Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 64/2020-RA
Sucre, 09 de enero de 2020
Expediente : Beni 9/2019
Parte Acusadora : Ministerio Público y otro
Parte Imputada : Miguel Ángel Fernández Pinto y otros
Delitos : Incumplimiento de Deberes y otros
RESULTANDO
Por memoriales presentados el 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2019, Juan Pablo Simón Pinto, de fs. 732 a 756, Javier Chávez Bejarano, de fs. 762 a 770 vta., Miguel Ángel Fernández, de fs. 745 a 751 vta.; y, Miguel Ángel López Arteaga, de fs. 754 a 757, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 019/2019 de 9 de septiembre, de fs. 688 a 698 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Tcnl. DAEN Jhonny Antezana Cáceres, Gerente de la Unidad Ganadera “COFADENA” “Campo 23 de marzo” Trinidad e inter partes por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Estelionato, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Abigeato, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado, Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción, Uso Indebido de Influencias y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, previstos y sancionados por los arts. 154, 337, 150, 350, 172 bis, 146 del CP, con la modificación e incorporación de los arts. 34, 28 y 29 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas (“Marcelo Quiroga Santa Cruz” Ley 004 de 31 de marzo de 2010).
I. DEL RECURSO DE CASACIÓN
De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:
Por Sentencia 01/2017 de 9 de enero (fs. 314 a 344), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a: Miguel Ángel Fernández Pinto, culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto por el art. 154 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 004, imponiendo la pena de dos años de reclusión y absuelto de los delitos de Estelionato y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas; Juan Pablo Simón Pinto, autor de los delitos de Abigeato y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, tipificados por los arts. 350 del CP y 28 de la Ley 004, otorgando la pena de tres años de reclusión y absuelto de los delitos de Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción; Javier Chávez Bejarano, responsable del delitos de Uso Indebido de Influencias, sancionado por el art. 146 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 004, aplicando la pena de tres años de reclusión y absuelto del delito de Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito. Asimismo, todos fueron sancionados con el pago de costas a favor del Estado.
Contra la mencionada Sentencia, los imputados Miguel Ángel Fernández Pinto (fs. 351 a 355 vta.), Javier Chávez Bejarano (fs. 364 a 366 vta.) y Juan Pablo Simón Pinto (fs. 390 a 419), la parte civil representada por Tcnl. DAEN Jhonny Antezana Cáceres (fs. 385 a 387), a su turno formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 005/2017 de 4 de diciembre (fs. 452 a 458 vta.), que fue dejado sin efecto por (fs. 631 a 641 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió el Auto de Vista 019/2019 de 9 de septiembre, declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmo la Sentencia apelada.
por diligencias de 16, 17 y 19 de septiembre de 2019 (fs. 699 y vta., y 700), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 23, 24 y 26 del mismo mes y año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.
II.1. Recurso de casación de Juan Pablo Simón Pinto (fs. 732 a 756)
El recurrente previa relación de antecedentes advierte que fue condenado a tres años de presidio bajo los alcances del art. 45 del CP, sin establecer si su acción fue dolosa o culposa, demostrando que el Tribunal de juicio vulneró la tutela judicial efectiva judicial e igualdad conforme lo establece el Auto Supremo “121/2016-RRC de febrero” y la , además de haber demostrado en juicio que no existe afectación al patrimonio del Estado, prueba de ello COFADENA y el Ministerio Público no presentaron acusación particular para una posible reparación de daños o perjuicios; asimismo, en audiencia de apelación restringida se dio a conocer que la Sentencia desconoció el debido proceso, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y verdad material conforme los arts. 115, 116, 117, 118 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Además se evidencia que el Auto de Vista impugnado no separa y menos clasifica las cuatro apelaciones planteadas, evidenciando que toda la resolución solo fue una narración descriptiva de los recursos de alzada, indicando simplemente que las pruebas producidas en juicio no pueden ser revalorizadas en segunda instancia; empero, mínimamente debía determinar por separado los hechos probados y no probados, al no efectuar tal acción vulnera el debido proceso de la fundamentación y taxatividad evitando pronunciarse de los defectos absolutos conforme emana la .
Advierte que el Auto de Vista impugnado es contrario a los , y 307 de 25 de agosto de 2006, puesto que el Tribunal de alzada no se pronunció con relación a la autoría participación del recurrente, tal como fue expuesto en apelación restringida “y como exige la normativa de los arts. 20, 22 y 23, es decir uno es autor, instigador o cómplice” (sic), habida cuenta que el precedente advierte que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a descubrir el hecho, para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito, al efecto siempre fue alegada la inocencia en juicio además de la conducta al ser subsumida a los delitos de Abigeato y Enriquecimiento, demostrando que lo mejor en el Auto de Vista fue omitir y ratificar la Sentencia. Asimismo la Resolución impugnada es contraria al precedente en sentido que toda resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, que comprenda un fundamento descriptivo, analítico e intelectivo y jurídica, lo que supone la precisión de los hechos que se tienen como ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión y la importancia de analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, aspectos que debieron ser analizados y tener pronunciamiento por el Tribunal de apelación.
