AS/0078/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:78/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:17/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Detención Preventiva con Fines de Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Argentina contra Carlos Miguel Ajalla.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Rosmery Ruiz Martínez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:04 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano argentino Carlos Miguel Ajalla, enviada por la Embajada de la República Argentina por Nota REB 128/2025 de 14 de marzo, (fs. 1 a 9); la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1124/2025 de 25 de marzo, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina (ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015); y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota Clasificación: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1124/2025 de 25 de marzo (fs. 11), haciendo conocer la Nota REB 128/2025 de 14 de marzo (fs. 1 a 9), proveniente de la Embajada de la República Argentina acompañando la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Carlos Miguel Ajalla, a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal, consistentes en:

1. Solicitud de Detención Preventiva con Fines de Extradición dirigida al Director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto (fs. 2 a 3).

2. Auto de 5 de noviembre de 2018 (fs. 4 a 8), emitido por el Juez Isidoro Arzud Cruz que resuelve ordenar la detención e Carlos Miguel Ajalla, alias “KAKA”, argentino, nacido el 11 de noviembre de 1993, DNI 47.242.052, con domicilio en Mnza. 17 – Lote 4 de la 5ta Etapa del Barrio San Benito.

CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Del mismo modo, el art. 154.1 y 2 del adjetivo penal expresa: “La Corte Supremo de Justicia al resolver los pedidos de extradición tendrá la facultad de: 1) Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención; 2) Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición…”

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Argentina como país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina (ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015).

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

La Embajada de la República Argentina en Bolivia, mediante Nota REB 128/2025 de 14 de marzo, solicita la Detención Preventiva con Fines de Extradición del ciudadano argentino Carlos Miguel Ajalla, sobre quién recae una investigación penal en el país requirente, por Homicidio con Alevosía a instancia del Juzgado Penal de Control de la provincia de Jujuy República Argentina, a cargo del Dr. Isidoro Arzud Cruz; en tal caso, el Estado requirente cumple con los requisitos exigidos por el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina; toda vez que, la solicitud de detención preventiva fue cursada a través de la vía diplomática, contiene una descripción de la persona reclamada, el probable paradero del mismo, que según el informe de la Dirección Nacional de Migraciones ingreso a territorio boliviano, refiere también una breve exposición de los hechos que motivan el pedido, la mención de las leyes penales infringidas, indicando que se procesa al ciudadano requerido por el delito de Homicidio con Alevosía previsto en el Código Penal de la Nación argentina por el art. 80 inc. 2; delito que, también se encuentra previsto en nuestra legislación, en el art. 252 del Código Penal Boliviano que establece: “Será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, el que matare: 3) Con alevosía o ensañamiento”; en consecuencia, resulta evidente que los requisitos contenidos en el art. 20 del Tratado de Extradición suscrito por Bolivia y la República Argentina, se encuentran debidamente cumplidos.

En ese marco, este Tribunal Supremo de Justicia, considera que, las condiciones para la procedencia de la presente solicitud, se encuentran en el marco de lo establecido por el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina (ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015) además de la normativa interna boliviana, siendo razonable y proporcional al fin perseguido, el cual es el sometimiento del extraditado al proceso penal instaurado en su contra en el país requirente, aspecto que constituye un propósito legítimo, correspondiendo aceptar la solicitud, con la única finalidad de garantizar la efectiva cooperación internacional y lucha contra el crimen y la delincuencia.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 184. 3 de la CPE, 38.2 de la LOJ y 50.3 del CPP, y los arts. 1 y 2 Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015; dispone la DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN del ciudadano argentino CARLOS MIGUEL AJALLA con DNI 47.242.052, nacido el 16 de noviembre de 1993, hijo de Víctor Taka Hualpa y de Marcelina Ajalla Janko, quien se encontraría en territorio boliviano y sobre quien recae una investigación penal en el país requirente, por el delito de Homicidio por Alevosía, a instancia del Juez Penal de Control de la provincia de Jujuy República Argentina, a cargo del Dr. Isidoro Arzud Cruz, motivo por el cual, se dispone que se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a efecto de que comisione al Juez de Turno de Instrucción en lo Penal, para que, en conocimiento de la presente resolución, expida mandamiento de detención preventiva que podrá ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

La Autoridad judicial comisionada o del lugar donde sea aprehendido, deberá informar de forma inmediata al Tribunal Supremo de Justicia, sobre la ejecución del mandamiento remitiendo inmediatamente los antecedentes y diligencias practicadas.

A los efectos de garantizar el debido proceso, se dispone notificar al detenido con copia de la presente resolución y mandamiento a expedirse, otorgándosele el plazo de diez días, más los de la distancia, para que asuma defensa, con cuyo resultado se remitirán obrados en Vista Fiscal, ante la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición, una vez formalizada la solicitud de extradición.

A los fines de establecer la existencia de antecedentes a los que se refiere el art. 440 del CPP, se dispone que los Tribunales Departamentales de Justicia en el plazo máximo de 10 días, certifiquen a través de sus Juzgados y Salas en materia Penal y con su resultado, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia informe sobre la existencia o no de antecedentes penales o de algún proceso instaurado o en trámite contra el extraditable; similar certificación requiérase al Consejo de la Magistratura de Bolivia para que por intermedio del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) informe a la brevedad posible.

Por Secretaría de Sala Plena, comuníquese la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que haga conocer a la Embajada de la República de Argentina acreditada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 85 de 170 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso