahora accionada, a quien solicitó mediante Notas G.A.D.ORU./GAB.DESP. 234/2023 de 13 de marzo; G.A.D.ORU./GAB.DESP. 270/2023 de 20 de marzo; G.A.D.ORU./GAB.DESP. 536/2023 de 15 de mayo; y, GAD-ORU/GAB-DESP 669/2023 de 14 de junio, la remisión al despacho de la referida entidad pública, de un informe y toda la documentación respecto a hechos irregulares de sobreprecio, incumplimiento de normas y montos elevados relacionados a la adquisición de una ambulancia; sin embargo, no se obtuvo respuesta de manera pronta, oportuna y concreta.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
La autoridad accionante, denuncia la vulneración de su derecho de petición; citando al efecto el art. 24 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
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