Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 20 de enero de 2026 Expediente: 76536-2025-154-??? Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Sandra Paz Méndez, Diputada Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad del art. 58.1 inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018-, que establece: (CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA) "No haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron" (sic); por ser presuntamente contrario a los arts. 1, 11, 13.IV, 14, 21.3 y 6, 26, 109, 209, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN 1.1. Argumentos jurídicos de la acción Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2025 y remitido a la Comisión de Admisión el 16 de igual mes y año, cursante de fs. 39 a 45 vta., la accionante señaló los siguientes cargos de una presunta inconstitucionalidad: Refirió que, el artículo impugnado vulnera derechos y garantías, así como:
- a)El principio de proporcionalidad, debido a que la sanción de perder la personería jurídica por no llegar al 3%, es desproporcionada, pues un mal resultado electoral, no necesariamente debería significar la desaparición de un proyecto político;
- b)El pluralismo político, por considerar que la restricción puede limitar la diversidad de organizaciones y favorecer a la concentración en partidos grandes, debilitando la representación de minorías; y,
- c)Los derechos colectivos, que no solo afectan a la organización política, sino a todos los ciudadanos que deciden militar y participar en ella; en consecuencia, la exigencia del 3% mínimo de votación vulnera los arts. 21, 26 y 209 de la CPE. A efecto de realizar observaciones comparativas clave que cada modelo aporta, desarrolla normas electorales de otros países, estableciendo lo siguiente:
- 1)Umbral porcentual con pérdida de personería (modelo boliviano/ peruano en su versión): "Efecto: elimina la personería jurídica del partido si no alcanza cierto % (Bolivia 3%: Perú: umbrales superiores en ciertas disposiciones). Riesgo constitucional: puede considerarse medida abrupta que restringe derechos de asociación y participación política" (sic);
- 2)Cláusula de desempeño (modelo brasileño) "Efecto: condiciona beneficios públicos (fondo partidario, franja electoral) a umbrales: no siempre produce pérdida automática del registro. Ventaja: menos drástica-desincentiva la fragmentación con una sanción económica/pública en lugar de desaparición" (sic);
- 3)Regulación administrativa/procedimental (modelo argentino/chileno) "Efecto: caducidad ligada a incumplimientos organizativos o procesales (falta de internas, inacción administrativa, incumplimiento de informes). Ventaja: protege pluralismo y la continuidad organizativa, sanciona faltas formales sin extinguir de plano la pluralidad" (sic). Con base a las observaciones comparativas, alegó la vulneración constitucional del articulo impugnado, refiriendo que:
- i)El derecho a la participación política y pluralismo, principios constitucionales que protegen la libre organización y la participación democrática, una sanción que extingue la personería por un umbral puede vulnerar ese núcleo, y el de los afiliados y simpatizantes a organizase políticamente;
- ii)El principio de proporcionalidad y razonabilidad, el exigir pérdida total de personería por un resultado electoral bajo, puede ser desproporcionado, se debe analizar si la norma persigue un fin legítimo y si la medida es apta, necesaria y menos gravosa y si existen alternativas menos lesivas, por ejemplo limitar el acceso a financiamiento pero mantener registro, la sanción sería inconstitucional por no ser la menos restrictiva;
- iii)La igualdad y no discriminación, si la norma impacta desproporcionadamente a partidos de minorías, regiones o que representan a grupos vulnerables, puede invocarse la vulneración del principio de igualad política;
- iv)Debido proceso y garantías administrativas, verificar si la ley y el procedimiento para cancelar personería, garantizan defensa, motivación y recursos efectivos, como plazo para subsanar, notificación, impugnación ante el órgano jurisdiccional competente. Si el procedimiento es automático o carente de garantías, hay margen para reclamo por vulneración procesal; y,
- v)Proporcionalidad frente al mandato constituyente del pluralismo, la experiencia comparada (Brasil optó por gravar beneficios; Argentina/Chile priorizan controles organizativos) puede utilizarse para sostener que la extinción de personería no es necesaria ni la práctica más aceptada en la región para alcanzar fines legítimos. Finalmente, señaló que, la sanción de pérdida de personería jurídica vulnera los derechos fundamentales como: a) El de participación política, que no solo se ejerce individualmente, sino a través de partidos políticos, si un partido pierde su personería, sus militantes quedan privados del vehículo jurídico necesario para competir electoramente; b) De asociación con fines políticos, la extinción de un partido elimina la posibilidad de que los ciudadanos asociados continúen ejerciendo sus derechos políticos de manera organizada. Esto equivale a sancionar a toda la colectividad por un resultado electoral circunstancial; c) El principio de pluralismo democrático; la democracia boliviana se sustenta en la pluralidad de opciones políticas. La pérdida de personería restringe artificialmente la diversidad política, afectando el pluralismo como valor esencial del Estado; y,
