Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2574/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 61616-2024-124-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 03/2024 de 11 de enero, cursante de fs. 227 a 229, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Carlos Gomez Santivañez y Jesus Chavez Cuellar en representación legal de NN por sí y en representación del menor de edad AA contra Jacquelin Pena Sarabia, Jueza Pública Civil y Comercial Decimaquinta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memorial presentado el 9 y 15 de noviembre de 2023, cursante de fs. 101 a 111 y 117 a 121 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ejecutivo instaurado por el Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) -hoy tercero interesado- en contra de Erwin Rafael Henicke Estenssoro -ahora tercero interesado-, en el Juzgado Partido Civil y Comercial Décimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se emitió la Sentencia Inicial de 20 de mayo de 2019, que ordenó el pago de lo adeudado, ordenando en consecuencia, el remate de los bienes embargados o por embargarse que se acrediten ser de propiedad del hoy tercero interesado; posteriormente, ahora tercero interesado -Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.)-, procedió a realizar una "NOTIFICACION AL EJECUTADO completamente irregular ya que lo llega a notificar con la demanda y sentencia en SECRETARIA DEL JUZGADO..." (sic); seguidamente, se suspendió el proceso quedando archivado.
El 15 de septiembre de 2021, el Banco de Crédito ahora tercero interesado presentó memorial de solicitud de ejecutoria de Sentencia y consiguiente remate; sin embargo, sus personas ya eran dueños legítimos del bien inmueble objeto de subasta, inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matricula computarizada 7.10.2.01.0005661, con 3 211 m² y ubicado en la provincia Obispo Santistevan del departamento de Santa Cruz; y a pesar de ello no fueron notificados a objeto de asumir defensa.
El embargo de 9 de febrero de 2022, los mencionan como ejecutados sin que lo sean; por lo que, ese acto es nulo de pleno derecho; asimismo, el Banco de Crédito hoy tercero interesado, ante el conocimiento sobre la existencia de los nuevos propietarios, solicitaron que se notifique a los mismos, pedido que fue denegado por la Jueza ahora accionada, ocasionando con ello que queden en un estado de indefensión al no tener conocimiento de la tramitación del proceso; más aun, tomando en cuenta que uno de los propietarios es menor de edad, lo que debió ser tomado en cuenta para ordenar que la subasta y remate posterior sea con la debida autorización de un Juez Público de Familia, tal como moduló la .
Ante esa situación, el 13 de agosto de 2023 -lo correcto es 18- plantearon incidente de nulidad de obrados por actividad procesal defectuosa y vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales solicitando a la Jueza hoy accionada que anule obrados hasta tramitar el proceso de manera legal; empero, de manera infundada e inmotivada fue rechazado por Auto Interlocutorio de 13 de septiembre de igual año, emitido por la referida Jueza quien no resolvió todos los puntos cuestionados; por ello, presentaron recurso de apelación, el cual de acuerdo a los antecedentes del proceso no fue tramitado de manera legal; ya que, el memorial nunca fue resuelto dentro de los plazos establecidos por ley; y al contrario siguió dando curso a los memoriales presentados por el Banco de Crédito ahora tercero interesado a efectos de tramitar la subasta y remate del bien inmueble, incluso se llegó a adjudicar a la entidad bancaria ejecutante, vulnerando sus derechos.
1.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, vinculados con los derechos a la igualdad, acceso a la justicia y legalidad; citando al efecto los arts. 26, 115.II, 119, 232 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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