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TCP

3999/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de octubre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 3999/2026-S1

Proceso
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Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 3999/2026-S1 Sucre, 5 de octubre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 71527-2025-144-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 04/2025 de 11 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Reynaldo Choque Mamani contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Novena de la Capital del departamento de La Paz; Alfredo Juan Chuyma Quispe e Israel Ángel Zapana Mendoza, ambos Fiscales de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, por memorial presentado el 7 de febrero de 2025, cursante a fs. 1 y 20 a 22 vta., denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por la presunta comisión del delito de robo agravado, se genera una dilación indebida en la tramitación de su solicitud de procedimiento abreviado, encontrándose con detención preventiva dispuesta mediante Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2024; presentó solicitudes de procedimiento abreviado ante la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Novena de la Capital del departamento de La Paz, el 30 de diciembre de 2024 y 28 de enero de 2025, sin obtener respuesta oportuna; asimismo, efectuó solicitudes ante los Fiscales de Materia Israel Ángel Zapana Mendoza, el 30 de diciembre de 2024, 5 y 20 de enero de 2025, y Alfredo Juan Chuyma Quispe, el 3 de febrero de 2025, sin que se hubiera dado curso a su pretensión; pese a las gestiones realizadas por su abogado y sus asistentes, las autoridades demandadas demoran injustificadamente en la resolución de su situación jurídica, afectando su derecho a la libertad; por lo que solicitó se disponga que de manera inmediata la consideración de la salida alternativa y la emisión de la resolución de procedimiento abreviado, declarando la existencia de dilación indebida en la resolución de su situación jurídica.

Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Novena de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que: La última solicitud de procedimiento abreviado presentada por el accionante ante su despacho fue el 28 de enero de 2025, respecto de la cual se dispuso que acudiera ante el Ministerio Público, al tratarse de una salida alternativa que requiere requerimiento conclusivo fiscal; por ello, sostuvo que no cuenta con legitimación pasiva, toda vez que corresponde a dicha instancia realizar la investigación, reunir los elementos probatorios y emitir el requerimiento respectivo, mientras que el órgano jurisdiccional interviene una vez presentado aquel para su consideración en audiencia; asimismo, que en el proceso existen cuatro imputados y varias víctimas, y que la audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2024, oportunidad en la que se fijó un plazo de tres meses de detención preventiva, por lo que, a su criterio, no existía procesamiento indebido ni privación arbitraria de libertad; que, en el marco del instructivo emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para las jornadas de descongestionamiento, se estableció un cronograma para la atención de personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, previsto del 17 al 27 de febrero de 2025, habiéndose señalado incluso, antes de su notificación con la presente acción de libertad, día y hora para la consideración de una posible salida alternativa dentro del referido proceso penal del accionante -añadió que, respecto de otro coimputado, Henry Zamora, quien también solicitó procedimiento abreviado, se presentó la petición el 9 de diciembre de 2024 y su despacho dispuso que acudiera ante el Ministerio Público, al tratarse de una solicitud conclusiva; posteriormente, el requerimiento fiscal de procedimiento abreviado fue presentado el 13 de diciembre de 2024, dentro de plazo, y fue considerado y resuelto por el órgano jurisdiccional-; ante la consulta del Juez de garantías respecto a si el accionante había efectuado algún reclamo ante su despacho por la falta de pronunciamiento de los Fiscales de Materia demandados, sobre las solicitudes de procedimiento abreviado, manifestó que no existió reclamo alguno ante su autoridad, conforme a los antecedentes del cuaderno procesal remitido.

Alfredo Juan Chuyma Quispe, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, señaló que: Asumió conocimiento de la causa en sustitución del Fiscal de Materia Israel Ángel Zapana Mendoza; el accionante presentó solicitud de procedimiento abreviado el 30 de diciembre de 2024, ante la cual el entonces Fiscal de Materia dispuso: "se tiene presente y se requerirá lo que en derecho corresponda"; posteriormente, presentó nueva solicitud el 19 de enero de 2025, respondida mediante decreto de 20 de enero de 2025, disponiendo que el solicitante se atenga al decreto de 7 de enero de 2025 y al cuaderno de investigaciones; asimismo, respecto a la solicitud efectuada el 20 de enero de 2025, se emitió decreto de 21 de enero de 2025, señalando que el impetrante debía estarse al decreto de 20 de similar mes y año, sin perjuicio que el investigador asignado informe sobre los actos investigativos pendientes; hasta la fecha de la audiencia, dicho informe no había sido presentado, siendo necesario para determinar la existencia de elementos suficientes para emitir el requerimiento de procedimiento abreviado; asimismo, sostuvo que las solicitudes fueron atendidas mediante decretos y que el accionante no precisó qué derecho habría sido vulnerado; conforme a la Resolución de Imputación Formal de 5 de diciembre de 2024, emitida a raíz de una acción directa, los imputados Jesús Reynaldo Choque Mamani, Janeth Yovana Ochoa, Marcelo Ramiro Callisaya y Henry Zamora Limachi fueron formalmente imputados, encontrándose, a la fecha de la audiencia, dentro del plazo de investigación, que alcanzaba aproximadamente a dos meses y cinco días. La , señala que la formulación del procedimiento abreviado constituye una facultad del Ministerio Público, en función de los resultados de la investigación, y que dicha salida alternativa implica un requerimiento conclusivo con contenido acusatorio; por lo que, previamente deben reunirse elementos suficientes para sustentarla; el art. 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que el Fiscal de Materia podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado; por lo que, no existe obligación de emitirlo ante toda solicitud del imputado, siendo además necesario el acuerdo entre el Ministerio Público, el imputado y su defensa, extremo que, a su criterio, no se acreditó en el caso; y, la investigación aún se encontraba dentro del plazo legal, considerando que se trataba de cuatro imputados y varias víctimas, por lo que resultaba necesario continuar con los actos investigativos para establecer su participación y contar con elementos suficientes. Al no haberse demostrado lesión del derecho a la libertad, ni legitimación pasiva, solicitó se deniegue la tutela.

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