- d)El principio de igualdad, porque se genera una discriminación indirecta contra organizaciones minoritarias o emergentes que no tienen las mismas condiciones de competencia frente a partidos grandes, limitando la igualdad de oportunidades en la vida política. En el OtrosÍ 1º del mencionado escrito, solicitó como medida cautelar que se "ORDENE AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEJE SIN EFECTO CUALQUIER RESOLUCIÓN DE SU SALA PLENA QUE DISPONGA LA PERDIDA DE PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE NO HUBIESEN ALCANZADO EL 3% en las últimas elecciones, esto en tanto y en cuanto no se resuelva la causa principal de la presente acción normativa, medida cautelar que busca preservar derechos políticos establecidos en la Norma Suprema. I.2. Petición Solicita se admita la presente acción de inconstitucionalidad abstracta y se dicte sentencia declarando "LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART 58 PARÁGRAFO I INCISO B DE LA LEY 1096, DENOMINADA 'LEY DE ORGANIZACIONES POLITICAS" (sic) y se determine su expulsión del ordenamiento jurídico boliviano vigente. I.3. Trámite procesal Mediante Decreto Constitucional de 17 de septiembre de 2025 (fs. 46), se suspendió el plazo por solicitud de documentación complementaria ante la carencia de elementos para analizar la acción tutelar interpuesta, y una vez enviada la misma, se dispuso la reanudación del plazo por Decreto Constitucional de 16 de enero de 2026 (fs. 48), que fue notificado a las partes en igual fecha (fs. 49) en mérito a ello el presente Auto Constitucional se pronuncia dentro de plazo. II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIÓN II.1. Marco normativo constitucional y legal De acuerdo a lo previsto por el art. 196.1 de la Norma Suprema, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución Política del Estado y ejerce el control de constitucionalidad. Por su parte, el art. 73.1 del Código Procesal Constitucional (CPCO), dispone que las acciones de inconstitucionalidad podrán ser: "Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales" (las negrillas son nuestras). A su vez, el art. 74 de ese cuerpo normativo, otorga legitimación activa para interponer esta acción a la: "...Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de esas Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo" (las negrillas fueron agregadas). En ese orden, el control de constitucionalidad debe realizarse previo cumplimiento de los requisitos determinados en el art. 24 del CPCo, que dispone lo siguiente: "I. Las Acciones de Inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos deberán contener: 1. Nombre, apellido y generales de ley de quien interpone la acción, demanda, consulta o recurso, o de su representante legal, acompañando en este último caso la documentación que acredite su personería. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata. 2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción o recurso, cuando así corresponda. 3. Exposición de los hechos, cuando corresponda. 4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado (las negrillas son agregadas) 5. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares. 6. Petitorio. II. Las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, atribuciones, consultas y recursos, requerirán el patrocinio de abogado" Asimismo, el art. 27.II del referido Código, desarrolla las causales de rechazo, en los siguientes casos: "a) Cuando concurra la cosa juzgada constitucional. b) Cuando sea presentada de manera extemporáneamente en los casos que así corresponda, o c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo" (las negrillas nos corresponden). II.2. Sobre la debida fundamentación en las acciones de inconstitucionalidad abstracta Sobre el particular, la , refiriéndose a los cargos de inconstitucionalidad que deben ser cumplidos, mencionó que: "Sin embargo, para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda pronunciarse en el fondo de las acciones de inconstitucionalidad en general, el accionante deberá cumplir con una carga argumentativa jurídico constitucional, la cual estará basada principalmente: En el deber de señalar la norma jurídica contraria a la Norma Suprema (art. 132 de la CPE); sin embargo, ello no significa que se deba realizar una mera enunciación de estas disposiciones sino que deberá ser de forma fundamentada haciendo mención a los artículos, valores y principios constitucionales que violaría esta norma, también en términos claros el accionante deberá mencionar el por qué considera que el precepto objeto de la acción de inconstitucionalidad, se encuentra contrapuesta con la Ley Fundamental, hechos que deberán ser además ciertos y verificables de la lectura de la propia ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto, ordenanza denunciada y que por tal motivo considere que deban ser expulsados del ordenamiento jurídico. Planteada de esta manera, este Tribunal Constitucional Plurinacional, recién podrá advertir la existencia de un cargo de constitucionalidad susceptible de ser analizado; lo contrario, es decir simples menciones subjetivas de normas y presuntos derechos, no darán lugar a ingresar al fondo de la denuncia planteada y que por lo tanto se deba declarar su improcedencia. Lo expresado tiene relación con lo expresado por la Corte Constitucional de Colombia cuando estableció los cargos mínimos en su Sentencia C-1052/01: "Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad" >> (las negrillas nos corresponden). II.3. Análisis del caso concreto En el caso de examen, se demanda la inconstitucionalidad art. 58.1 inc. b) de la Ley 1096, que establece: (CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA) "No haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron" (sic); por ser presuntamente contrario a los arts. 1, 11,13.IV, 14, 21.3 y 6, 26, 109, 209, 256 y 410 de la CPE; 25 del PIDCP; 23 de la CADH; y, 21 de la DUDH. Conforme se tiene expresado en los Fundamentos Jurídicos II.1 y II.2 del presente fallo constitucional, la atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, es la de ejercer el control de constitucionalidad, confrontando el texto de la normativa impugnada con aquellos preceptos constitucionales que se acusan de infringidos, y en caso de verificar que existe contradicción en sus términos, se deberá proceder a la depuración del ordenamiento jurídico del Estado; labor de confrontación que debe basarse en una adecuada fundamentación jurídico-constitucional realizada por el o la accionante al momento de interponer la demanda de inconstitucionalidad, en la que se consigne de manera clara, los motivos por los que considera que una determinada norma es contraria a la Constitución Política del Estado, generando duda razonable sobre su constitucionalidad; por lo que, es importante hacer hincapié en que la admisión de la acción de inconstitucionalidad abstracta, está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre otros, el citado en el art. 24.1.4 del CPCo, cuyo incumplimiento es sancionado con el rechazo de la acción, conforme estipula el art. 27.II inc. c) del mismo Código. En ese contexto, de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se verificó que Sandra Paz Méndez, Diputada Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplió con el requisito previsto por el art. 24.1.1 del CPCo; al señalar sus generales de ley y acreditar su legitimación activa para interponer la presente acción normativa, conforme lo exige el art. 74 del citado Código, adjuntando copia legalizada de su Credencial otorgada por el Tribunal Supremo Electoral (fs. 2); sin embargo, de la lectura del memorial que en su contenido resulta ambiguo, sin bien identificó qué disposiciones constitucionales serían infringidas por el art. 58.1 inc. b) de la Ley 1096, el cual establece que una organización política que no alcance el 3% del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron, pierde su personería jurídica; omitió realizar la correspondiente contrastación de la norma cuya inconstitucionalidad pretende con cada uno de los preceptos constitucionales y del bloque de constitucionalidad, identificados como infringidos, mucho menos que la eventual contradicción se halle fundamentada; En el mismo orden ideas, corresponde señalar que la accionante no llegó a explicar cómo se produciría dicha contradicción, si bien señala los argumentos por los que considera inconstitucional el precepto legal cuestionado, las razones no son claras ni suficientes, limitándose a realizar una contextualización de doctrina de la legislación comprada sobre la citada normativa y al referir reiteradamente que el artículo cuestionado vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho a la participación política, que genera discriminación, para luego invocar sentencias constitucionales sobre los aludidos principios; razonamientos que no son resultado de una contrastación jurídica específica y concreta con cada precepto constitucional y del bloque de constitucionalidad a los cuales considera serían contradictorios, esgrimiendo razonamientos generales sobre la norma impugnada. De lo antes señalado, se constata que el sustento constitucional no es sólido, sumado a ello, la accionante tampoco observó los alcances de la presente acción normativa que está dirigida en caso de verificar la existencia de contradicción a la depuración del ordenamiento jurídico; y, por consiguiente, no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional Plurinacional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, -se reitera- no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas. Por lo expuesto precedentemente, no se advierte una debida fundamentación jurídico-constitucional, conforme se requiere para ingresar al análisis de fondo, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico II.2 y II 3 de este Auto Constitucional, y que genere duda razonable; puesto que no es suficiente transcribir la normativa y sentencias constitucionales, como lo ocurrido en el presente caso, sino que es imprescindible fundamentar, motivar, argumentar y justificar de manera congruente, las razones por las cuales presuntamente se vulneran principios, disposiciones o preceptos de la Ley Fundamental o del bloque de constitucionalidad, cumpliendo con la obligación de exponer cada cargo de inconstitucionalidad presumido; por lo que, no se llegó a generar duda razonable sobre la inconstitucionalidad de la disposición legal denunciada, que motivó la presente acción de inconstitucionalidad abstracta; por tales aspectos, se incumplió con lo dispuesto por el art. 24.1.4 del CPCo, en relación al art. 27.II inc. c) del mismo Código, el cual determina el rechazo de la acción de inconstitucionalidad abstracta, cuando la misma carece de fundamento jurídico-constitucional que justifique una decisión de fondo por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta no cumplió con los requisitos exigidos por el Código Procesal Constitucional. POR TANTO La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 27.II inc. c) del Código Procesal Constitucional, resuelve: RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Sandra Paz Méndez, Diputada Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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