AS/0087/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 087/2025

Fecha: 11 de febrero de 2025

Expediente: LP-194-24-S

Partes: Empresa Unipersonal Roles Hotel, representada por Lesly Rosario Mogro

Hamel de Careaga c/ Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A.,

representada por Gloria Paola Miranda Meyer.

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 601 “A” a 610, interpuesto por la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., representada por Gloria Paola Miranda Meyer, contra el Auto de Vista N° 486/2024, de 07 de agosto, que corre de fs. 594 a 600 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de cumplimiento de contrato seguido por la Empresa Unipersonal Roles Hotel representada por Lesly Rosario Mogro Hamel de Careaga, contra la empresa recurrente; escrito de contestación visible de fs. 613 a 619 vta.; el Auto de concesión de 01 de octubre de 2024, visible a fs. 620; Auto Supremo de admisión N° 1301/2024-RA, de 7 de noviembre, de fs. 626 a 628 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La Empresa Unipersonal Roles Hotel, representada por Lesly Rosario Mogro Hamel de Careaga, a través del memorial cursante de fs. 179 a 185 vta., ratificado de fs. 208 a 215 vta., reproducido de fs. 218 a 224 y subsanado por memorial de fs. 227 a 230, de fs. 233 a 235 y de fs. 238 a 239 del proceso, formalizó demanda de cumplimiento de contrato, contra la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., representada por Gloria Paola Miranda Meyer; quien una vez citada mediante memorial saliente de fs. 312 a 335, contestó de manera negativa a la demanda e interpuso reconvención de resolución de contrato por incumplimiento voluntario; desarrollándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 240/2023-C, de 29 de junio, saliente de fs. 551 a 565 vta., en la que la Juez Público Mixto Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal de Achocalla 1° provincia Murillo de La Paz, declaró PROBADA la demanda principal e IMPROBADA la acción reconvencional de resolución de contrato.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., representada por Gloria Paola Miranda Meyer, mediante memorial visible de fs. 569 a 577 vta., originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 486/2024, de 07 de agosto, corriente de fs. 594 a 600 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada; determinación que fue asumida, con los siguientes fundamentos:

- Con relación al recurso de apelación interpuesto por la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., manifestó que, realizando una interpretación amplia del contrato, determinando la intención común de los contratantes y la conducta de las partes en la ejecución del mismo, se estableció que la pretensión del demandante deviene de la Escritura Pública N° 1332/2019 cursante de fs. 6 a 9 vta, aclarada, enmendada y complementada por el documento privado de fecha 18 de julio de 2019, que refleja un contrato de compraventa entre la inmobiliaria Bosque Grande S.A., como vendedora y la Empresa Unipersonal Roles Hotel como compradora del terreno con una superficie de 41.348,46 m2. por un precio de Bs. 6.264.000 equivalente a $us. 900.000, asimismo la Empresa Unipersonal Roles Hotel se obliga a pagar dicho monto, en parte, mediante prestación diversa a la debida con la transferencia de equipo pesado equivalente a la suma de $us. 245.000, conviniendo que el saldo adeudado se cancelaría con el arrendamiento a favor de la vendedora de maquinaria pesada sujeta a comunicación anticipada pues no necesariamente se dará uso a todo el equipo pesado convenido, siendo obligación de la compradora pagar el monto residual correspondiente al impuesto a las transacciones y registrar el documento en forma complementaria al documento principal.

Concluyó, que la empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., no desvirtuó la aseveración del demandante, dándose por hecha la entrega física y manteniéndose vigente el fin causal material de la prestación debida, consideró también las cartas notariadas dirigidas a la inmobiliaria visibles de fs. 11 a 18, donde se puso a conocimiento la puesta a disposición de maquinaria y personal para iniciar los trabajos que la inmobiliaria disponga.

