Volver a sentencias
TCP

AC-0003-2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto AC-0003-2026-CA

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

Sucre, 20 de enero de 2026

Expediente: 80121-2025-161-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 0169/2025 de 7 de noviembre, cursante de fs. 232 a 236, pronunciada por Oscar Abel Hassenteufel Salazar, Presidente; Nancy Gutiérrez Salas; Tahuichi Tahuichi Quispe; Nelly Arista Quispe; Yajaira San Martín Crespo; y Gustavo Antonio Ávila Mercado, todos Vocales del Tribunal Supremo Electoral, por la que rechazaron promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Max Jhonny Fernández Saucedo, Jefe Nacional; y, Luis Alberto Antezana Pinaya, delegado político ambos del partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS), demandando la inconstitucionalidad del art. 58.1 inc. b) de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) -Ley 1096 de 1 de septiembre de 2018-, por ser presuntamente contrario a los arts. 21, 26, 209 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2025, cursante de fs. 202 a 231, los accionantes cuestionan la constitucionalidad del art. 58.1 inc. b) de la LOP, el cual, prevé la cancelación de la personalidad jurídica de aquellos partidos que no alcancen al menos el tres por ciento (3%) de los votos válidos en elecciones nacionales. Al efecto, arguyen que la referida disposición es una medida desproporcionada y regresiva que vulnera el derecho a participar libremente en la vida política y en la formación del poder público, garantizados por los arts. 21 y 26 de la CPE. Alegan que, la pérdida de personería jurídica como efecto del incumplimiento de tal disposición, no solo restringe el derecho de asociación política, sino que, también afecta el sufragio activo y pasivo al limitar las opciones de elección de los ciudadanos.

Fundan su pretensión en la transgresión de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y pluralismo político, señalando que, el umbral del tres por ciento (3%) atenta contra la supremacía constitucional prevista por el art. 410 de la Norma Suprema, al imponer una sanción administrativa que extingue un proyecto político legítimo basándose únicamente en un resultado electoral, favoreciendo la concentración del poder en partidos "grandes" y debilitando la representación de minorías. En ese sentido, invocan el bloque de constitucionalidad, citando tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para sostener que, cualquier restricción a los derechos políticos debe ser necesaria y mínimamente lesiva, condiciones que, según sostienen, no cumple la norma impugnada.

I.2. Respuesta a la acción

No cursa traslado de la acción de inconstitucionalidad concreta planteada.

I.3. Resolución del Tribunal administrativo consultante

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, por Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 169/2025 de 7 de noviembre, cursante de fs. 232 a 236, rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, por manifiesta improcedencia; sin embargo, dispuso como medida cautelar, la suspensión de la emisión de la Resolución Final del trámite de cancelación de la personalidad jurídica del partido político UCS y la agrupación ciudadana MOP, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie dentro de este trámite, bajo con los siguientes fundamentos:

  1. a)Conforme al art. 132 de la CPE, la acción de inconstitucionalidad concreta requiere que la decisión final de un proceso dependa de la norma cuestionada, correspondiendo analizar el art. 58.1 inc. b) de la LOP para determinar su aplicación en el procedimiento administrativo sobre organizaciones políticas;
  2. b)El artículo impugnado define las causales para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas y, faculta al Tribunal Supremo Electoral a establecer reglamentariamente la gradación de sanciones;
  3. c)El precepto legal cuestionado obliga a partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a obtener al menos el tres por ciento (3%) de votos válidos en su última elección, dicha obligación se fundamenta en la necesidad que las organizaciones políticas demuestren un respaldo popular real y reciente mediante el voto; en consecuencia, aunque no se exige mantener el número inicial de militantes, el umbral del tres por ciento (3%) es una condición ligada a su vigencia como actores políticos representativos;
  4. d)El citado tres por ciento (3%) persigue un fin constitucionalmente válido, vinculado a asegurar la estabilidad del sistema democrático, evitar la proliferación excesiva de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas sin apoyo significativo y prevenir que organizaciones políticas sin representatividad se beneficien de recursos públicos;
  5. e)Tras los resultados de las Elecciones Generales 2025, se inició de oficio la cancelación de la personalidad jurídica de Alianza "La Fuerza del Pueblo" (FP) -no precisan el vínculo de tal organización política con UCS- siguiendo el reglamento vigente y garantizando el derecho constitucional a la defensa mediante las notificaciones correspondientes;
  6. f)Aunque los accionantes citan los arts. 8, 14 y 26 de la CPE, no desarrolla una argumentación jurídica que expliquè de qué manera la norma impugnada contradice esos preceptos;
  7. g)La presente acción normativa solo procede ante una "duda objetiva y seria" sobre la constitucionalidad de la norma, reiterando que la misma es legítima para evitar la dispersión política y el uso indebido de fondos estatales por entes sin respaldo;
  8. h)Fijar un umbral de votación no vulnera el núcleo esencial de los derechos a la participación ni al pluralismo políticos; pues al contrario, se considera una regulación necesaria para la eficiencia del sistema electoral;
  9. i)Los argumentos de los prenombrados se refieren a un debate sobre la conveniencia, oportunidad o mérito de la norma; es decir, si el umbral de votos mínimo es proporcional y razonable; empero, no están orientados a demostrar de qué manera esta norma es inconstitucional; y,
  10. j)La LOP y su reglamento garantizan el derecho a la defensa y prevén mecanismos de impugnación, como el recurso extraordinario de revisión.

Mostrando 12 de 57 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional20 de enero de 2026AC-0003-2026-CAFuente oficial