Indica que el Auto de Vista impugnado incurrió en errónea aplicación de los arts. 350, 14 y 20 del CP, y 28 de la Ley 004, además de ser contrario a los y 256 de 26 de julio de 2016, en ese sentido el Tribunal de alzada viola el principio de congruencia en las resoluciones y el principio de legalidad al no pronunciarse sobre los puntos cuestionados ni realizar el análisis y valorar para la conducta sea subsumida a los delitos sentenciados, menos se alegó que existió dolo o culpa, por lo que se debió aplicar la legalidad y la valoración probatoria aplicando el art. 173 del CPP, y que las conductas sean subsumidas conforme a los arts. 20 al 23 del CP, además de incumplir las , y 1369/01-R, al efecto debe tenerse presente que tanto los Tribunales de Sentencia como de apelación deben fundamentar y motivar sus fallos, en el caso presente es evidente que el Tribunal de alzada no se pronunció de forma y de fondo de los arts. 13, 14, 20 y 250 del CP, y 28 de la Ley 004, teniendo en cuenta los arts. 178, 180 y 108 núm. 1 de la CPE, al efecto el Auto de Vista desconoce el Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972, además de la vulneración al art. 410.I de la CPE y el debido proceso.
Denuncia que el Auto de Vista impugnado evitó pronunciarse en relación a los arts. 350, 20 y 14 del CP, además de aplicar erróneamente la Ley en cuanto a la conducta del imputado en la subsunción de los tipos penales sentenciados, por cuanto los vocales no advirtieron que no existió apoderamiento ni apropiación indebida de ganado porque existió compra y venta del ganado bovino así como se desprende de la prueba MP-P-27, asimismo la resolución recurrida no absolvió ningún punto argumentado en apelación restringida con relación al documento privado, debiendo tener presente el , que señala sobre los alcances del debido proceso y la valoración de la prueba, pues la Resolución recurrida no es motivada ni fundamentada, ya que no absolvió ningún punto o argumentó de apelación restringida con relación al documento privado, descrito en la prueba líneas arriba, evitando pronunciarse si el Tribunal de origen se encontraba en la equidad o razonabilidad en su componente de la sana crítica experiencia y logicidad, estando la contrariedad con el precedente en la situación del grado de autoría del imputado no alcanza la plenitud ingresando al principio indubio pro reo, por lo que el convencimiento del Juez deberá estar conforme al desfile probatorio, por cuanto se afecta los arts. 171 y 173 del CPP.
En apelación restringida se demostró la inexistencia del art. 28 de la Ley 004, en ese sentido el Auto de Vista no se pronunció de los puntos expuestos poniendo en un estado de indefensión absoluta, teniendo en cuenta que el Tribunal de juicio violó la norma sustantiva penal por inobservancia o errónea aplicación de la referida norma, por lo que la conducta del imputado no se subsumió a los delitos de enriquecimiento ilícito, tal cual se desprende del informe jurídico de la ASFI, Contraloría General del Estado o Procuraduría o entidad financiera que advierta sobre alguna fortuna, por lo que no existe prueba plena que demuestre dicho accionar con afectación al Estado, pues el Tribunal de alzada no se pronunció en relación a lo referido, afectado el debido proceso, el derecho a ser oído en todas las etapas del proceso, a la igualdad y la debida motivación y fundamentación, teniendo presente el , que contraviene a la Resolución recurrida, por la carencia de pronunciamiento y por la afectación de los arts. 124 del CPP, 115 y 116 de la CPE, además de desconocer las y ambas de 16 de diciembre.
Indica que en apelación restringida demostró la inaplicabilidad del art. 45 del CP, y los vocales emitieron un fallo contrario al , toda vez que los arts. 39 y 49 de atenuantes y agravantes establecen sobre la calificación de la pena, siendo disposiciones totalmente distintas en la atribución de ilícitos en la circunstancia de concurso real o ideal de delitos, por lo que se incurre en inobservancia del art. 370 inc. 1) del CPP, al efecto el , es contrario al Auto de Vista impugnado, puesto que no hace referencia al art. 45 y 20 del CP, para determinar la concurrencia del concurso de delitos, debiendo pronunciarse la existencia de autoría, por la inexistencia del referido concurso, por cuanto el Tribunal de alzada incurre en falta de motivación y fundamentación, por lo que no fue tomado en cuenta por la referida resolución a fin que sea válida además que no se precisa que sea extensa o redundante, debiendo ser concisa y responder a todos los puntos denunciados.
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