Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 3707/2026-S1 Sucre, 5 de octubre de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 70575-2025-142-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 465/2024 de 15 de diciembre, cursante de fs. 202 a 204 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por John Saul Estaca Apaza en representación sin mandato de David Pablo Flores Peralta, Luis Vladimir Alejo Gómez, Cesar Gómez Nina, José Santos Ramos Roque, Jhonathan Sullca Condori y Valentín Condori Arenas contra Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz; y, Alfredo Juan Chuyma Quispe, Fiscal de Materia.
I. OBJETO PROCESAL
Los accionantes, a través de su representante, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2024, cursante de fs. 170 a 177, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso vinculado a los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, fueron denunciados penalmente por hechos supuestamente ocurridos en la localidad de Chuspipata; inicialmente el inicio de investigaciones se realizó por el presunto delito de secuestro; sin embargo, sin ninguna ampliación de investigación todos los actos investigativos realizados por el Fiscal de Materia son por el presunto delito de avasallamiento en área minera, apartándose de esta manera del procedimiento establecido por la norma procesal penal; asimismo, de forma extraña dio curso a una formalización de denuncia a favor de Pablo Gómez Coyo en condición de víctima, pese a ser otro el representante legal de la Cooperativa Flor de Nueva Esperanza de Responsabilidad Limitada (R.L.); y, en cuanto al Juez que asumió el control jurisdiccional del caso, este en lugar de velar los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales en la tramitación de la causa, omitió realizar el control jurisdiccional, admitiendo una imputación formal por el presunto delito de avasallamiento de área minera, aceptando de manera implícita una ampliación del tipo penal referido, lo que deviene en un indebido procesamiento, tomando en cuenta que el inicio de la investigación penal fue por el presunto delito de secuestro.
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