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TCP

2532/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 2532/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2532/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción popular

Expediente: 84221-2026-169-AP Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 002/2026 de 8 de mayo, cursante de fs. 269 vta. a 283, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Esmeralda Segovia Mamani, Sindicato Agrario, Santos Alejo Quispe, Corregidor y Froilán Avisa Mamani, Agente Cantonal todos de la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí contra Marco Antonio Copa Gutiérrez, ex Gobernador, René Joaquino Cabrera, actual Gobernador ambos del Gobierno Autónomo Departamental de ese departamento; José Luis Veizaga Ortega, Delegado Provincial de la provincia Sud Chichas de la misma entidad departamental y Vicente Juárez Quispe, Corregidor de la comunidad Campesina "Bolívar" área urbana del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, por memorial presentado el 27 de abril de 2026, cursante de fs. 75 a 88 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí, colinda con el área urbana de la ciudad de Tupiza, creada mediante Ley 1381 de 18 de noviembre de 1992; posteriormente, "...como resultado del proceso de saneamiento realizado por el INRA (...) emite la Resolución Suprema Nº 30516/2024..." (sic), en la modalidad de saneamiento simple de oficio SAN-SIM, del Polígono 664, con Plano Catastral 050801664015, correspondiente al predio denominado comunidad Campesina "Bolívar", ubicada en el municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas del referido departamento.

En ese orden, el Delegado Provincial ahora coaccionado, emitió el Instructivo con Cite: DPSCH 005/2025 de 11 de noviembre, dirigido a todos los corregidores de la provincia Sud Chichas del departamento de Potosí, señalando que: "...para la posesión de sus nuevas Corregidores - gestión 2026, deberán iniciar el proceso de acreditación correspondiente ante el Gobierno Departamental, en cumplimiento de la normativa vigente" (sic); debiendo presentar la siguiente documentación: "1. Dos (2) fotocopias del Acta de Elección de Autoridades - gestión 2026. 2. Dos (2) fotocopias de la Personería Jurídica actualizada. 3. Dos (2) fotocopias de Cédula de Identidad del Corregidor - gestión 2026. 4. Tres (3) fotografías tamaño 3x3 cm, con fondo rojo. 5. Número de celular de contacto. 6. Libro de Actas de Elección original y Personería Jurídica original, para la verificación de la documentación" (sic).

Lo cual debía presentarse hasta el 10 de diciembre de 2025, en folder amarillo. En cumplimiento al Instructivo con Cite: DPSCH 005/2025, presentaron todos los requisitos exigidos para acreditar a su Corregidor de la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí, con la entrega de credencial de autoridad y el memorando de designación. Es así que, el 10 de enero de 2026, en el Salón de la Gobernación de Tupiza de ese departamento, fueron posesionados todos los corregidores de la provincia Sud Chichas, en la que fue excluido de manera inexplicable del acto de posesión el coaccionante -Santos Alejo Quispe-; quien fue electo por la referida comunidad perteneciente al Polígono 664, motivo por el cual presentaron una Nota de reclamo el 26 de igual mes y año, pidiendo se emita la credencial y memorando al nombrado quien fue electo por la mencionada comunidad; además, se emita respuesta congruente y motivada a las pruebas presentadas el 4 del señalado mes y año; asimismo, en la misma fecha presentaron una denuncia ante la Delegada de la Defensoría del Pueblo de dicho departamento, por la vulneración del derecho de petición, discriminación y también a la representación territorial.