Que si bien, no se llevó a cabo la transferencia de dicho equipo pesado señalado en el anexo 1 en las fechas convenidas en el contrato y su modificación, empero se debe ponderar la diligencia con la que actuó la entidad demandante en desarrollar un comportamiento destinado a extinguir la obligación de pago dentro de la relación jurídica contractual entregando físicamente los vehículos y también la carta notariada de fs. 15 por la cual la entidad demandante entregó poderes notariados y minutas de venta a la entidad demandada que al no haber sido firmados no se demostró el interés en materializar la resolución por el incumplimiento del contrato sino únicamente hasta el momento de presentar la acción reconvencional.

Dedujo por comunicaciones de correo electrónico que la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande tenía conocimiento de que el equipo pesado no estaba a nombre de la Empresa Unipersonal Roles Hotel.

Refirió que en cuanto al cumplimiento del punto 5.2 de la cláusula quinta del contrato de compraventa habiéndose puesto a su conocimiento mediante cartas notariadas de fs. 11 a 18 la puesta a disposición de maquinaria y personal la Inmobiliaria Bosque Grande S.A., no se pronunció respecto a ello concluyendo que la falta de cumplimiento de este punto es atribuible a la inmobiliaria, quien solo se pronunció al respecto manifestando disconformidad a momento de responder a la demanda y reconvenir por resolución de contrato.

Advirtió que, sobre la puesta en conocimiento de la inmobiliaria para que efectué el requerimiento del equipo pesado mediante cartas notariadas, que se constituye en el primer paso para activar el arrendamiento, la parte demandada no se ha manifestado en contrario, denotándose la falta de voluntad para efectuar esta parte del cumplimiento del pago por parte de la entidad demandada, por ello su conducta no se adecua al supuesto previsto en el art. 568 del Código Civil.

En cuanto a las obligaciones debidas por cada una de las partes contratantes, estableció que la pretensión principal de la entidad demandante radicó, únicamente, en la minutación a su nombre, del equipo pesado descrito en el anexo 1 para posteriormente llevar a cabo su transferencia y no así en declarar extinguida alguna obligación emergente de los contratos suscritos entre las partes, aspecto que fue delimitado a tiempo de señalarse el objeto de la prueba en audiencia preliminar.

Concluyó, en que no se advierte que la decisión del inferior, se haya apartado de los supuestos fácticos y normativos aplicables a la causa.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., representada por Gloria Paola Miranda Meyer, según escrito de fs. 601 “A” a 610, recurso que es objeto del siguiente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y LA CONTESTACIÓN

1. De la revisión del recurso de casación, se evidencia que la entidad recurrente en lo trascendental acusa lo siguiente:

a) Errónea interpretación e inaplicación de los institutos contractuales de la venta, permuta y arriendo, toda vez que la Resolución impugnada reconoce que la “Relación Obligacional” está compuesta por el tipo: transferencia – venta (porque existe el cambio de titular del bien inmueble con Folio Real N° 2013010036387 y la existencia de un saldo en dinero de $us. 10.000), permuta (como forma de pago se entregó cinco vehículos) y prestación de servicios a través del arriendo (utilización de maquinaria pesada); es decir, que la relación obligacional en el caso soporta diferentes contratos regulados por el Código Civil que debieron ser motivados y fundamentados; para exigir el cumplimiento al demandante-adquirente-comprador, que debió probar el pago total del precio convenido según la minuta de 18 de julio de 2019, es de $us. 900.000 (cláusula tercera), obligación contenida por los arts. 636, 688, 693 y 702 del Código Civil, máxime si sobre el contrato de arriendo de la maquinaria pesada rige un contrato sin plazo (art. 311 del Código Civil), por lo que mal pueden emplazar el cumplimiento del contrato vía carta notariada desconociendo la cláusula quinta de la “minuta de 20 de junio de 2019” (sic); en lo referido a la permuta en el marco de las previsiones de los arts. 616, 617 y 645 del Código Civil, no se les entregó los documentos de los vehículos en el plazo máximo de 15 días posteriores al 28 de junio de 2019, aspecto que se intentó dos años después, incumpliendo términos contractuales (art. 620 del Código Civil), en ese sentido tampoco se probó que se hubiese cumplido con los vicios de la evicción y que no mereció atención de los vocales, pese a probarse por los informes introducidos que estos bienes tenían gravámenes y cargas impositivas situación reclamada que tampoco mereció pronunciamiento.

