Texto del fallo
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA Auto Supremo Sucre, 21 de enero de 2026 Expediente: 48/2026-CA Magistrado Relator: Germán Saúl Pardo Uribe VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 44 a 49 vta., interpuesta por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC), representada por Betty Carolina Ortuste Tellería y Vanesa Egúez Añez, en mérito al Testimonio de Poder N 008/2025 de 8 de agosto, contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión, impugnando la Resolución Ministerial N 910/25 de 14 de agosto, de fs. 39 a 42, los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO I: De la revisión del cuaderno procesal, se tiene que, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GADSC), a través de Betty Carolina Ortuste Tellería y Vanesa Egúez Añez, presentaron demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión, señalando que, la Resolución Ministerial impugnada deviene de la demanda presentada por Tabita Méndez Flores, quien mantuvo una relación contractual de prestación de servicios de personal eventual dependiente del GADSC, contratación de orden administrativo, fuera del alcance de la aplicación de la Ley General del Trabajo, por consiguiente, la citada résolución, vulneró el principio de verdad material, presunción de legitimidad, a mas de que la funcionaria no hizo conocer a la Gobernación su supuesta inmovilidad laboral por gestación maternal.
Refirió que, no se tomó en cuenta el procedimiento descrito en la Ley N 1468 sobre restitución de derechos laborales, vulnerándose de esa manera el debido proceso, además de no mencionar en base a que normativa actuó la Jefatura Departamental del Trabajo para inventarse el léxico de instructiva de reincorporación laboral. No se valoró que el servidor público, era con contratación eventual bajo la partida 121; tampoco se valoró la Comunicación Interna C.I D.RR.HH 002071/2024 de 7 de noviembre, que
indica de manera formal y textual que la ex funcionaria al momento de su desvinculación laboral no gozaba de ningún tipo de inamovilidad laboral.
Por último, adujó que, la Resolución Ministerial impugnada vulnera el debido proceso en sus vertientes de debida motivación y fundamentación de las resoluciones, porque aplica erróneamente la normativa vigente, jurisprudencia y la Ley N 1178, que excluye a los funcionarios públicos de la Ley General del Trabajo, por lo que solicitó se declare probada la demanda y consecuentemente, se Anule la Resolución Ministerial N 910/2025.
CONSIDERANDO II:
Del examen de los argumentos de la demanda y antecedentes adjuntos, se advierte que la entidad demandante, solicita a este Tribunal, la nulidad de la Resolución Ministerial N 910/25 de 14 de agosto; y como consecuencia el citado Ministerio emita una nueva resolución bajo los principios de legalidad, verdad material y sana crítica.
Para resolver esta pretensión, se debe tomar en cuenta que, la Ley de Procedimiento Administrativo N 2341 (LPA), prescribe como objeto de la misma, establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público; asimismo, establece la regulación de la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.
El art. 2 de la LPA, define como el ámbito de aplicación de esa Ley a la Administración Pública, encontrándose conformada por el Poder Ejecutivo, -ahora Órgano Ejecutivo-, que comprende la administración nacional, las departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas, los sistemas de regulación, los Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas.
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