Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 98/2026 Sucre, 03 de febrero de 2026 Expediente : 523/2024-A Demandante : Noemi Mendoza Melgar Demandado : Seguro Integral de Salud SINEC Proceso : Reincorporación y pago de sueldos devengados Distrito : Santa Cruz Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martinez I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 233 a 246, interpuesto por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC, representado legalmente por Jessica Pereira Ramos en su calidad de Gerente General a.i., contra el Auto de Vista N 119 de 30 de junio de 2023 de fs. 213 a 218, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral sobre reincorporación seguido por Noemi Mendoza Melgar contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 250 a 253 vta.; el Auto de 8 de mayo de 2024 de fs. 254 vta. que concedió recurso, el Auto Supremo N 523/2024-A de 25 de junio de fs. 260 y vta., que admitió el recurso de casación; el Auto Supremo N 527/2024 de 19 de septiembre, de fs. 262 a 269 vta., la Resolución Constitucional N 126/2025 de 18 de junio, los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
IL ANTECEDENTES PROCESALES Sentencia.
La Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia N 92/20 de 30 de
noviembre de 2020, de fs. 165 a 168, falla declarando PROBADA la demanda de reincorporación y pago de sueldos devengados, dado que en los hechos SINEC ha reincorporado a la parte demandante, se ordena el pago de sueldos devengados que por Ley le corresponde desde su despido hasta el momento de su reincorporación conforme el art. 180 de la CPE, desde el 30 de septiembre de 2016 hasta el 23 de abril de 2018. Sin costas.
Auto de Vista.
En conocimiento de la Sentencia, la entidad demandada a través de su representante legal, interpuso recurso de apelación de fs.
171 a1l81 vta., que fue resuelto por Auto de Vista N 119 de 30 de junio de 2023, cursante de fs. 213 a 218, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contencioso, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que CONFIRMÓ la Sentencia N 92/20 de 30 de noviembre de 2020.
Auto Supremo
Atendiendo el Recurso de casación interpuesto por la entidad Seguro Integral de Salud SINEC a través de su representante legal, se emitió el Auto Supremo N 527/2024 de 19 de septiembre, de fs. 262 a 269 vta., que declaró INFUNDADO el Recurso de Casación cursante de fs. 233 a 246; fallo pronunciado por los ex Magistrados Carlos Alberto Egúez Añez y Maria Cristina Díaz Sosa.
Resolución de Amparo Constitucional
Contra el Auto Supremo N 527/2024 de 19 de septiembre, la entidad Seguro Integral de Salud SINEC, interpuso Acción de Amparo Constitucional, la cual fue resuelta mediante la Resolución Constitucional 126/2025 de 18 de junio, de fs. 321 a 327 vta., emitida por el Tribunal de Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que CONCEDIÓ la tutela de carácter parcial y dejó sin efecto el
Auto Supremo N 527/2024 de 19 de septiembre, disponiendo la emisión de una nueva Resolución.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Notificado con el Auto de Vista, el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SINEC), interpuso recurso de casación de fs. 233 a 246, argumentando lo siguiente:
1. Acusó que, el Auto de Vista incurrió en motivación arbitraria, al no referirse a ningún de los agravios expuestos en apelación ni contrastarlos con los argumentos de la Sentencia recurrida, incumpliendo lo prescrito en el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC-2013), pese a la mención de la definición de servidor público, así como a la normativa que sostiene dicha postura, sin tomar en cuenta la base normativa contenida en los arts. 410-11) de la Constitución Política del Estado (CPE), 4 y 5 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), la Ley N 1178 y la Ley N 2027.
2. Manifestó que, los Vocales no aplicaron la normativa mencionada en el párrafo precedente y jurisprudencia respecto a la calidad de funcionaria pública de libre nombramiento por tanto de libre remoción de la actora, aduciendo que existe una parcialización en el caso presente al aplicar preferentemente los principios inherentes a los derechos sociales.
Reiteró que, no se puede sostener y aplicar principios de manera discrecional y menos se debe invocarlos para aplicar la norma jurídica que regula el régimen de los servidores públicos, debido a que la Constitución Política del Estado prevé la existencia de funcionarios de libre nombramiento al no emerger su designación de un proceso de convocatoria, sino de una designación directa de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución demandada, en virtud a la confianza depositada por la prenombrada, clase de funcionarios que por su forma de ingreso no gozan de inamovilidad laboral, conforme lo ha establecido la uniforme jurisprudencia vinculante establecida por el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP). Al respecto cita las Sentencias Constitucional Plurinacionales Nos. 2221/2012, 0100/2013, 0563/2018-S4, 0754/2022-53, entre otras, para afirmar que el Auto de Vista incurre en la inaplicación de todo el régimen normativo de los servidores públicos, que fueron invocados por el SINEC en los numerales 4.1.2 y 4.2.3 del memorial de apelación; así como el Decreto Supremo (DS) N 26474 de creación del SINEC y el régimen aplicable a su personal, cuyo art. 27 establece que los funcionarios del SINEC son funcionarios públicos y por ende sujetos a dicho régimen de normas; sin embargo, el Auto de Vista arbitrariamente y sin ninguna fundamentación afirman que es de aplicación preferente los principios rectores de los derechos sociales.
3. Acusó de error de hecho, en la apreciación del Memorándum GGMEM N 164/2016, ya que fue la única prueba que fue compulsada por el Tribunal de Alzada, concluyendo que no es aplicable la legislación del EFP y su Decreto Reglamentario, asi como las Normas Básicas de Administración de Personal (NB-AP), dado que del contenido del citado memorándum refirieron que la relación laboral se encuentra bajo los parámetros de la LGT; sin embargo, el segundo párrafo del señalado memorándum, expresa que la demandante debe cumplir funciones en el marco de la LGT.
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