b) Errada interpretación de los arts. 135 y 136 del Código Procesal Civil, toda vez que la entrega de la cosa es un instituto reglado y nominado por el art. 310 y 315 del Código Civil y en el caso preciso de la venta por los arts. 616 a 623 que orientan la ejecución de la entrega, como un hecho probado en un tiempo y lugar de forma precisa, lo cual fue reclamado en apelación, aspecto sobre el que no hubo pronunciamiento claro y preciso, generando una nueva forma de ejecución de la entrega.

c) Falta de aplicación del art. 291 y errada aplicación del art. 568, ambos del Código Civil, en virtud de que Roles Hotel debió cumplir con la totalidad de sus obligaciones, pues la normativa civil no reconoce excepciones o exclusiones para reclamar el cumplimiento de un contrato ya sea este parcial; sin embargo, el Tribunal de alzada da a entender que al haberse pedido las minutas de los vehículos, el actor no tenía el deber de probar el cumplimiento total de sus obligaciones, desde esa óptica citó a Alerini, señalando que el mismo encuentra no solo una condición legal para exigir este requisito, sino un argumento de índole moral y de criterio social (seguridad jurídica), en el caso si Roles Hotel pretendió cumplir sus obligaciones y estas no querían ser aceptadas por el acreedor Bosque Grande S.A., debieron constituirlos en mora a través de la oferta de pago conforme al art. 327 y siguientes del Código Civil, además de la existencia de incumplimientos registrales de acuerdo al art. 1539 del sustantivo civil.

d) Errada valoración probatoria de la carta notariada de fs. 11 a 14 y de 16 a 18, pues es genérica su apreciación al analizarla con relación a las otras cartas de fs. 11 a 18, incumpliendo la precisión e individualización, así como el pronunciamiento con relación a cada uno de los medios de prueba, existiendo error de hecho y de derecho en su apreciación, toda vez que cuando un contrato no tiene plazo, la norma faculta al acreedor el poder establecer un plazo o exigir inmediatamente el cumplimiento de su acreencia contemplado por el art. 311 del Código Civil, por lo que mal podrían mediante una simple carta notariada emplazar el cumplimiento del contrato en desconocimiento de la Minuta de 20 de junio de 2019, que en su cláusula quinta indica que Bosque Grande comunicara a Roles Hotel el requerimiento del equipo pesado con anticipación y que no necesariamente dará uso a todo el equipo pesado simultáneamente; es decir que para la consideración del arrendamiento debe cumplirse con el uso, goce de la cosa, es decir estar en poder de la cosa arrendada, conforme dispone el art. 693 del Código Civil, pues sino existe ese disfrute y utilización de la cosa no puede endilgarse la misma de acuerdo al art. 702 de la norma sustantiva.

e) Errada valoración probatoria de la carta a fs. 15, en cuyo acto de comunicación se estaría entregando poderes notariados y minuta de venta de vehículos y maquinarias, sin adjuntar la documentación de respaldo, desconociendo que una carta notariada es un soporte de comunicación unilateral, por lo que no tiene rango de presunción de certeza, para el caso se requerirá se acompañe la documentación con la que supuestamente fue notificada en el domicilio contractual para que tenga algún valor y no ser presentado como una nota.

f) Falta de pronunciamiento y procedencia de la reconvención, el Auto de Vista no explica porque no procedería su demanda reconvencional, pues quien cumple su prestación bien puede peticionar el cumplimiento del contrato o su resolución, para el caso de autos Roles Hotel incumplió sus deberes de transferirle los motorizados, por el contrario, Bosque Grande ha cumplido con el contrato pues le ha transferido el bien inmueble, aspectos no considerados en la Sentencia y menos analizados o fundamentados en el Auto de Vista.