La Defensoría del Pueblo, les convocó a una reunión con las autoridades de la Secretaria de Coordinación del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí -entidad municipal ahora tercera interesada-, para el 27 de enero de 2026, donde revisando los documentos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) -hoy tercera interesada- y de Catastro Municipal de Tupiza del mismo departamento, acordaron que en un plazo de diez días se emita el memorando y la credencial de autoridad; sin embargo, las autoridades ahora accionadas persistieron con el silencio administrativo; por ello el 13 de marzo de igual año, presentaron nota reiterativa, exigiendo respuesta al entonces Gobernador hoy accionado; no obstante, continuó sin respuesta; es por ello, que el 16 del señalado mes y año, presentaron la acción de amparo constitucional por la vulneración del derecho de petición, en virtud del cual, el Juez de garantías emitió la Sentencia A.A.C. 002/2026 de 30 de marzo, concediendo la tutela solicitada, y otorgando a las autoridades hoy accionados el plazo de cuarenta y ocho horas para que den respuesta a las peticiones formuladas; empero, a la fecha -se entiende hasta la interposición de la presente acción popular- jamás les entregaron de manera formal la respuesta, aunque encontraron en el cuaderno procesal una Nota de 1 de abril de 2026, dirigido al coaccionante -Santos Alejo Quispe- firmada por el Delegado Provincial ahora coaccionado y no así por el entonces Gobernador hoy accionado; empero, no le fue entregado en persona, lo cual suponían que era la respuesta, donde se indicaba: "'...según la documentación disponible en nuestros registros, ya existe un corregidor debidamente posesionado conforme a INSTRUCTIVO CITE: DPSCH 005/2025, de fecha 11 de noviembre de 2025. Dicha posesión fue respaldada por un acta firmada por las autoridades ahora electas, lo cual otorga legalidad y legitimidad al acto..."' (sic).

La Nota de 1 de abril de 2026, no especifica quién sería la autoridad designada; sin embargo, se sabe que es el Corregidor hoy coaccionado, con domicilio en el Barrio "Tarija Nueva"; que por razones de trabajo estaría radicando temporalmente en el área urbana de la ciudad de Tupiza del departamento de Potosí, quien de manera ilegal y arbitraria fue nombrado como Corregidor en representación de la comunidad Campesina "Bolívar" de ese departamento, por el entonces Gobernador ahora accionado y refrendado por el Delegado Provincial hoy coaccionado, detentando el memorando y credencial de autoridad emitido por los nombrados, suplantando de ese modo el mencionado Corregidor a la referida comunidad, más aun, cuando el nombrado no figura en la lista de beneficiarios y adjudicatarios consignados en la Resolución Suprema (RS) 30818 y en el libro de Actas de Tupiza del señalado departamento; mientras que el coaccionante -Santos Alejo Quispe-, es el corregidor legalmente electo que estaría registrado en la nómina de beneficiarios en la RS 30516 de 2 de octubre de 2024, Polígono 664; a pesar, de ello las autoridades hoy accionadas designaron como Corregidor a Vicente Juárez Quispe ahora coaccionado de manera ilegal y arbitraria, privando de ese modo al coaccionante -Santos Alejo Quispe- Corregidor electo la entrega de la credencial y el memorando de designación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos colectivos a la libre determinación y autogobierno en su dimensión interna y externa, a la elección de sus autoridades mediante los usos y costumbres, a formar parte del Estado, a la gestión territorial autónoma y a la integralidad del territorio de la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí; citando al efecto los arts. 2, 5, 14, 17, 18, 171.II y III y 30.4 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. a)Que el actual Gobernador y Delegado Provincial en el plazo de cuarenta y ocho horas expidan memorando y credencial de Corregidor al coaccionante -Santos Alejo Quispe- en representación de la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí, Polígono 664;
  2. b)Dejar sin efecto el memorando y credencial emitido de manera ilegal en favor del Corregidor hoy coaccionado;
  3. c)Que el actual Gobernador y el Delegado Provincial cumplan de manera pública con la obligación de efectuar la posesión in situ, en la referida comunidad al coaccionante -Santos Alejo Quispe-;
  4. d)Como medida de reparación la garantía de no repetición por parte del actual Gobernador, el Delegado Provincial y el Corregidor hoy coaccionado en los medios de comunicación de la ciudad de Tupiza del departamento de Potosí, y aclaren las falsedades vertidas en dichos medios, respeto de los derechos de la comunidad Campesina "Bolívar" de ese departamento conforme la RS 30516 de 2 de octubre de 2024; y,
  5. e)En el marco del art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se determine la responsabilidad civil, administrativa y ejecutiva de las autoridades ahora accionadas y del Corregidor ahora coaccionado, a objeto de indemnización por los gastos efectuados para la reparación de sus derechos consistentes en costas, costos y honorarios del abogado, aperturando para ello un plazo probatorio para su demostración.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de mayo de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 254 a 269 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción popular, y ampliándolo, manifestaron que:

