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TCP

2514/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 2514/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2514/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 57022-2023-1115-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 01/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 25 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhoel Dan Ramos Beltrán contra Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante de fs. 7 a 9 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); llegó a un acuerdo transaccional y desistimiento con la víctima -hoy tercera interesada-; al reparar de manera íntegra el daño causado, adjuntando los Certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia hacia la Mujer (CENVI) al memorial de 19 de junio de 2023, en el cual solicitó "...AUDIENCIA para considerar Salida Alternativa de Suspensión Condicional del Proceso" (sic), la cual fue rechazada, mediante decreto de 22 del mismo mes y año, por la Jueza ahora accionada, sin señalar fecha de audiencia, alegando que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el Código de Procedimiento Penal y los tratados internacionales prohíben esas salidas alternativas.

Al respecto, el art. 24 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que es posible la suspensión condicional del proceso cuando se haya reparado de manera integral el daño causado; por lo que, firmó un acuerdo transaccional y desistimiento con la ahora tercera interesada, así como cuando es previsible la suspensión condicional de la pena; y el art. 328.II del citado Código prevé que la autoridad judicial deberá resolver la suspensión condicional del proceso en audiencia. En ese sentido, formuló recurso de reposición contra el decreto de 22 de junio de 2023; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio de 28 de igual mes y año, rechazó el recurso de reposición, dejando constancia que dicho Auto Interlocutorio no es impugnable vulnerando sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y a una justicia pronta y sin dilaciones; citando al efecto, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que:

  1. a)La Jueza ahora accionada en el plazo de veinticuatro horas convoque a una audiencia para considerar la suspensión condicional del proceso; y,
  2. b)Se deje sin efecto el decreto de 22 de junio de 2023, así como el Auto -Interlocutorio- de 28 de igual mes y año.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 14 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: Presentó la solicitud de suspensión condicional del proceso con base a los Certificados de REJAP y CENVI, porque entre la hoy tercera interesada y su persona procrearon tres hijos y busca precautelar sus derechos.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Aida Claudia Chávez Vargas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Huanuni del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 14 de julio de 2023, cursante de fs. 14 a 16 vta., manifestó que:

  1. 1)El presente caso versa sobre un delito en razón de género, que merece una especial consideración por determinación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Convención de Belém do Pará, vinculadas a la protección a las mujeres víctimas en situación de violencia, por ello, el art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- considera una prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género;
  2. 2)Por otro lado, el art. 15 de la CPE determina que la integridad física es un derecho humano fundamental y absoluto, como pocos derechos; es decir, que no admite limitación alguna, que tiene su origen en el debido respeto a la vida y sano desarrollo de esa;
  3. 3)El derecho a la integridad personal involucra la prohibición de someter a una persona a tortura, tratos crueles, inhumanos, o degradantes reconocido así por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre;
  4. 4)La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló en el caso Loayza Tamayo Vs. Perú que la vulneración a la integridad tiene diversas connotaciones de grado y de intensidad, así pueden pasar de un trato degradante hasta la tortura;
  5. 5)El art. 6.1 de la Ley 348 define la violencia a la mujer, al igual que "La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer..." (sic), de la misma forma la Convención de Belém do Pará, en consecuencia, los Estados deben asumir las medidas legislativas, administrativas y judiciales para precautelar el derecho fundamental a la integridad personal y a la vida de todos y en particular de las mujeres en situación de violencia;
  6. 6)La , al establecer la preferente aplicación de la Ley 348, frente a la Ley adjetiva penal ordinaria, dispuso la improcedencia de la aplicación del perdón judicial y la suspensión condicional de la pena, optando por la aplicación de sanciones alternativas cuando se trata de este tipo de delitos y que en ningún caso los derechos del agresor pueden estar por encima de los derechos de la mujer, al igual que el art. 3 de la citada Ley, La Recomendación General 5 -2012- referente a los Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, prohíbe tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de oportunidad;
  7. 7)Si bien el art. 23 del CPP establece la suspensión condicional del proceso; empero, señala cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena; no obstante, el art. 46 de la Ley 348 prohíbe cualquier tipo de conciliación en delitos de violencia contra la mujer, el art. 76 de la misma Ley establece que en delitos de violencia se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, lo que implica que la finalidad de esa Ley es garantizar un procesamiento y sanción a los agresores de este tipo de delitos prohibiendo implícitamente la procedencia de los beneficios del perdón judicial y de la suspensión condicional de la pena, con el propósito de garantizar una sanción efectiva;
  8. 8)Por dichas razones, la pretensión del accionante al solicitar la suspensión condicional del proceso, no es atendible, sino es aplicable el art. 76 de la Ley 348, una vez sea impuesta una sentencia condenatoria, siendo contradictoria con la naturaleza de la suspensión condicional del proceso. "Es decir, cualquier salida alternativa o criterio de oportunidad se halla proscrita no solo por la norma legal, sino por la jurisprudencia constitucional y la convencional" (sic). En todo caso lo que reconoce y permite que la mencionada Ley es la conciliación en este tipo de delitos siempre y cuando sea a iniciativa de la víctima, de forma voluntaria, por una sola vez y sin que medie presión ni manipulación alguna;
  9. 9)Se rechazó la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la suspensión condicional del proceso con los mismos fundamentos jurídicos y los argumentos expuestos precedentemente, lo que fue objeto del recurso de reposición, emitiéndose el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023, en el que nuevamente se expuso los motivos y fundamentos por su manifiesta improcedencia, lo que implica que se le dio respuesta oportuna al accionante; sin embargo, de manera contradictoria, denuncia una dilación, lo contrario resultaría insulso señalar fecha de audiencia como la solicitada por el nombrado para emitir la misma respuesta de rechazo; puesto que, la aplicación de la Ley, no solo debe ser formal sino efectiva, tomando en cuenta además la ; y,
  10. 10)En delitos de violencia por razón de género no es previsible y menos viable la suspensión condicional de la pena, por ende no es inviable la suspensión condicional del proceso, esto por expresa disposición de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo en su lugar aplicables sanciones alternativas; por lo que, no se vulneró ningún derecho, correspondiendo denegarse la tutela solicitada, con el pago de costas y costos.

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