Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0107/2026-RCA Sucre, 19 de marzo de 2026
Expediente: 82338-2026-165-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución de 13 de enero de 2026, cursante de fs. 196 a 197 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marta Lidia Chipana Carrillo contra Ana Isabel Cruz Mollo, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Copacabana e Iván Cernadas Miranda, Fiscal de Materia, ambos del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2025, cursante de fs. 165 a 173, la accionante manifiesta que, el proceso penal se inició el 10 de octubre de 2024, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica. Las autoridades de la Comunidad de Amacari, intervinieron oportunamente y remitieron antecedentes relevantes al Ministerio Público; sin embargo, estos no fueron valorados por el Fiscal. La autoridad judicial conminó en reiteradas ocasiones la presentación de requerimiento conclusivo; en virtud de ello, el 28 de enero de 2025 se presentó la imputación formal, y el 15 de agosto de igual año, la acusación fiscal, solicitando la imposición de la pena máxima, pese a tratarse de un conflicto de naturaleza familiar.
El 17 de noviembre de 2025, pidió declinatoria de competencia, tanto por su parte como por las autoridades comunitarias; no obstante, mediante Resolución 117/2025 de 4 de diciembre, la autoridad judicial rechazó esas solicitudes, se arrogó competencia y dispuso la prosecución del proceso, sin efectuar un análisis del conflicto de competencias jurisdiccionales. Asimismo, señala que es una mujer indígena aymara, madre de familia y residente en la Comunidad de Amacari, donde los conflictos se resuelven conforme a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC). En ese contexto, sostiene que el proceso penal tuvo origen en un conflicto de índole familiar, lo que evidencia una indebida criminalización, asi como la vulneración de los derechos al debido proceso, al juez natural y a la jurisdicción indígena. De igual manera, denuncia la falta de objetividad del Ministerio Público, configurándose la vulneración de sus derechos fundamentales.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal, a la petición, a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, a la identidad cultural y justicia propia, y, al interés superior del niño (sus hijos menores), citando al efecto los arts. 24, 30.14, 48, 48, 60, 115, 117, 119.II, 122, 179, 190, 191, 192 y 256 de la Constitución Política Del Estado (CPE)
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