g) Falta de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, toda vez que el Auto de Vista, carece de estos elementos que hacen el debido proceso, como la omisión probatoria del dictamen pericial; por el cual, se ha establecido que el contrato no ha sido cumplido en las obligaciones que tenía la contraparte; en ese sentido la resolución reclamada no cuenta con la congruencia externa e interna pues en el recurso de apelación se refirió a más de 16 puntos como agravios que no fueron respondidos, estableciéndose un criterio general sin la debida profundización del recurso señalado; otro motivo adicional de incongruencia es la conclusión subjetiva apartada del contexto objetivo del contrato, como refiere en cuanto a los poderes conferidos a la Empresa Unipersonal Roles Hotel para poder transferir el equipo pesado detallado en el anexo 1, bienes que no se encontraba a nombre de la Empresa Roles Hotel, aspecto que a la fecha no ha sido cumplido; siendo que los puntos establecidos en apelación no fueron resueltos al no existir una valoración y ponderación de toda la prueba aportada.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicitó se case el Auto de Vista, disponiendo revocar la sentencia y se declare improbada la demanda de cumplimiento de obligación y probada la demanda reconvencional o en su caso la nulidad del Auto de Vista, ordenando se emita uno nuevo.

2. De la contestación al recurso de casación

Alberto Antonio Pozo Peñaranda en representación de la Empresa Unipersonal Roles Hotel respondió al recurso de casación mediante memorial de fs. 613 a 619 vta., solicitando en lo principal que:

El recurso de casación es una transcripción del recurso de apelación y al no ser el recurso de casación una segunda apelación, sino una demanda nueva de puro derecho se ha omitido señalar los institutos jurídicos y las normas legales infringidas, sin especificar de qué forma han sido vulneradas, malinterpretadas o aplicadas erróneamente, ni cual debía ser su interpretación correcta, por lo que el Auto de Vista impugnado adolece de fundamentación legal.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia del recurso de casación por no haber dado el recurrente cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 274.I núm. 3 del Código Procesal Civil o en su caso se declare infundado de acuerdo a lo establecido en el art. 220.II del referido cuerpo legal.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo de 2016 pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.”

III.2. De la expresión de agravios en el recurso de casación.

El art. 271.I del Código Procesal Civil señala: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”, en concordancia con la citada normativa el art. 274. I num.3 del citado código indica: “Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente”.

De las citadas normas se puede advertir que el recurso de casación, conforme a la óptica del Código Procesal Civil, es asimilado a una nueva demanda de puro derecho, en vista de que procede en determinados casos, y porque su contenido debe reunir ciertos requisitos de admisibilidad, que en esencial se funda -en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, sea en la forma o en el fondo-, es por dicho motivo que en sus argumentos de forma indubitable deben determinar, cuál es la infracción de la ley o cuál es la errónea interpretación cometida, precisando en qué consiste el error, la infracción y la violación.

En ese entendido, si bien la jurisprudencia constitucional ha orientado que el examen del cumplimiento de estos requisitos no debe ser realizado desde un enfoque netamente formalista, pudiendo estar los reclamos dispersos; empero, para esa tarea este recurso extraordinario debe cumplir con un mínimo de expresión de reclamos que en lo esencial deben ser claros para determinar cuál el punto de controversia que invoca el recurrente, por eso la normativa prohíbe la posibilidad de fundarse en memoriales anteriores, ya que en el hipotético de admitir un recurso con total orfandad o precisión de reclamos, este Tribunal al momento de analizar el fondo se verá limitado para determinar cuál es la postura o intencionalidad del recurrente, sobre todo si la falta de precisión en el recurso no puede ser suplida por el Tribunal de casación en desconocimiento de los principios dispositivo y congruencia que rigen la materia.

III.3. Sobre la congruencia de las resoluciones, como elemento del debido proceso.

Hernando Devis Echandía, sostiene en su Teoría General del Proceso, que el principio de congruencia es: “…el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas… los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una Sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.

Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 1475/2013, de 22 de agosto, señala: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

III.4. Sobre la interpretación del art. 568 del Código Civil.

El Auto Supremo Nº 382/2018, de 07 de mayo, emitido por esta Sala Civil, recapituló los siguientes criterios: “El art. 568 del Código Civil dispone: ‘I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…’, La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acción de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto por dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre que establece: ‘…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…’, ahora bien, es preciso tener presente que al ser aplicable el art. 568 del Código Civil, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante, determinar para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer que obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, es decir que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del Código Civil”.

III.5. Del principio de buena fe contractual.

El Auto Supremo N° 449/2013, de 30 de agosto, orienta: “(…) es principio general del derecho que “la buena fe se presume y la mala fe se comprueba”; en tal circunstancia traemos a colación doctrina jurisprudencial para sustentar el criterio esbozado, es así que la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia Constitucional C-544 de 1994 señaló: "La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte, es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe".

La buena fe es un elemento subjetivo de suma importancia para las relaciones contractuales, en el sentido que cuando estas se establecen, las personas siempre esperan la buena fe de la otra parte no solo en el cumplimiento sino también en la espera. El principio de buena fe tiene estrecha relación con los principios y valores dispuestos en el art. 8 de la Constitución Política del Estado, podemos indicar también que al ser la paz social uno de los fines del derecho, este –también- se consigue por medio de la buena fe.

El Código Civil en el art. 520 dispone: “(EJECUCIÓN DE BUENA FE E INTEGRACIÓN DEL CONTRATO).- El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad.”. Esta sabia disposición legal espera de los contratantes, actúen de buena fe no solo al momento de constituir la relación contractual, sino al momento de su cumplimiento y todos los efectos que se deriven del contrato.

III.6. Sobre el error de hecho en la apreciación de la prueba.

En cuanto a esta temática el Auto Supremo Nº 579/2018, de 28 de junio, estableció: “…la apreciación de los elementos probatorios es una actividad autónoma y exclusiva de los jueces de grado, sin que en casación pueda censurarse esa actividad deliberativa, salvo que existiese error de hecho o error de derecho que se haya cometido al realizar la misma, conforme regula el art. 271.I del Código Procesal Civil.

En ese entendido, respecto al error de hecho en la valoración probatoria, el autor Pastor Ortiz Mattos, en su obra, ‘EL RECURSO DE CASACIÓN EN BOLIVIA’, expresa: ‘...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico’, por su parte y con similar criterio el Prof. Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra ‘ANÁLISIS DOCTRINAL DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL’. Tomo III, pág. 370-371, al realizar el comentario sobre el error de derecho o de hecho contenido en el mencionado art. 271.I del Adjetivo Civil, refiere que: …En este caso para que proceda la casación, debe demostrarse la equivocación manifiesta, ya sea por omisiones o excesos mediante documentos o actos auténticos (…) Existe error de hecho al momento de apreciar las pruebas, por ejemplo, cuando se tiene por auténtico documentos transcritos por una parte, pero nunca agregados a autos ni reconocidos; o en el caso en que se atribuye a una repartición oficial un informe decisivo para la causa, y dicho informe no consta en el expediente o no fue agregado válidamente al proceso.

