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TSJ

AS/0093/2026

Tribunal Supremo de Justicia
20 de febrero de 2026Sala Social 1era
Proceso
Reincorporación Laboral

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 93/2026 Sucre, 20 de febrero de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 662/2025 Demandante : Geyza Fabiola Lazcano Chumacero Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Proceso : Reincorporación Laboral Distrito : Chuquisaca Relator : Mgdo. German Saul Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 207 a 214, interpuesto por Geyza Fabiola Lazcano Chumacero, impugnando el Auto de Vista 343/2025 de 23 de julio de fs. 178 a 187, emitida por la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral de Reincorporación seguido por la recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de . _ Sucre, el Auto 183 de 25 de agosto de 2025 a fs. 221, que concedió el Recurso de Casación y los antecedentes procesales, el Auto de Admisión 6062/2025-A de 1 de septiembre que admitió el Recurso de Casación a fs. 227 y vta,. y los antecedentes procesales.

IL ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral de Reincorporación y Conversión de Contrato, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo de la capital del departamento de Chuquisaca emitió la Sentencia 5/2024 de 4 de julio, de fs. 135 a 137 vta., que declara IMPROBADA la demanda de reincorporación y pago de derechos sin costas.

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Auto de Vista En grado de Apelación, promovido por la recurrente la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 343/2025 de 23 de julio de fs. 178 a 187, CONFIRMANDO la Sentencia 5/2024 de 4 de julio de fs. 135 a 137 vta., con costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN De la lectura del Recurso de Casación interpuesto por la demandante, se identificaron las siguientes infracciones:

1. Refirió que, respecto a los agravios denunciados en Apelación, el Tribunal de Alzada sostuvo que no se precisó si la Juez de la causa incurrió en incongruencia externa o interna, señalando además que: ...

por esta omisión, demostré que la juez a quo, incurrió en incongruencia extra petita... (sic); sin embargo, sostuvo que dicho Tribunal debió aplicar el principio iura novit curia, en virtud del cual el juzgador, al momento de resolver una controversia, no se encuentra limitado a los argumentos expuestos por las partes, debiendo aplicar las normas que considere pertinentes, aun cuando estas no hubiesen sido invocadas.

En ese marco, señaló que el Tribunal de Apelación omitió analizar los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, particularmente aquellos referidos a que la Juez de la causa no estableció que los contratos suscritos con el municipio tuvieran naturaleza administrativa;

por consiguiente, dicho aspecto no formaba parte de la relación procesal, ni correspondía a las partes acreditar o desvirtuar tal extremo.

Añadió que, conforme se advierte del memorial de contestación a la demanda, el municipio tampoco sostuvo que dichos contratos fueran administrativos; por el contrario, reconoció que fueron suscritos conforme a la Ley General del Trabajo, aspecto que incluso fue reconocido por la propia Juez, quien estableció que las funciones desempeñadas constituían tareas propias y permanentes; razón por la cual, afirmó haber demostrado que las labores que ejercía tenían carácter propio y permanente.

Asimismo, acusó que el Tribunal de Alzada, al limitarse a compartir el criterio de la Juez A quo, sin emitir razonamiento propio ni expresar Página 2 de 23

fundamentos autónomos, vulneró el derecho al debido proceso previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Añadió que tampoco se consideró que, una vez concluido su segundo contrato, continuó prestando servicios por su condición de madre de un niño menor de un año, extremo que según sostuvo, fue acreditado mediante la prueba testifical y no valorado por los jueces de instancia.

Finalmente, señaló que, como sustento de sus pretensiones vinculadas a la congruencia de las resoluciones judiciales, invocó el la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; no obstante, acusó que dicha jurisprudencia no fue considerada, ni se explicaron las razones por las cuales no resultaba aplicable al caso concreto.

Sobre esa base, denunció que tanto la Sentencia 5/2009 de 4 de julio como el Auto de Vista 343/2025 de 23 de julio incurrieron en errores in procedendo, que deben ser corregidos mediante la emisión de una nueva resolución. 2. Alegó que, en su recurso de apelación, denunció que la Juez de la causa se limitó a mencionar que las pruebas de cargo cursaban de fs. 1 a 29 y que la prueba testifical de cargo se encontraba de fs. 119 a 120;

asimismo, respecto a la prueba de descargo, señaló únicamente que la parte demandada no presentó prueba alguna. Sin embargo, sostuvo que el Tribunal de Alzada coincidió con dicho razonamiento, sin emitir criterio propio ni efectuar un análisis integral de los contratos suscritos, limitándose a señalar que únicamente celebró dos contratos a plazo fijo;

omitiendo considerar que los POAIS cursantes de fs. 4 a 6 demostraban que realizaba tareas propias y permanentes, extremo que incluso fue reconocido por la Juez de primera instancia, quien estableció que desempeñaba funciones de técnico operativo administrativo. No obstante ello, de manera contradictoria, los de instancia concluyeron que, al haberse suscrito únicamente dos contratos, conforme a las literales de fs. 1 a 3, no resultaba aplicable el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187.

