Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 3619/2026-S1 Sucre, 5 de octubre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 70406-2025-141-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 18/2024 de 15 de noviembre, cursante de fs. 81 vta. a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Junior Vargas Ulloa en representación sin mandato de Lidio Gonzáles Álvarez contra Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Séptimo; Williams Gerardo Escalante Cabrera, Juez Público Civil y Comercial Decimosexto; y, Elsa Digna Padilla Balcázar, ex Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Octava, todos de la Capital del departamento de Santa Cruz; Cándido Blanco Choque, Fiscal de Materia; Juan Luis Flores Huanca, Fuat Camacho Ticona y Williams Gutiérrez García, funcionarios policiales del Comando Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz; y, Jenny Catalina López López, Carlos Julián Cárdenas Rojas, Ángel Esteban Castellanos Costas e Ivés Padilla Balcázar.
I. OBJETO PROCESAL
El accionante, a través de su representante, por memorial presentado el 14 de noviembre de 2024, cursante de fs. 1 a 25 vta., -aunque de forma confusa y desordenada, entremezclando una multiplicidad de hechos y circunstancias- denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, acceso a la justicia, inviolabilidad de domicilio, ejercicio de actividades empresariales, vida digna y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros; el Juez de Instrucción Penal demandado, autorizó el allanamiento y registro de su domicilio; por lo que el 13 de noviembre de 2024 a horas 17:00 el Fiscal de Materia y funcionarios policiales -codemandados- allanaron el bien inmueble ubicado en la zona noreste, en la "UV: PSU-5, Manzana 4 y Manzana 4-A, sobre la Av. La Salle (Radial 25) entre calle Pinpim y calle Tordo 100" de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mismo que es ocupado y habitado por personas naturales y jurídicas que tienen suscrito contratos de alquiler y/o anticresis con la empresa Capital Privado Inmobiliario de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), causando daño a las mismas; así también en esa actuación los funcionarios policiales codemandados, presenciaron la amenaza de Ángel Esteban Castellanos Costas y Milton Melgar Sosa contra su persona, señalando que iban a manipular el proceso investigativo para privarle de su libertad -meterlo en la cárcel-, notificándole con una citación; asimismo, que le arrebataron de su mochila, cédula de identidad, poder de representante de la empresa Capital Privado Inmobiliario S.R.L. y le hackearon su cuenta de Gmail; y, que se inició la investigación con las siguientes irregularidades procesales: la empresa "Bolivia Mahogany S.R.L." no tiene derecho propietario y posesorio sobre el inmueble de Capital Privado Inmobiliario S.R.L.; se aplicó la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- en hechos ocurridos en las gestiones 2010, 2011 y 2012; se inició investigación sobre hechos investigados y concluidos; el denunciante "Bolivia Mahogany S.R.L." carece de la condición de víctima; el hecho denunciado carece de tipicidad; que el denunciante no adjuntó su poder específico que acredite su condición de representante legal y sin que su persona tenga participación en las falsedades de documentos. Conforme esa amplia dimensión de reclamo, solicitó la nulidad del requerimiento de 2 de agosto de 2023, y de las órdenes de allanamiento e ilícitas órdenes de aprehensión contra trabajadores, funcionarios y de los representantes de las quince personas naturales y jurídicas que tienen relación patrimonial con Capital Privado Inmobiliario S.R.L.; se remita antecedentes disciplinarios contra el Fiscal de Materia y funcionarios policiales demandados; y, la devolución de sus pertenencias.
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