De lo expuesto se puede colegir, que la segunda parte del parágrafo I del art. 271 de la ley Nº 439, al hacer referencia a las causales de procedencia del recurso de casación que establece: ‘…Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial’, en lo que respecta al error de hecho, exige una demostración objetiva de quien la acusa en casación, de tal manera que el recurrente demuestre el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos…”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos que hacen a la doctrina aplicable al caso, corresponde a continuación ingresar a considerar los reclamos planteados en el recurso de casación.

a) El recurso de casación denuncia falta de pronunciamiento sobre la procedencia de su demanda reconvencional, añadiendo que el Auto de Vista no explica porque no procedería su demanda de resolución de contrato, habiéndose demostrado que Roles Hotel incumplió sus deberes en cuanto a la maquinaria y dinero en un monto de $us. 10.000.-; observándose que, este es un reclamo que atañe a la forma; consecuentemente, conforme estableció la doctrina desarrollada en el apartado III.3 de la presente resolución, corresponde pronunciarse en un primer momento sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidentes los mismos, la resolución a emitirse sería anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo.

El art. 265.I del Código Procesal Civil prevé: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.”, norma concordante con el art. 213.II del Adjetivo Civil, el cual dispone que, la resolución contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de leyes en que se funda; concordante con el criterio establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0903/2012, de 22 de agosto, que precisó: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante en consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo¨, misma que al estar revestida de su carácter vinculante, es de cumplimiento obligatorio.

Ese sentido se tiene que, el recurrente acusa la falta de pronunciamiento sobre procedencia de su demanda reconvencional de “resolución de contrato”, añadiendo que el Auto de Vista no menciona porque no procedería la misma, habiéndose demostrado que Roles Hotel incumplió sus deberes convenidos en cuanto a la maquinaria y dinero en un monto de $us.10.000.-

Al respecto, la resolución recurrida explica, aunque de forma muy sucinta pero congruente que de acuerdo a la fijación del objeto de la prueba determinado en el acta de fs. 527 a 542 del expediente, la entidad demanda específicamente no ha realizado objeción alguna y por el contrario ha manifestado de forma expresa que el objeto de la causa (reconvención) esta vertida solamente sobre la minutación, a dicho efecto no se va a producir ninguna otra pretensión o prueba vinculada a ella.

Conclusión por la que, se asume que la decisión de segunda instancia no incurre en incongruencia omisiva en grado alguno y por el contrario es acorde a los estándares del debido proceso en sus elementos constitutivos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba, pues las consideraciones expuestas en dicha resolución si bien no son ampulosas o reiterativas, son precisas y pertinentes al hacer entender al justiciable recurrente que sus alegaciones han sido respondidas adecuadamente.

Por lo que este Tribunal advierte que, no existe defecto de forma alguna que amerite un pronunciamiento anulatorio como pretende el recurrente; consecuentemente, es menester ingresar a analizar las acusaciones de fondo.

b) En relación a la acusación de inaplicación y errada interpretación de los institutos contractuales de la venta, permuta y arriendo, por la cual el recurrente sostiene que la minuta de fecha 28 de junio de 2019 contenida en la EP N° 1332/2019 y el documento de fecha 18 de julio de 2019, contienen los tipos contractuales señalados. Al respecto corresponde remitirse, de acuerdo a la doctrina legal aplicable citada en relación al tópico en análisis, que en la interpretación de los contratos resulta relevante y además obligatoria para las autoridades judiciales la determinación de la intención común de los contratantes, más allá de la redacción literal de sus términos, así como el análisis de la conducta desplegada por las partes en la ejecución de sus obligaciones contractuales.

Y es precisamente en ese sentido, que el Auto de Vista impugnado ha razonado, llegando a explicar adecuada y congruentemente que de la revisión del contrato contenido en la EP N° 1332/2019 aclarado, enmendado y complementado por el documento de fecha 18 de julio de 2019; se establece que, estos instrumentos contienen un contrato de compraventa de terreno entre la Inmobiliaria Bosque Grande S.A., como vendedora y la Empresa Unipersonal Roles Hotel como compradora, de un terreno de 41.348,46 m2 de superficie por la suma libremente convenida de Bs. 6.264.000.- o su equivalente en dólares estadounidenses, otorgándose como parte de pago, la transferencia de equipo pesado por la suma de $us. 245.000.- y el saldo adeudado por el comprador se cancelaría con el arrendamiento a favor del vendedor de maquinaria pesada, estando sujeto esto último, a requerimiento previo de la inmobiliaria, no necesariamente por la totalidad del equipo pesado.

