Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2745/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 69568-2024-140-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 32/2024 de 6 de diciembre, cursante de fs. 69 a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maritza Margot Parrado Romero contra Luis Fernando García Mamani, Juez; y, Mauricio Flores Zabala, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
I. OBJETO PROCESAL
La accionante, por memorial presentado el 5 de diciembre de 2024, cursante a fs. 1 y 54 a 58 vta., denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de concusión, el 11 de noviembre del citado año, se le impuso medidas cautelares personales, presentando la documentación requerida para su cumplimiento pese a las diferentes observaciones de los oficios; no obstante, al no contarse con efectivos policiales para la custodia, el primer día de la vacación judicial, pretendió modificar el "régimen" cautelar, pero la Gestora de Procesos le informó que el expediente no se remitió al Juzgado de turno, evidenciándose que el Juez y Secretario demandados incumplieron la Circular 09/2024 de 19 de noviembre, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; además, la autoridad debió pronunciarse sobre la imposibilidad de contar con custodia policial, conforme prevé el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, solicita se ordene a la autoridad demandada que, en el día, instruya la remisión de su expediente al Juzgado de turno; y, que el Secretario codemandado cumpla con dicha remisión; asimismo, se les llame severamente la atención, declarando la responsabilidad civil, penal y administrativa; y, se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura y Ministerio Público.
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