Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2524/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 83687-2026-168-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 0064/"2024" de 9 de abril de 2026, cursante de fs. 230 a 234, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dina María Aramayo Vaca contra Roque Roy Méndez Soleto, ex Gerente General; Luis Alberto Claros Ivanovic, Subgerente de Recursos Humanos (RR.HH.); ambos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memoriales presentados el 20 y 26 de marzo de 2026, cursante de fs. 23 a 32; y, 36 a 37 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 12 de septiembre de 2023, ingresó a trabajar a ENTEL S.A. en el cargo de Supervisor, en la ciudad de Cobija del departamento de Pando, suscribiendo un contrato por tiempo indefinido; posteriormente, el 28 de febrero de 2024, fue transferida internamente al departamento de Chuquisaca, en las mismas funciones de Supervisor; sin embargo, de manera sorpresiva e intempestiva, el Subgerente hoy coaccionado, le hizo conocer mediante la Nota ENT-SGRH-I-017/2026 de 12 de enero, la conclusión de su relación laboral, bajo el argumento de restructuración institucional; sin considerar que su contrato era indefinido, sin un proceso previo ni causa legal demostrada, privándosele el sustento diario.
Asimismo, mediante presiones del Subgerente ahora coaccionado, fue obligada a recoger sus beneficios sociales; ya que, caso contrario se le hubiese aperturado un proceso disciplinario, por un supuesto robo de tarjetas en el que pretendían vincularle y luego sobrevenía una responsabilidad penal; además, no tenía conocimiento que al cobrar los señalados beneficios sociales perdía la posibilidad de una reincorporación laboral.
Posteriormente, el 11 de febrero de 2026, denunció su desvinculación laboral, ante el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación laboral y pretendió realizar la devolución de sus beneficios sociales, con el objetivo de poder solicitar su reincorporación, tomando en cuenta que tiene un hijo menor de edad de trece años, con la guarda bajo su custodia y con enfermedad de base; es así que, el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Resolución Administrativa (RA) J.D.T.CH.-EABE/R.D.L. 52/2026 de 2 de marzo, rechazando la denuncia, con el argumento de que su persona recibió el pago de beneficios sociales, interpretando erróneamente que dicho hecho implica una aceptación tácita de la conclusión de la relación laboral, omitiendo de manera absurda que desconocía las consecuencias de recibir los beneficios sociales y haber sido obligada a recoger los mismos, bajo presión y amenaza de iniciarle un proceso penal por un supuesto robo de tarjetas, incurriendo en una resolución administrativa arbitraria y carente de fundamentación al no valorar la posible existencia de violencia laboral y presión indebida para el cobro de beneficios sociales, apartándose del marco de legalidad que debe regir las actuaciones administrativas.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
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