Lo anteriormente razonado por el Tribunal de segunda instancia, no debe entenderse como la existencia simultánea de varios contratos nominados emergentes del contenido de los dos documentos cuyo cumplimiento se demanda, sino por el contrario la evidencia de un contrato de compraventa en el que las partes, en atención al amplio margen de la autonomía de su voluntad, han acordado formas de pago (en efectivo y en especie) además del pago de un saldo a cancelarse con el arriendo de una maquinaria, lo que no constituye un contrato independiente o autónomo con efectos propios, sino como una prestación diversa al pago en efectivo.

Así se puede advertir también de la lectura de la cláusula quinta del contrato contenido en la EP N° 1332/2019 que expresamente refiere: “El precio total de Bs. 6.264.000 será pagado a la vendedora de conformidad con el siguiente detalle: A la firma del presente contrato la vendedora paga a la compradora en parte mediante prestación diversa a la debida con la transferencia del siguiente equipo pesado…”-

El punto 5.2 del contrato refiere: “El saldo del precio convenido será pagado por la compradora a favor de la vendedora mediante el arrendamiento de la siguiente maquinaria y los costos asignados”.

No existiendo inaplicación y/o errada interpretación de los institutos contractuales de la venta, permuta y arriendo por parte del Tribunal de alzada como erradamente sostiene el recurrente, pues ambos documentos, aunque posteriormente aclarados y modificados sin cambio sustancial, reflejan la existencia de un único contrato de compraventa sujeto al pago tanto en efectivo como por prestaciones diversas a las debidas, siendo irrelevante la consideración del potencial moratorio de las cartas notariadas de fs. 11 a 18 que no tiene tal efecto, por el contrario como acertadamente ha definido el Tribunal de alzada, tienen la finalidad exclusiva de hacer conocer la puesta a disposición de la maquinaria y personal al vendedor para iniciar los trabajos que la inmobiliaria Bosque Grande S.A, disponga, denotando también que sobre el contenido de estas cartas notariadas no ha existido pronunciamiento de la entidad demandada sino hasta el momento de contestar a la demanda y formular demanda reconvencional de resolución de contrato, actitud que se encuentra acorde, por parte del comprador, a los principios de la buena fe contractual desarrollado precedentemente, no así por la parte vendedora.

c) Respecto al segundo agravio que acusa errada interpretación de los arts. 135 y 136 del Código Procesal Civil, dicho agravio tampoco resulta evidente, pues la resolución impugnada de forma precisa y sucinta explica que la inmobiliaria Bosque Grande S.A., no desvirtuó esta aseveración del recurrente dándose por hecho la entrega física de las movilidades y manteniéndose vigente el fin causal material de la prestación debida. De lo que se advierte que no existe incongruencia omisiva como sugiere la parte recurrente y por el contrario la respuesta y consideración a estos cuestionamientos han sido desarrollados en la resolución recurrida como se ha identificado precedentemente.

d) En cuanto a la presunta falta de aplicación del art. 291 y errada aplicación del art. 568, ambos del Código Civil, en virtud de que Roles Hotel debió cumplir con la totalidad de sus obligaciones, el Tribunal de alzada daría a entender que al haberse pedido las minutas de los vehículos, el actor no tenía el deber de probar el cumplimiento total de sus obligaciones, desde esa óptica si Roles Hotel pretendió cumplir sus obligaciones y estas no querían ser aceptadas por el acreedor Bosque Grande S.A., debieron constituirlos en mora a través de la oferta de pago conforme al art. 327 y siguientes del Código Civil.