  1. 1)Uno de los aspectos centrales fue no revisar la RS 30516 y la Ley 1381, porque la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí, antes de la aprobación de la citada Ley en 1992, tenía una superficie de 184 ha, después se quedó solamente con la superficie de 135 ha y el resto pasó a la jurisdicción del área urbana, lo cual no fue analizado por las autoridades ahora accionadas;
  2. 2)El problema es que no respetaron que la referida comunidad tiene su "certificado de nacimiento" en la RS 30516, Polígono 664, otorgando la credencial y el memorando al Corregidor del área urbana hoy coaccionado que no les representa; más aun, cuando el nombrado no estaría como beneficiario del Polígono 664; es más en su momento el INRA -ahora tercera interesada- pidió a la entidad municipal hoy tercera interesada una certificación catastral, preguntando hasta donde abarcaba la jurisdicción de la referida entidad municipal; por lo que, emitieron un informe indicando que fue "hasta ese lugar" el área urbana y de "ahí más allá" seria área rural; por lo que, con esa división dejaron al área rural de la señalada comunidad sin derecho a contar con la autoridad de un Corregidor;
  3. 3)Adjuntaron a su nota de solicitud toda la documentación, explicando a las autoridades ahora accionadas que ellos son de la comunidad Campesina "Bolívar" de ese departamento del área rural y que se cumpla con la Ley 1381 y la RS 30516, las cuales no cumplieron hasta el día de hoy -se entiende hasta la interposición de la presente acción popular-;
  4. 4)La mencionada comunidad del área rural, Polígono 664, conformada por los beneficiarios de la RS 39516 eligieron por unanimidad al coaccionante -Santos Alejo Quispe- como su Corregidor; empero, las autoridades ahora accionadas se negaron a designarlo al nombrado como Corregidor, vulnerando el derecho a la libre determinación; y,
  5. 5)Ante la falta de respuesta tuvieron que presentar la acción de amparo constitucional contra las autoridades hoy accionadas, en virtud del cual se emitió la Sentencia A.A.C. 002/2026, donde el Juez de garantías concediendo la tutela solicitada conminando a las autoridades hoy accionadas, que en el plazo de cuarenta y ocho horas extiendan los documentos solicitados -credencial y memorando-, lo cual no lo cumplieron hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción popular-; por lo que, el día de "ayer" presentaron una denuncia oficial contra los nombrados.

Asimismo, ante la pregunta efectuada por la Jueza de garantías, de qué manera fue elegido el coaccionante -Santos Alejo Quispe-; sin embargo, antes de responder la pregunta el abogado de los accionantes ejerciendo el derecho a la réplica, manifestó que no existe un conflicto interno en la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí del área rural, Polígono 664 como alegaron las autoridades hoy accionadas, la prueba de ello estaría en la Ley 1381 y la RS 30516; tampoco existe cosa juzgada; por cuanto, en la acción popular se está denunciando la vulneración del derecho colectivo a la libre determinación interna y externa, y a la pregunta efectuada respondieron que el coaccionante -Santos Alejo Quispe- fue elegido Corregidor en su comunidad, en una asamblea general en la que no estuvo el actual Corregidor hoy coaccionado porque no figura como beneficiario en la RS 30516.

Por otra parte, el abogado de los accionantes, refirió que la entidad municipal ahora tercera interesada extendió los memorandos tanto al Agente Municipal del Polígono 664, de la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí del área rural, así también extendió para los del área urbana, respetando los territorios, el único problema estaría en la Gobernación de ese departamento, al negarse a reconocer al corregidor electo por la referida comunidad del área rural. Respecto a la personería jurídica manifestaron que estaría en la RS 30516 y la Ley 1381; además, de estar regido por la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y reglamentos agrarios. En cambio, en el área urbana ya estarían haciendo procesos de usucapión bajo las normas del derecho civil, mientras que ellos continúan sujetos a las normas agrarias, por ello consideran como su "certificado de nacimiento" a la RS 30516.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

René Joaquino Cabrera, actual Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a través de sus abogados en audiencia, manifestó que:

  1. i)Se está desnaturalizando la acción popular; ya que, fue corroborada con la intervención del abogado de los accionantes, cuando señaló expresamente que anteriormente presentaron otra acción tutelar, existiendo diferencias entre estas dos acciones de defensa, entendiendo que la acción popular protege derechos e intereses colectivos o difusos, mientras que la acción de amparo constitucional defiende derechos e intereses individuales o personales;
  2. ii)Los nombrados alegan que el entonces Gobernador hoy accionado hubiese impuesto directamente a un corregidor pretendiendo hacer incurrir en un error; puesto que, en la acción de amparo constitucional alegaron la vulneración del derecho de petición que les fue concedido, ahora con la acción popular pretenden que en cumplimento a esa Sentencia A.A.C. 02/2026, se designe a la persona que ellos hubiesen elegido;
  3. iii)La acción popular presentada no tiene ningún sentido, porque no se está vulnerando derechos colectivos o difusos, por el contrario la institución a su cargo trató de ser imparcial, de no ingresar al conflicto que se mantiene dentro de la comunidad Campesina "Bolívar" del departamento de Potosí, porque existen dos bandos, unos que son del área urbana y otros que son del área rural; empero, el art. 43 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" -Ley 031 de 19 de julio de 2010- establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos son indivisibles; por lo que, la voluntad de un pueblo indígena tiene que ser una sola, si existe algún conflicto interno, la misma debe ser solucionada en la comunidad;
  4. iv)El art. 10 del DS 23858 de 9 de septiembre de 1994, señala que: "...La resolución municipal de negatoria procederá en los siguientes casos:
  5. a)Cuando dos o más organizaciones se disputen la representación en un mismo ámbito territorial.
  6. b)Cuando dos o más personas se disputen la representación de la organización solicitante.
  7. c)Cuando los documentos acompañados a la solicitud, no observen lo establecido en el artículo 7o del presente reglamento. En este caso, la organización solicitante, una vez rectificadas o subsanadas las observaciones continuará el procedimiento establecido en este reglamento";
  8. v)El art. 11 del citado Decreto Supremo, refiere que: "(Solución del conflicto) I. En los casos señalados en los incs. a) y b) del artículo anterior, el conflicto deberá ser solucionado mediante consenso o según sus usos, costumbres o normas estatutarias en las propias organizaciones en conflicto, ya sea por voto de los comunarios o vecinos, por decisión de fusión de las organizaciones en controversia, por arbitraje de su asociación superior u otras formas establecidas por la comunidad, en un plazo máximo de 30 días de conocido el conflicto por el Gobierno Municipal...";
  9. vi)El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, tendría que haber mediado en este conflicto; ya que, el Parágrafo II del art. 11 de la citada norma establece: "II. Agotado este proceso y persistiendo el conflicto, el Concejo Municipal competente, pasado el término fijado, convocará a las partes llamándolas a una solución consensuada, aplicando el plazo de la distancia establecido en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, según corresponda. III. En caso de no llegar a una solución consensuada, dentro de los diez días de convocadas las partes por la autoridad municipal competente, el Concejo Municipal, estudiará los documentos acompañados, verificando el cumplimiento de lo establecido en los artículos 6 y 7 del presente reglamento, y resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes. IV. La Resolución Municipal no admitirá ningún otro recurso administrativo, quedando abierta la vía legal ordinaria"; esa fue la razón por la que la institución a su cargo no intervino en un conflicto interno de la comunidad Campesina "Bolívar" de ese departamento, tampoco impuso una autoridad, la citada comunidad tiene su personalidad jurídica, el problema político es posterior a la conformación de dicha comunidad;
  10. vii)Existe una división entre los que están dentro del radio urbano y otros que están en área rural, siendo la misma ajena a la institución a su cargo, ellos tienen los medios y los mecanismos para proceder a una igual representación con una personería jurídica dentro de los alcances en los que están interesados; en ese sentido, no se puede imponer ningún tipo de solución, es más no existe ni un acta en la que se hubiesen congregado o reunido ambas partes;
  11. viii)En lo que si se consensuó de manera conjunta con la institución a su cargo es que se designe al actual Corregidor hoy coaccionado, una vez se resuelvan las acciones de amparo constitucional en el fondo; es decir, que mientras suba en revisión a la instancia superior se mantenga al actual corregidor; y,
  12. ix)Los accionantes acusan de que no se hubiese emitido ningún actuado motivado y fundamentado respecto a la petición formulada cuando ya se reconoció al mencionado Corregidor; es más, los arts. 30 y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, determina que todo acto administrativo debe ser fundamentado; empero, no se puede exigir ello en una acción popular, se confunde con la acción de amparo constitucional.

