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TCP

3461/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de octubre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 3461/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 3461/2026-S1 Sucre, 5 de octubre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 69926-2025-140-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 310/2024 de 18 de diciembre, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Virginia Mejía Martínez en representación sin mandato de Sandro Cordero Luna contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de La Asunta del departamento de La Paz; y, Juana Balvina Fernández Vargas, María Isabel Cordero Fernández y Melvi Cordero Fernández.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido en su contra; mediante Resolución 17/2020-f de 20 de mayo de 2021, se aprobó y homologó un acuerdo de asistencia familiar; posteriormente, se practicó una liquidación por Bs29 000.- (veintinueve mil bolivianos), aprobada mediante Auto de 25 de agosto de 2021, emitiéndose mandamiento de apremio contra el accionante; ante lo cual, planteó incidente de nulidad de obrados, cuestionando la continuidad de la obligación respecto de las beneficiarias y la falta de consideración de trece depósitos judiciales efectuados por un total de Bs6 850.- (seis mil ochocientos cincuenta bolivianos); asimismo promovió demanda de cesación de asistencia familiar, cuya resolución permanece pendiente pese a que la autoridad judicial dispuso el ingreso de obrados a despacho para resolver; además que, no obstante de encontrarse pendiente dicha demanda, se aprobaron nuevas liquidaciones y, el 16 de abril de 2024, se expidió mandamiento de apremio en su contra, encontrándose privado de libertad; que la autoridad judicial omitió valorar documentación destinada a acreditar la improcedencia de la asistencia familiar respecto de las beneficiarias; por lo que solicitó se conceda la tutela y se disponga su libertad inmediata, así como la resolución de la demanda de cesación de asistencia familiar y de las observaciones formuladas a las liquidaciones.

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