Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2502/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 65601-2024-132-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 113/2024 de 1 de julio, cursante de fs. 117 a 125, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Valeria Laura Hurtado contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, ex Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memoriales presentados el 11 y 18 de junio de 2024, cursantes de fs. 51 a 62 y 65 a 75, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso laboral que formuló por pago de beneficios sociales contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro -hoy tercero interesado-, se emitió la Sentencia 67/2022 de 17 de octubre, por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del citado departamento, declaró probada en parte la demanda, en lo que corresponde al pago de indemnización, vacaciones y bono de antigüedad e improbada en lo relativo a los montos solicitados, determinando una liquidación por el monto de Bs32 711,43.- (treinta y dos mil setecientos once 43/100 bolivianos); posteriormente, formuló recurso de apelación contra la citada Sentencia 67/2022, en la cual se emitió el Auto de Vista 116/2023 de 3 de julio, que revocó totalmente la indicada Sentencia y en consecuencia declaró improbada su demanda de pago de beneficios sociales.
Ante lo señalado, planteó recurso de casación contra el Auto de Vista 116/2023 que fue resuelto por ; por el cual, se casó el fallo de segunda instancia y se declaró infundado el referido recurso de casación; sin comprender que como trabajadora estaba amparada por el art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT) -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-; y, apartándose de los marcos de razonabilidad, equidad y verdad material; puesto que, su persona prestó funciones de servicios manuales en el cargo de peón, en avance de obras del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, durante ocho años y cinco meses de manera continua e ininterrumpida, mediante un contrato indefinido de manera verbal; es así que, presentó prueba de cargo que acredita dicha situación, consistente en papeletas de pago y los aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs), Estado de Ahorro Previsional de enero de 2011 hasta 31 de mayo de 2019; en consecuencia, le corresponde el pago de indemnización por tiempo de servicios en favor de su persona; sin embargo, el referido pago sólo es procedente desde la vigencia de la Ley 321; es decir, a partir del 18 de diciembre de 2012 hasta el 30 de abril de 2021; y, ese mismo razonamiento se aplicó en el . De igual manera, al determinar el régimen laboral de su persona, corresponde reconocer también el bono de antigüedad y vacaciones pretendidas en la demanda.
Asimismo, mediante varios autos supremos se reconoció que los trabajadores de "avance de obras" del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en el cargo de peón están bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, por disposición de la Resolución Ministerial (RM) 249/07 de 5 de junio de 2007 y la Ley 321, procesos en los que se reconoció entre otros beneficios y derechos, el pago de beneficios sociales y así también el bono de antigüedad y vacación.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, asi como el principio de seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 115.II, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: dejar sin efecto el ; y que los Magistrados ahora accionados resuelvan el fondo conforme corresponde en derecho.
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