Asimismo, su abogado en audiencia, manifestó que:

  1. a)Los accionantes denuncian que se estuviera vulnerando el derecho a la libre determinación, al respecto existe documentación de que el Delegado Provincial hoy coaccionado convocó para que puedan presentar la documentación de quienes iban a representarse como corregidores en la gestión 2026, se llevó a cabo la reunión donde por unanimidad se decidió ratificar al Corregidor ahora coaccionado, acta en el cual firmaron todas las autoridades que estuvieron presentes; y,
  2. b)Los funcionarios y/o autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, no emitieron ningún acto administrativo conforme al art. 27 de la Ley 2341; es decir, para la citada gestión, no se otorgó ningún memorando o credencial a ninguna autoridad; además, que esa cuestión ya fue revisada en tres acciones de amparo constitucional, donde el tribunal de garantías ya concedió la tutela de manera parcial denegando la emisión de credencial y memorando al coaccionante -Santos Alejo Quispe-; por lo que, ya existe cosa juzgada constitucional al respecto.

Marco Antonio Copa Gutiérrez, entonces Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a través de su abogado en audiencia, manifestó que:

  1. 1)De acuerdo a la relación de hechos que presentan los accionantes, los mismos también fueron objeto de otra acción de amparo constitucional, con la misma causa pretendí, entre los mismos sujetos y con el mismo objeto, siendo análogo o idéntico a la acción popular que ahora se analiza, no pudiendo activarse simultáneamente una acción de amparo constitucional y otra de acción popular con base a los mismos hechos;
  2. 2)Los accionantes refieren que presentaron una denuncia por incumplimiento de la Sentencia A.A.C. 02/2026, emergente de la acción de amparo constitucional que anteriormente presentaron, la cual tiene un procedimiento de queja;
  3. 3)De los antecedentes también se advierte la existencia de derechos controvertidos que no están definidos, respecto de dos bandos que pretenden tener su propio corregidor; empero, la comunidad Campesina "Bolívar" del referido departamento, tiene una sola personería jurídica; y,
  4. 4)La causa pretendía acreditar como autoridad a una determinada persona, que en lo esencial sería un derecho de carácter político subjetivo; porque el coaccionante -Santos Alejo Quispe- pretende llevar la representación de la comunidad Campesina "Bolívar" del señalado departamento; por lo que, no se trataría de derechos colectivos o difusos; además, de exigir a una entidad del Estado a legitimar a una persona y no es una colectividad o comunidad.

José Luis Veizaga Ortega, Delegado Provincial de la provincia Sud Chichas del Gobierno Autónomo Departamental del departamento de Potosí, no asistió a la audiencia de consideración de la acción popular, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 107.

Vicente Juárez Quispe, Corregidor de la comunidad Campesina "Bolívar" área urbana del departamento de Potosí, a través de su abogado en audiencia, manifestó que:

  1. i)Fue ratificado como corregidor por la gestión 2026, del cual tienen conocimiento todas las bases y tiene la representación de toda la referida comunidad;
  2. ii)El coaccionante -Santos Alejo Quispe- fue invitado ante la dirigencia de la comunidad Campesina "Bolivar" de ese departamento, en la que tiene un conflicto de orden interno que debe solucionarlo como comunario; ya que, fue autoridad durante la gestión 2024 y debe rendir cuentas a la citada comunidad; y,
  3. iii)Si los accionantes quieren tener su personería jurídica, como área rural, pueden hacerlo sin problemas siguiendo el trámite ante la gobernación.

Asimismo, ante la pregunta efectuada por la Jueza de garantías, se consultó a las autoridades hoy accionadas si el Corregidor ahora coaccionado, cumplió con todos los requisitos conforme a la convocatoria, respondiendo el abogado del actual Gobernador hoy coaccionado que la credencial fue firmada solamente por el Delegado Provincial ahora coaccionado, no así por el entonces Gobernador hoy accionado, seguramente verificaron el cumplimiento de los requisitos; empero, no le consta al referido actual Gobernador, razón por la cual debió convocarse al anterior delegado provincial. La comunidad Campesina "Bolívar" del señalado departamento, no podría considerarse que fue creado con la resolución suprema del proceso de saneamiento, por el contrario la personería jurídica de la citada comunidad es anterior al conflicto, siendo una sola para ambas zonas urbana y rural, si pretenden tener su propia personería jurídica pueden realizar el trámite de obtención de personalidad jurídica en la Gobernación o a través de la vía municipal con el trámite de urbanización del área urbana.

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