Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 11 de febrero de 2026
Expediente: 70585-2025-142-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba
En consulta la Resolución Municipal 01/2025 de 20 de enero, cursante de fs. 11 a 17, pronunciada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba, por la que rechaza la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por José Gonzales Ramos, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 19.6 y 7 de la Ley Municipal de Fiscalización -Ley 06 de 9 de mayo de 2014; y, 117 al 122 del Reglamento General del Concejo Municipal de Vinto, por ser presuntamente contrario a los arts. 1, 2.I, 12.I, 14.IV, 108.8, 109, 116.II, 117.I, 272, 283, 299.II.14 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 14 de enero de 2025, cursante de fs. 27 a 40, el accionante manifiesta que, en sesión extraordinaria de 9 de diciembre de 2024, el Concejo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba sustanció un acto interpelatorio respecto a presuntas irregularidades vinculadas con la autorización de una construcción, calificándolas como "insatisfactorias" las respuestas que brindo, en su condición de ex Asesor Legal de esa entidad edil, el órgano deliberativo emitió voto de censura y dispuso su destitución con fundamento en el art. 19.7 de la Ley Municipal de Fiscalización; sin embargo, el Reglamento General del Concejo Municipal de Vinto prevé únicamente dos posibles resultados del procedimiento de interpelación, el voto de confianza o la llamada de atención escrita, ambos sujetos a aprobación por dos tercios de votos; no contemplando la censura ni la destitución como efecto jurídico de dicho mecanismo. El Concejo aplicó una votación por mayoría simple y, mediante voto dirimidor de su Presidente, declaró la censura, desnaturalizando el procedimiento reglamentario y excediendo el marco normativo vigente, en ese entendido, afirma que la aplicación de la censura y la consiguiente destitución vulnera el principio de sujeción al orden jurídico, invade competencias y contradice los arts. 1, 12.I, 108.8, 117.I, 272, 283 y 299.II.14 de la CPE; y, 137.III de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014-
Si bien la Ley Municipal de Fiscalización establece que ante respuestas consideradas insatisfactorias en una interpelación corresponde la censura con destitución de dependientes del Alcalde, dicha previsión carece de sustento constitucional, la Norma Suprema y la Ley 482, delimitan la función fiscalizadora del Concejo a mecanismos como pedidos de informe, inspecciones y otros medios legalmente establecidos, sin contemplar la interpelación con efecto sancionador; la figura de la censura con destitución fue prevista en normativa municipal abrogada bajo la modalidad de voto constructivo para la remoción del alcalde, pero que la legislación vigente no reconoce una potestad semejante respecto de funcionarios del ejecutivo municipal; por lo que, la incorporación de dicha figura mediante ley y reglamento municipal vulnera el art. 117.I de la CPE, al traducirse en una sanción impuesta sin proceso jurisdiccional previo.
Por otra parte, en su condición de ex servidor público, se encuentra sujeto a las responsabilidades administrativa, civil, penal o ejecutiva de acuerdo a la Ley de Administración y Controles Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; no obstante, la censura política no constituye causal legal de responsabilidad ni se halla tipificada como falta sancionable, la destitución basada en valoraciones políticas subjetivas contraviene el principio de legalidad y tipicidad previsto en el art. 116.II de la Norma Suprema, que exige ley previa para la imposición de sanciones, la decisión adoptada rompe el principio de separación de funciones, al atribuir al órgano fiscalizador una potestad sancionadora no prevista en la Ley Fundamental; por lo que, los arts. 117 al 122 del Reglamento General del Concejo Municipal de Vinto, y 19.6 y 7 de la Ley Municipal de Fiscalización resultan incompatibles con los arts. 14.IV, 109, 116.II y 410.II de la CPE, al regular y aplicar una sanción sin base constitucional válida.
La potestad reglamentaria constituye una manifestación de la función administrativa del Estado y debe fundarse en una norma jerárquicamente superior que le otorgue validez, en el sistema constitucional boliviano, dicha potestad corresponde al Órgano Ejecutivo en sus distintos niveles, como instrumento para desarrollar la ley sin alterar su contenido ni exceder el marco competencial fijado por la Norma Suprema, en ese entendido, un reglamento no puede crear sanciones no previstas en norma con rango legal ni invadir materias reservadas al legislador, pues ello implica un exceso competencial y la consiguiente inconstitucionalidad; el modelo de Estado unitario con autonomías previsto en los arts. 1 y 272 de la CPE, supone una distribución territorial del poder, en la que los gobiernos autónomos ejercen competencias dentro de su jurisdicción, pero siempre en sujeción a la Norma Suprema y al principio de supremacía constitucional. Conforme los arts. 12 y 283 de la Ley Fundamental, en el ámbito municipal el Concejo ejerce funciones deliberativas, legislativas y fiscalizadoras, mientras que el Alcalde ejerce la función ejecutiva, debiendo respetarse el principio de separación, coordinación y cooperación de órganos, la función fiscalizadora no puede utilizarse para destituir discrecionalmente a servidores públicos, pues las responsabilidades deben tramitarse conforme a la Ley 1178 y al sistema de control previsto en la Constitución Política del Estado y la Ley 482, la interpelación y la censura deben aplicarse de forma restrictiva, para evitar sanciones sin base constitucional que vulneren la legalidad, el debido proceso y la separación de funciones.
I.2. Respuesta a la acción
No consta decreto de traslado, ni memorial de contestación.
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