Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 3 de marzo de 2026
Expediente: 81700-2026-164-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 13/2026 de 5 de febrero, cursante de fs. 59 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pablo Antonio Guzmán Carreño contra Rubén Alavia Arteaga, Juez de Sentencia de Violencia contra la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Potosí.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentado el 2 de febrero de 2026, (vía buzón judicial), cursante de fs. 44 a 55 vta., el accionante manifestó, que dentro del proceso penal seguido por María Elena Zarate Arancibia contra su persona, el Juez ahora demandado declaró infundada su excepción de cosa juzgada mediante Auto de 30 de julio de 2025 y la excepción a la réplica y dúplica fue denegado por decreto de igual mes y año, dentro del proceso acumulado con Código Único de Denuncia (CUD) 501102012001453, por el delito inexistente de violencia familiar; en el que, interpuso reserva de recurrir en apelación restringida, sin que pueda asumir defensa inmediata a sus derechos conculcados.
A través, de Auto de 30 de julio y decreto de 30 de igual mes de 2025, el Juez demandado declaró infundado la excepción de cosa juzgada, con evidente motivación arbitraria e insuficiente, sin fundamento, incongruente, valoración defectuosa de la prueba, sin sana critica con afirmaciones contrarias a la lógica, solo se repitió lo solicitado por el Ministerio Público y del abogado del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima de (SEPDAVI), dejándole en estado de indefensión vulnerando sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, contra el Auto de 30 de julio de ese año, hizo reserva de recurrir en apelación restringida.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en su vertiente de falta de fundamentación, motivación y congruencia a la legalidad, a la verdad material, a la razonabilidad, a la igualdad y a la probidad; citando al efecto los arts. 13. IV, 14. IV, 115.II, 117.I, 119.I, 180, 256.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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