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TCP

83678/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
4 de mayo de 2026
Resumen del caso

Auto 83678/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

Sucre, 4 de mayo de 2026

Expediente: 83678-2026-168-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Tarija

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija demandando la inconstitucionalidad de la Ley de Salud Mental en el Marco de Derechos Humanos del departamento de Tarija -Ley Departamental 493 de 24 de octubre de 2024- y normas conexas; por ser presuntamente contraria a los arts. 272, 277, 297.I.3., 298.II.17. y 299.II.2. y 410.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado y recepcionado el 22 de abril de 2026, en la Unidad de Coordinación Departamental de Tarija, cursante de fs. 15 a 20; posteriormente, ingresó a Secretaría de este Tribunal Constitucional Plurinacional el 24 de igual mes y año; siendo recepcionada en la Comisión de Admisión el 27 de idéntico mes y año, el accionante manifestó que, el 30 de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija sancionó la Ley Departamental 493, que fue remitida con Nota PRES/SEG 2017/2024-2025 a ese Gobierno Autónomo Departamental, para su promulgación; normativa que, fue observada a través de la nota GADT/DJ/jpba/jimp/acl/ 0895/2024 y "recibida el 17 de octubre de 2024", observando la citada Ley; siendo que, en materia de salud los Gobiernos Autónomos Departamentales tienen competencias concurrentes, el art. 297 de la CPE, que dispone que las facultades reglamentarias, ejecutivas y legislativas que corresponden al nivel central del Estado, norma impugnada que sería incompatible con la Norma Suprema, al sobrepasar las facultades del poder ejecutivo; motivo por el cual, dicha Ley resulta inconstitucional.

La Ley Departamental 493 impugnada tiene por objeto implementar un sistema integral que planifique y promueva políticas públicas referentes a la salud mental en Tarija; sin considerar que, los gobiernos autónomos departamentales solo cuentan con competencias concurrentes definidas en el art. 297. I.3 de la CPE; y, en materia de salud, dicha competencia se encuentra prevista en el art. 299 .III.2 de la Ley Fundamental; además que, las competencias concurrentes corresponden a la legislación del nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente la facultad reglamentaria y ejecutiva; la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene la facultad legislativa de carácter nacional, y las entidades territoriales autónomas tienen la obligación de ejercer facultades de reglamentar y ejecutar las normas nacionales.

La Ley impugnada pretende legislar sobre la materia de salud, cuando los arts. 299. II.3 de la Norma Suprema y 8.III de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, dispone que dicha competencia es concurrente, en relación a la salud, resalta que los Gobiernos Autónomos Departamentales únicamente tienen la facultad de reglamentar y ejecutar.

Finalmente, al amparo de los arts. 9 y 24. I.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó medidas cautelares con el fin de procurar y resguardar la Norma Suprema y el principio de seguridad jurídica; y, la suspensión de la Ley Departamental 493 y sus normas conexas, hasta que se resuelva la presente acción de inconstitucionalidad abstracta.

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