Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 98/2026 Sucre, 20 de febrero de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 611/2025 Demandante : Maletzin Garcia Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Proceso : Conversión de contrato Distrito : Chuquisaca Relatora : Mgdo. German Saul Pardo Uribe I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 404 a 414 vta., interpuesto por Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 325/2025 de 16 de julio de fs. 394 a 401 vta., emitido por la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral de Conversión de Contrato seguido por Maletzin García contra la entidad recurrente; el Auto 162 de 11 de agosto de 2025, a fs. 422, que concedió el Recurso de Casación, el Auto de Admisión 611/2025-A de 14 de agosto que admitió el Recurso de Casación a fs. 428 y vta., y los antecedentes procesales.
IL ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia Tramitado el proceso laboral de Conversión de Contrato, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 45/20243 de 28 de diciembre de fs. 358 a 362 que declaró PROBADA en parte la demanda Divina 1 de 21
interpuesta Maletzin Garcia, en contra del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; no correspondiendo la conversión de contrato, ni el pago de derechos sociales; pero si se le reconoce la estabilidad laboral, determinando que, la institución demandada al inicio de cada año, debe pactar contrato con la parte demandante, en el que se considere el tiempo; desde el primer día hábil hasta el último día hábil de cada año, con costas.
Auto de Vista En grado de Apelación, promovido por el recurrente la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 325/2025 de 16 de julio de fs. 394 a 401 vta., que REVOCÓ en parte la Sentencia 45/2023 de 28 de diciembre, de fs. 358 a 362, declarando PROBADA en parte, la demanda de conversión de contrato, presentada por Maletzin García; disponiendo como consecuencia de la aplicación del art. 1 de la Ley 321 e incorporando al ámbito de protección de la Ley General del Trabajo al demandante; en consecuencia, determinó la convertibilidad del contrato de trabajo de plazo fijo a uno indefinido, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, le otorgue la estabilidad laboral conforme la Ley General del Trabajo (LGT) y el reconocimiento de los derechos y beneficios sociales. Sin Costas.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Contra el referido Auto de Vista, la entidad recurrente interpuso Recurso de Casación señalando los siguientes argumentos:
1. Recurso de casación en la forma:
Refirió que, al contestar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte contraria, alegó lo siguiente:
- a)Con relación al Decreto Ley (DL) 16187;
- b)Respecto de la conversión de contratos en instituciones públicas, explicando por qué no es posible la conversión de contratos y la imposibilidad administrativa y Página 2 de 21
financiera de materializar este tipo de contratos, citando la normativa que rige el sector público (Ley 031, Ley 1178, Decreto Supremo (DS) 29894, Resolución Suprema 2255588, DS 181, Ley del Estatuto del Funcionario Público, Ley de Administración Presupuestaria y Ley 482), así como la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 562/2017 de 5 de junio; y, e) Sobre la estabilidad laboral de la actora.
Prosiguió señalando que la Sentencia de Primera Instancia estableció que no era viable la conversión de contratos en una institución pública, posición sustentada en la SCP antes citada, emitida en un caso análogo; en ese entendido, refirió que en el caso presente es imposible otorgar un contrato a plazo indefinido, porque no existe una partida presupuestaria destinada a este tipo de contratos, aspecto que debió ser considerado por el Tribunal de Alzada, en resguardo del derecho a la defensa y la igualdad entre las partes, como elementos del debido proceso y que, de forma totalmente extraña, solo se pronunció sobre los puntos expuestos por la parte actora y no sobre los planteados en la contestación al recurso de apelación; razones por las que acusó motivación insuficiente y en consecuencia, la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre partes.
Señaló que la Sentencia 45/2023 de 28 de dcieimbre entendió que materialmente es imposible otorgar un contrato a plazo indefinido dentro de una institución pública y que la posibilidad de otorgar items se encuentra limitada por la Ley 031, que establece la imposibilidad de exceder el 25 de los gastos de funcionamiento, dentro de los cuales se comprende la asignación de ítems y los demás gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad, desde la compra de material de escritorio hasta otros requerimientos institucionales.
Añadió que sobrepasar dicho porcentaje implica incumplir un mandato normativo y que, al no existir la posibilidad de crear ítems, la Juez de primera instancia, protegiendo el derecho al trabajo de la actora, dispuso la suscripción de contratos anuales, los cuales derivarian en una relación laboral indefinida. En ese contexto, sostuvo que la parte dispositiva de la Sentencia no puede ser tachada de contradictoria, pues no deja desamparada a la trabajadora y, al mismo tiempo, evita generar un incumplimiento por parte de la institución, proponiendo una solución equitativa.
Sin embargo, sostuvo que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la normativa que rige al municipio como institución pública, pese a haber sido expresamente invocada por su parte.
Citando la documental de fs. 270 y 271, consistente en certificaciones de la Unidad de Finanzas y de Recursos Humanos, que, según señaló, acredita la inexistencia de partida presupuestaria para contratos indefinidos, acusó que el Tribunal de Alzada omitió su valoración y ahondó señalando que las partidas presupuestarias no están sujetas a la discrecionalidad del municipio, sino que constituyen clasificadores presupuestarios emitidos anualmente y utilizados por todo el sector público, por depender del Ministerio de Finanzas; en sintesis, acusó que el Auto de Vista recurrido incurrió en motivación insuficiente al omitir considerar que los gastos de funcionamiento no pueden exceder el 25, conforme establece la Ley 031 y demás normativa relacionada con el presupuesto asignado al municipio.
Prosiguió señalando, que el referido Tribunal debió pronunciarse, con la debida motivación y fundamentación, respecto de las razones por las cuales sería posible la materialización de un contrato a plazo indefinido en una institución pública, pues si bien la Ley 321 permite el amparo de ciertos trabajadores por la Ley
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General del Trabajo, ello no implica desconocer la normativa aplicable al sector público.
Finalmente, alegó que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre no es una empresa privada y que, al respecto, el Tribunal de Alzada no explicó de qué forma el municipio generaría recursos económicos propios, en qué porcentaje cubriría los sueldos ni bajo qué normativa lo haría, incurriendo, a su juicio, en motivación arbitraria.
2. Recurso de Casación en el fondo.
De manera introductoria, acusó error de hecho y errónea e indebida aplicación de la Ley, refiriendo a continuación, que existe una colisión normativa entre la LGT y las Leyes que rigen el sector público (Ley 482, Ley del Estatuto del Funcionario Público, 1178, Ley de Administración Presupuestaria, Resolución Suprema 225558), normativas de carácter nacional, de cumplimiento obligatorio para el sector público; y que la Ley 321, no desconoce la naturaleza de la institución pública.
Bajo ese contexto, alegó lo siguiente:
2.1. Refirió que en las instituciones públicas no están reconocidos lo contratos indefinidos, por lo que, el municipio se ve imposibilitado de otorgarlos; aspecto que, no mereció pronunciamiento, fundamentación ni motivación por parte del Tribunal de Alzada, siendo que mínimamente debió explicar las razones por las que el municipio tiene la posibilidad para otorgar un contrato de esa naturaleza en favor del actor, pues debieron explicar el conflicto normativo de la entidad y la factibilidad de su otorgación, identificando la planilla presupuestaria con la que se cancelaria, siendo que no existe una planilla presupuestaria prevista para ese tipo de contratos.
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