Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 78309-2025-157-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 103/2025 de 21 de octubre, cursante de fs. 59 a 60, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Primera de El Alto del departamento de La Paz, por la que resuelve rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por René Eduardo Foronda Escobar, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 187.17 y 188.I.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 9.2, 21.2, 22, 46, 115, 116, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.2 y, 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 13 de octubre de 2025, cursante de fs. 40 a 55, el accionante manifiesta que, cuestiona la constitucionalidad del art. 187.17 de la LOJ, que tipifica como falta grave la omisión de excusa de jueces ante una causal de recusación, y del art. 188.I.12 de la misma Ley, que sanciona con destitución, actuar en procesos fuera de su competencia; ambas normas violan principios constitucionales como la legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la dignidad y al trabajo, además de afectar la independencia judicial.
En cuanto al art. 187.17 de la LOJ, sanciona con suspensión a los jueces que no se excusen oportunamente, buscando garantizar la imparcialidad judicial; sin embargo, dicha sanción resulta desproporcionada y excesiva; puesto que, existen mecanismos menos gravosos, como la recusación que logran el mismo fin, sin restringir derechos fundamentales; éste precepto, no guarda una relación proporcional entre el bien jurídico protegido y la calificación que realiza; el art. 186.8 de la referida norma, contempla conductas similares que son simplemente sancionadas con penas leves; asimismo, al imponer una sanción severa sin graduación ni análisis de la gravedad del hecho, la norma quebranta el principio de proporcionalidad y el debido proceso sustantivo, generando un exceso legislativo, contrario a los arts. 115, 116 y 117 de la CPE; además, se evidencia una falta de coherencia normativa, ya que otras conductas de similar naturaleza, se sancionan solo con amonestación o multa, lo que demuestra una aplicación desigual e irracional del régimen disciplinario. Por otra parte, el art. 188.I.12 de dicha Ley, tipifica como falta gravísima, sancionada con destitución, el actuar fuera de competencia o con competencia suspendida o perdida; no obstante, esta previsión desconoce el principio de legalidad y proporcionalidad; dado que, sanciona de manera automática sin distinguir entre dolo, error o circunstancias atenuantes; es así que, existen mecanismos procesales idóneos, como la declinatoria, inhibitoria o excepción de incompetencia, que permiten corregir el acto sin necesidad de imponer la máxima sanción; de igual modo, la disposición cuestionada invierte la presunción de inocencia y restringe el derecho a la defensa, al configurar una responsabilidad objetiva que no admite prueba en contrario ni valoración del contexto, vulnerando el debido proceso y transformando la potestad disciplinaria en un instrumento punitivo.
En ese sentido, conforme a la , toda sanción disciplinaria debe superar el test de proporcionalidad en sus tres fases: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; si bien las normas impugnadas pueden considerarse adecuadas en su finalidad, resultan innecesarias y desproporcionadas en sus efectos, porque el legislador impuso consecuencias rígidas sin prever criterios de razonabilidad o valoración judicial, contraviniendo el principio de racionalidad que caracteriza a un Estado Constitucional de Derecho.
Por consiguiente, en el proceso disciplinario seguido en su contra, la aplicación de los artículos impugnados resulta decisiva, ya que las imputaciones se sustentan exclusivamente en dichas disposiciones, de modo que su constitucionalidad es determinante para la resolución del caso.
En conclusión, ambas normas reflejan un exceso punitivo incompatible con los valores del orden constitucional, porque no guardan proporcionalidad entre el hecho y la sanción, desconocen medios procesales correctivos, establecer responsabilidad objetiva, vulneran la presunción de inocencia y menoscaban la independencia judicial; por todo ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 187.17 y 188.I.12 de la LOJ, por contravenir los principios constitucionales que rigen la potestad disciplinaria del Estado.
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