Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2561/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 69099-2024-139-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 002/2024 de 30 de octubre, cursante de fs. 110 a 114, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Félix Chipana Blanco contra Mabel Jacqueline Caba Castro, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera de Yacuiba del departamento de Tarija y José Gustavo Valeriano Poma, Fiscal de Materia.
I. OBJETO PROCESAL
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración objetiva de la prueba; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia sexual comercial, el 18 de julio de 2024, solicitó la cesación a su detención preventiva y la imposición de medidas sustitutivas, al tener nueva prueba para desvirtuar los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, misma que fue rechazada por Auto Interlocutorio 297/2024 de 18 de julio, sin una correcta valoración de la prueba, sobre la base de hechos inexistentes y subjetivos, decisión que fue apelada y resuelta por Auto de Vista 176/2024-SP1 de 2 de agosto, confirmando el referido Auto Interlocutorio, sin una valoración integral de la prueba aportada, y sin la debida motivación y congruencia. Agrega que, solicitó al Fiscal de Materia -codemandado- se emitan requerimientos fiscales a fin que las funcionarias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yacuiba del departamento de Tarija, realicen informes sobre la base de las recomendaciones emitidas por la psicóloga, lo que implica un trabajo de seguimiento y no así de participación de la víctima; sin embargo, dicha petición fue rechazada por providencia de 25 de julio de 2024, con el argumento de evitar una supuesta revictimización, empero, en ningún momento se pidió que la menor víctima sea sometida a nuevas valoraciones, rechazo sobre el cual se solicitó el control jurisdiccional correspondiente.
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