Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2526/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 83689-2026-168-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 49/2026 de "20" -30- de marzo, cursante de fs. 169 a 173 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lourdes Milena Aguilera Torrico por sí y en representación sin mandato de su hijo menor de edad AA contra Reinerio Vargas Banegas, Rector; y, Mariela Castro Suárez, Decana de la Facultad de Humanidades, ambos de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 5 de marzo de 2026, cursante de fs. 68 a 75, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Suscribió un Contrato de Trabajo a Plazo Fijo C-PFF-FH-03/2025 de 9 de abril, con la UAGRM, que inició en la misma fecha y concluyó el 30 de diciembre de 2025, en el cargo de Apoyo Administrativo C1, Nivel 22 de la escala salarial, bajo dependencia de la Oficina del Decanato de la Facultad de Humanidades; antes del vencimiento de dicho contrato, presentó memorial el 11 de noviembre de igual año, solicitando su inamovilidad laboral, teniendo como respuesta el Informe Legal INF. 713/2025 de 13 de similar mes; por el cual, se desconoció su estabilidad laboral por discapacidad de su hijo menor de edad AA; como consecuencia de esa petición el 11 de igual mes y año, recibió personalmente una transferencia temporal por parte de la Decana ahora coaccionada, quien ordenó que desempeñe funciones como responsable de la biblioteca dependiente de las Oficinas de lenguas Modernas y Fisiología Hispánica - Ciudad Universitaria, funciones que asumió hasta el 30 de diciembre del mismo año.
Asimismo, el Rector ahora accionado mediante Nota OF. 1082/2025 de 19 de noviembre, le notificó con una improcedencia a su solicitud de inamovilidad laboral, desconociendo su derecho constitucional a permanecer en su fuente laboral basado en el Informe Legal INF. 713/2025, emitido por sus abogados asesores; ante esa situación presentó su denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por la discapacidad mental de su hijo menor de edad AA, "...presentando dicha denuncia a la patronal en fecha 19/01/2026..." (sic) la cual debería resolverse en audiencia programada para el 6 de marzo de 2026, lo que implica someterse a un proceso administrativo que cuenta con recursos administrativos a los cuales no puede esperar su conclusión porque pone en riesgo el derecho a la vida de su hijo menor de edad AA con discapacidad, así como el derecho de contar con una seguridad social que permite tener una vida digna, debiendo prescindirse del principio de subsidiariedad. Al efecto, a través del Seguro Social Universitario de la UAGRM el 27 de enero de igual año, se emite el Informe Médico - Junta Médica referente a su hijo menor de edad tomando en cuenta que el 24 de agosto de 2023, por medio de la Unidad de Neuropediatría refirió que el citado menor de edad tiene Autismo Grado 3 en el que se recomendó la intervención integral y fonoaudiología y estimulación temprana; asimismo, el citado Seguro el 26 de enero de 2026, indicó que el mencionado menor de ocho años y diez meses de edad debe buscar de manera privada un Centro especializado para introducirlo y controlarlo; ya que, el referido Seguro no cuenta con los instrumentos estandarizados para atender a su hijo menor de edad AA.
El Rector y la Decana ahora accionados; a pesar, de tener conocimiento de su solicitud de estabilidad laboral por la discapacidad de su hijo menor de edad AA, omitieron su deber de cumplir lo establecido por los arts. 70 y 71 de la Constitución Política del Estado (CPE) y lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, respondiendo de manera improcedente a su solicitud de estabilidad laboral; por lo que, acude a la jurisdicción constitucional con la finalidad de que se restauren y precautelen los derechos de las personas que tiene a su cargo como un niño con discapacidad, para que el referido menor de edad cuente con el acceso a la salud, seguridad social y la estabilidad económica y laboral de su persona como madre para que tenga un vida digna.
Es un hecho que su persona cumplía funciones propias y permanentes dentro de la institución; puesto que, se le contrató en el Nivel 22, como apoyo administrativo y luego se le transfirió con más responsabilidades funcionarias, las cuales cumplió como se le designó y requirió; por lo que, al momento de ser despedida gozaba del derecho a la estabilidad y continuidad laboral porque puso en conocimiento de "la patronal" una solicitud de estabilidad laboral por tener un hijo menor de edad con autismo grado 3 y que ante la existencia de un anticipo de liquidación y no de liquidación de beneficios sociales final, ese hecho no constituye ninguna renuncia a su solicitud de estabilidad laboral; debido a que, dicha cancelación parcial está prevista por la Ley como un anticipo de liquidación como establece el art. 4 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, que indica que las indemnizaciones por tiempo de servicios, pagados por terminación de contratos suscritos a plazo fijo para ocupaciones permanentes se refutaran como anticipo de liquidación final; por lo que, la parte empleadora se encuentra fuera del marco de la ley al desvincularla aparentando que se le canceló sus derechos sociales, teniendo conocimiento previo de que solicitó su inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo menor de edad AA antes de la finalización de su contrato; ya que, el hecho de que su contrato concluyó sin que la "Patronal" se pronuncie de manera positiva en su favor, desconoció sus derechos y garantías constitucionales a la estabilidad y continuidad laboral.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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