Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N? 0027/2026-A Sucre, 16 de enero de 2026 ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Proceso : La Paz 91/2025 Parte : Ministerio Público acusadora Parte : Teodosia Mamani Mamani acusada Delitos : Transporte, art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 20 de agosto de 2024, cursante de fs. 429 a 434 vta., Teodosia Mamani Mamani, impugna el Auto de Vista 352/2023 de 5 de diciembre, de fs. 419 a 424 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Transporte, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008.
ll. ANTECEDENTES ll.1. Sentencia Por Sentencia 35/2022 de 24 de octubre, de fs. 395 a 397, el Juez de Sentencia Penal Decimotercero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Teodosia Mamani Mamani, culpable de la comisión del delito de Transporte, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de presidio de once años, en el Centro de Orientación Femenina Obrajes de La Paz. Con costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia.
ll.2. Apelación Restringida y Auto de Vista Contra la referida Sentencia, la recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 400 a 402 vta., resuelto por el Auto de Vista 352/2023 de 5 de diciembre, de fs. 419 a 424 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y en consecuencia confirmó la Sentencia apelada.
ll. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
La recurrente alega que la Sentencia apelada incurrió en una valoración defectuosa de la prueba, manifestada en la falta de fundamentación adecuada, la omisión de pruebas favorables a su situación, la incorporación de pruebas sin la debida valoración conforme a Ley, afectando la legalidad y legitimidad del fallo que constituye vulneración de sus derechos fundamentales a un juicio justo y presunción de inocencia. Asimismo, la Sentencia incurrió en falta de fundamentación, vulnerando los derechos a un juicio justo y al debido proceso, al no explicar de manera fundamentada cómo las pruebas presentadas conducen a culpabilidad; además, de omitir la consideración de pruebas y argumentos que podrían haber favorecido a la defensa y no realizar un análisis crítico de los indicios.
Además, la determinación asumida por el Juez de Sentencia Penal, se encuentra basada en hechos que no fueron debidamente acreditados y son inexistentes, tales como la propiedad del bulto de aguayo, la vinculación directa con la droga y la participación en actividades ilícitas; vulnerando el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, toda vez que la condena se basó en suposiciones y no en hechos probados. Alega la existencia de una errónea calificación del delito al desconocer las circunstancias del caso, interpretando de manera errónea la intención criminal, lo que conlleva la vulneración de la ley sustantiva al imponer una pena desproporcionada con la gravedad del delito, vulnerando el principio de proporcionalidad.
Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos (AASS) 554/2017RRC de 10 de agosto, 055/2012-RRC de 4 de abril, 426/2014 de 28 de agosto y 125/2017-RRC de 21 de febrero, en relación a la presunción de inocencia y alega que el Tribunal vulneró este principio ante la inadecuada valoración de la prueba, generando una situación en la culpabilidad de la imputada que no fue establecida más allá de la duda razonable, contraviniendo los AASS invocados.
IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
IV.1. Del derecho a la impugnación multinivel
Previo a referirnos sobre el recurso de casación y su admisibilidad, incumbe manifestar que, el derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos
Humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria; en ese, sentido conforme lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
Bajo ese marco normativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, sostuvo que:
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