Texto del fallo
DO A AA SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA Auto Interlocutorio Sucre, 27 de marzo de 2026 Expediente: 43/2026-C Magistrado Tramitador: Germán Saúl Pardo Uribe VISTOS: El recurso de reposición bajo alternativa de apelación, de fs. 883 a 890, interpuesto por la Aduana Nacional, representada legalmente por Guadalupe Sofia Aleida Orellana Medrano, Aldrin Álvaro Álvarez Torreblanco, Cristhian Rodrigo Quisbert Espinoza, Gema Calle Flores y Juan Felipe Gómez Rosas, en mérito al Testimonio de Poder N 160/2026 de 21 de enero, contra la Providencia de 20 de enero de 2026, de fs. 807 a 810; la contestación de 27 de marzo de 2026; todo cuanto fue pertinente analizar, y:
I. ANTECEDENTES PROCESALES:
El impetrante señala que, el 16 de marzo de 2026, ingresó la nota TSJSCCA-SAII-357/2026 de 13 de marzo y que al existir la distancia entre Sucre y La Paz de 552 km, en aplicación del art. 90 del Código Procesal Civil (CPC-2013), interpone el recurso de reposición en tiempo hábil.
Adujó que, la determinación asumida por el Tribunal en la concesión de las medidas cautelares lesionan el debido proceso, tutela judicial efectiva, legalidad administrativa y la supremacía constitucional, por no existir fundamentación suficiente sobre la verosimilitud del derecho, peligro en la demora, posibilidad jurídica y la proporcionalidad de las medidas, conforme el art. 320 del CPC-2013; exigencia de motivación reiterada por la .
Expresó que, la medida que prohíbe ejecutar la póliza de garantía desconoce el régimen jurídico especial de las contrataciones estatales, previsto por la Ley N 1178 y Decreto Supremo (DS) N 0181, como sistema de protección del interés público y del patrimonio estatal ante incumplimiento contractual.
Señaló que, una medida cautelar suspende provisionalmente la eficacia de un régimen legal especial de contratación pública, debiendo sobreponerse el interés público y a favor del Estado; vulnera el principio de autotutela administrativa, que según el art. 7 de la Ley N 2341, el acto administrativo goza de una presunción de legitimidad y ejecutividad, que la interposición de un proceso contencioso no suspende la ejecución del acto, salvo que se demuestre un perjuicio de imposible reparación, extremo que no fue acreditado en obrados.
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