El Tribunal de alzada, al respecto expresó que en cuanto a los poderes conferidos a la Empresa Unipersonal Roles Hotel para poder transferir el equipo pesado detallado en el anexo 1 por indicios extraídos de las comunicaciones vía correo electrónico Gmail adjuntas por la Inmobiliaria Bosque Grande S.A., hacen deducir que la inmobiliaria tenía conocimiento de que el equipo pesado descrito en el anexo 1 no estaba a nombre de la Empresa Unipersonal Roles Hotel.

Esta conclusión, se halla reforzada cuando se analizó que la Empresa Unipersonal Roles Hotel dentro de su pretensión de cumplimiento de obligación habiendo realizado la entrega del equipo pesado como parte de pago por la venta del inmueble, solicita que la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A., ponga a su nombre y concluya la transferencia, constituyéndose este único punto de su pretensión, puesto que conforme a la carta notariada de fs. 15; se advierte que, la entidad demandante entregó los poderes correspondientes y las minutas de transferencia, una vez más dentro el marco de ejercicio de la buena fe contractual.

Razonamientos explanados por los cuales se concluye en que, la acusación de falta de aplicación del art. 291 del Código Civil en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales como causales de cumplimiento o resolución de contrato no es evidente, pues se ha identificado adecuadamente cual la pretensión del demandante y la forma en que este ha generado el cumplimiento de sus propias prestaciones.

e) Acusa el recurrente la errada valoración probatoria de las cartas notariadas de fs. 11 a 14 y de 16 a 18, pues en su criterio son genéricas en su apreciación, existiendo error de hecho y de derecho en su apreciación, pues al no tener plazo el contrato la norma faculta al acreedor a poder emplazar su cumplimiento; es decir que, para la consideración del arrendamiento debe cumplirse con el uso, goce de la cosa, es decir estar en poder de la cosa arrendada, conforme dispone el art. 693 del Código Civil.

Además, de la errada valoración probatoria de la carta de fs. 15, por la cual se estaría entregando poderes notariados y minutas de venta de vehículos y maquinarias, sin adjuntar la documentación de respaldo, sin tener rango de presunción de certeza.

Al respecto, reiterar las anteriores conclusiones, pues en el ámbito de la debida y adecuada fundamentación y motivación el Tribunal de alzada ha establecido que la trascendencia en la valoración de la prueba consistente en varias cartas notariadas, entre ellas la de fs. 15, no radica en su formalidad o en un pretendido efecto moratorio o emplazatorio como sugiere erróneamente el recurrente, sino que estos documentos notariados evidencian que más allá de estar fuera del plazo inicialmente convenido, no se ha obtenido una respuesta negativa frente a ellas presumiéndose la falta de voluntad de la parte demandada de proceder al cumplimiento de pago mediante esta modalidad pactada como arrendamiento.

Esta conclusión, se halla íntimamente vinculada a la acusación de la falta de uso y goce de la cosa arrendada a la que alude el recurrente, tópico que no ha sido objeto de cuestionamiento, sino por la falta de la entrega la documentación de respaldo a momento de hacerse la entrega y recepción de las minutas de transferencia de los vehículos, como bien explico la resolución impugnada, aunque de forma extemporánea ha cumplido la finalidad convenida sin cuestionamiento alguno.

Por lo que, así expuesto el razonamiento del Tribunal de alzada no existe error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, pues la conclusión asumida es la correcta.

En mérito a lo expuesto, no se acreditó por parte del recurrente un accionar incorrecto del Tribunal de alzada en el análisis y emisión de la resolución impugnada, estando la misma conforme a derecho; por consiguiente, corresponde negar la pretensión del recurrente y emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num.1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 601 “A” a 610, interpuesto por la Empresa Inmobiliaria Bosque Grande S.A. representada por Gloria Paola Miranda Meyer contra el Auto de Vista Nº 486/2024, de 7 de agosto, cursante de fs. 594 a 600 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos al recurrente.

Se regula el honorario profesional en favor del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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