Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 3577/2026-S1 Sucre, 5 de octubre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad:
Expediente: 70236-2025-141-AL Departamento: Potosí
En revisión de la Resolución 08/2024 de 31 de diciembre, cursante de fs. 97 vta. a 104 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilber Reynaldo Espinoza Isnado, Marco Antonio Ramos Alfaro, Eber Albaro Mamani Delgado, Mendewil Veliz Alizar y Victor Ruiz Arce contra Ernesto Catacata Conde, Corregidor Autoridad Originaria de la comunidad de Quiriza del Municipio de Tupiza del departamento de Potosí; José David Arce Flores, Oscar Rodriguez, Jhimy Contreras, Ivan Flores Martinez, Adolfo Flores, Juan Carlos Cano, Antolina Flores, Alicia Rodriguez, Emanuel Martinez, Hipolito Flores y Jhony Vaquera Blanco todos Comunarios de Quiriza del señalado municipio y departamento.
I. OBJETO PROCESAL
Los accionantes, por memorial presentado el 31 de diciembre de 2024, cursante a fs. 1 y 22 a 28, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, libre locomoción y al debido proceso, como también haber sido víctimas de amenazas contra su vida e integridad personal, por parte de los demandados; debido a que, a raíz de una acción de amparo constitucional interpuesta por Victor Ruiz Arce, sobre un caso de derecho propietario, para la sustanciación de la audiencia probatoria, el 27 de noviembre de 2024, se trasladaron a la comunidad de Quiriza juntamente con la Jueza, el Secretario y la Oficial de Diligencias quienes se constituían en instancia de garantías; en el desarrollo de la audiencia, ante la suposición de una eventual tutela dentro de la acción, los comunarios se organizaron y les tomaron como rehenes tanto a la autoridad y funcionarios judiciales, como a sus personas, solicitando a la autoridad judicial que se reconozca el cincuenta por ciento del valor del bien inmueble en cuestión a favor de la comunidad, vertiendo amenazas de aplicar justicia comunitaria y atentar contra sus vidas, sin dejarlos retirarse del lugar, cercando los caminos y las rutas de salida, sometiéndolos a una restricción de poderse movilizar, comunicar, llamar a la policía, alimentarse y abrigarse; al lograr escapar, la autoridad judicial y sus dependientes, obligaron a los accionantes a firmar actas en las que se comprometen a no asumir más acciones judiciales respecto al bien inmueble en disputa y a ceder o reconocer dicho bien a favor de la comunidad.
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