Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 3117/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 71544-2025-144-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 2/2025 de 26 de septiembre -siendo lo correcto febrero-, cursante de fs. 17 vta. a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Federico Pinaya Céspedes contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
I. OBJETO PROCESAL
Por memorial presentado el 25 de febrero de 2025, cursante a fs. 1 y de fs. 8 a 11 vta., el accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción y seguridad jurídica; arguyendo que, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples, el 19 de igual mes y año, después de ser aprehendido, se llevó a cabo, la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que se dispuso que cumpla detención preventiva en el Centro Penitenciario de Quillacollo de Cochabamba, sin considerar que al tener setenta y un años de edad no podía determinarse esa medida cautelar extrema; es así que, en dicho actuado procesal, su defensa planteó recurso de apelación incidental en mérito a lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, no obstante de las incongruencias incurridas por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba en la Resolución que emitió, a la fecha de formulación de la acción de libertad, no se remitieron los actuados ante la Sala Penal de turno a efectos de que se lleve la audiencia de apelación incidental.
Por otra parte, alega que el 20 de diciembre de 2024, el Ministerio Público presentó acusación formal, según sistema del Juzgado referido; por lo que, la Jueza demandada debió declararse incompetente para conocer la audiencia de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, desconociendo la prohibición establecida en el art. 232.4 del CPP, determinó imponerle la medida extrema de detención preventiva, cuando correspondía aplicarle otras medidas sustitutivas a la detención preventiva que aseguren su presencia en el proceso. Por ello pide se conceda la tutela, y se ordene a la autoridad judicial demandada, dé cumplimiento a lo establecido en el art. 232.4 de la norma adjetiva penal debiendo dictar una nueva Resolución acorde a normativa legal; y, que, en el día remita la apelación incidental a la Resolución de 19 de febrero de 2025, que dispuso su detención preventiva.
María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en informe cursante a fs. 16, señaló que, la apelación incidental a la Resolución en la que se determinó la detención preventiva del accionante, fue remitida dentro del término de ley, recayendo en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por lo que, no existe lesión de derechos, puesto que, según informe verbal del Secretario, la parte apelante recién el 25 de febrero de 2025, proveyó los recaudos para el cuaderno de apelación, además de que pese a la excesiva carga laboral de su Juzgado, se dio cumplimiento a la remisión.
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