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3. Por otro lado, señaló que los jueces de instancia, respecto a su condición de madre progenitora, sin sustento legal alguno, hicieron referencia a las Resoluciones Administrativas 93/2022 de 25 de abril y 53/20322 de 11 de marzo, de fs. 9 a 29, mediante las cuales -ante su denuncia presentada en la Jefatura del Trabajo- se rechazó su solicitud de reincorporación, sustentándose para ello en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1509/2022-S4 de 21 de noviembre.

En ese entendido, refirió que los de instancia concluyeron que, por su condición de madre progenitora de un menor de un año, no gozaba de inamovilidad laboral; no obstante, señalaron que, al haber concluido su contrato en el mes de diciembre de 2021, la entidad demandada no tenía obligación de recontratarla en la gestión 2022.

Sobre el particular, sostuvo que dicho razonamiento resultaba incorrecto, toda vez que su hijo tenía únicamente seis meses de edad al momento de la conclusión del contrato y recién cumplió un año el 5 de julio de 2022; por lo que, al encontrarse protegida por la Ley General del Trabajo (LGT), su estabilidad e inamovilidad laboral se encontraban garantizadas hasta que su hijo cumpliera un año de edad, debiendo mantenerse vigente su fuente laboral. Añadió que, incluso desde la conclusión del primer contrato y la continuidad en el ejercicio de sus funciones, operó la tácita reconducción, extremos que según afirmó, fueron acreditados mediante las declaraciones testificales de cargo cursantes de fs. 119 a 120, mismas que fueron desestimadas sin explicación alguna.

Al respecto, acusó que los jueces de instancia no valoraron adecuadamente las pruebas de cargo ni se pronunciaron sobre sus demás peticiones (sic), vulnerando el debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia.

Sustentó su postura invocando la .

Finalmente, refirió que el Tribunal de Alzada no explicó ni fundamentó las razones por las cuales no resolvió todos los agravios denunciados en el recurso de apelación, ni justificó por qué no valoró integralmente las pruebas de cargo aportadas al proceso.

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4. Señaló que, en el Recurso de Apelación, denunció que la Sentencia contenía agravios de fondo, por cuanto vulneró los principios de protección, in dubio pro operario e inversión de la prueba; sin embargo, sostuvo que el Tribunal de Alzada, sin emitir criterio propio, se limitó a señalar que la Juez A quo no infringió dichos principios, motivo por el cual acusó que la resolución recurrida carece de fundamentación y motivación suficientes.

Al respecto, invocó como sustento la y el , emitido por la Sala Social Segunda.

Prosiguiendo con sus agravios, reiteró que los jueces de instancia no valoraron integralmente la prueba producida ni expusieron una explicación debidamente fundamentada y motivada respecto a las razones por las cuales se le negó la reincorporación laboral y la conversión de su contrato; acusando, una vez más, la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. 5. Señaló que era obligación de los jueces de ambas instancias observar y aplicar los arts. 2 y 4.d) del Decreto Supremo (DS) 28699, así como el art. 48 de la CPE; sin embargo, sostuvo que arribaron a una conclusión incorrecta, puesto que del contenido de los contratos suscritos se evidenciaría de manera contundente que, desde su ingreso hasta su despido intempestivo, y conforme a la Resolución Ministerial 650, las labores desarrolladas dentro de la institución demandada correspondían a tareas propias y permanentes, percibiendo además un salario mensual; por lo que, en aplicación del principio de verdad material, su cargo debía ser considerado dentro de la categoría de Operativo, extremos que no fueron desvirtuados por la parte demandada.

Reiteró que los jueces de instancia debieron otorgar valor a cada uno de los contratos suscritos, verificando si estos cumplían o no con las características esenciales de una relación laboral, aplicando para ello el principio de primacía de la realidad, señalando que: ...como ocurrió en los contratos suscritos consecutivamente con la Caja Nacional de Salud de Sucre, que demostré que hubo fraude laboral, donde mi empleador, Página 5 de 72

pretendió camuflar sus actos ilegales, incorporando en los contratos aspectos de que estaría supliendo funciones... (sic).

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Demandante
Geyza Fabiola Lazcano Chumacero
Demandado
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre - Gams
Proceso
Reincorporación Laboral
Magistrado relator
Rosmery Ruiz Martinez
Tribunal Supremo de Justicia20 de febrero de 2026AS/0093/2026Fuente oficial