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TSJ

AS/0100/2026

Tribunal Supremo de Justicia
3 de febrero de 2026Sala Social 2da
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

AN AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N 100/2026 Sucre, 03 de febrero de 2026 Expediente : 536/2025 Demandante : Julio León Tomas Demandado : Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Proceso : Pago de beneficios sociales Distrito : Oruro Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: El recurso casación de fs. 318 a 328 vta., interpuesto por el Julio León Tomas, impugnando el Auto de Vista N 232/2025 de 9 de junio, de fs. 308 a 316 vta., pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales, seguido por el recurrente, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAM de Oruro), representado por Adhemar Wilcarani Morales en su condición de alcalde Municipal; el memorial de contestación de fs. 332 a 336 vta.; el Auto Interlocutorio N 305/2025 de 9 de julio, a fs. 337 y vta., que concedió el recurso;

el Auto Supremo N 536/2025-A de 17 de julio, a fs. 343 y vta., que admitió el recurso; y todo lo que en materia fue pertinente analizar:

IL ANTECEDENTES DEL PROCESO Sentencia Tramitado el proceso social de pago de beneficios sociales, el Juez Tercero de Partido de Trabajo, Seguridad Social, Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, emitió la Sentencia N 47/2024 de 25 de octubre, de fs. 262 a 269, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 2 a 7, sin costas; disponiendo, reconocer en favor

del demandante la suma de Bs. 497.502,01.- (Cuatrocientos

noventa y siete mil quinientos dos 01/100 Bolivianos), por concepto

de indemnización, vacaciones, bono de antigtiedad, bono de té, más

la multa del 30 establecida en el Decreto Supremo (DS) N 28699

de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante del GAM

de Oruro de fs. 275 a 282, la Sala Contenciosa, Contenciosa

Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental

de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista N 232/2025 de 9 de

junio, de fs. 308 a 316 vta., REVOCÓ totalmente la Sentencia N

47/2024 de 25 de octubre, declarando IMPROBADA la demanda

de pago de beneficios sociales, sin costas ni costos.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN

Contra el indicado Auto de Vista, el GAM de Oruro interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, exponiendo los siguientes argumentos:

El recurrente sostuvo que el Tribunal de Alzada incurrió en valoración defectuosa y arbitraria de la prueba testifical de cargo;

toda vez que, dos testigos declararon de forma concordante respecto a su ingreso laboral al GAM de Oruro en fecha 1 de marzo de 1998 y su desvinculación el 31 de marzo de 2023, desempeñando funciones de peón en el área de Avance de Obras;

señaló, que dichas declaraciones cumplen los requisitos establecidos en el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al coincidir en hechos, tiempos y lugares; por lo que, debieron generar plena eficacia probatoria sobre la relación laboral y el pago de beneficios sociales, extremo que fue indebidamente desconocido por el Tribunal de Alzada.

Refirió que los trabajadores de Avance de Obras obtuvieron reconocimiento de sus derechos laborales mediante la Resolución Administrativa N 019/2007 y la Resolución Ministerial N

AA 249/07, esta última confirmada por Auto Supremo de Sala Plena N 280/2008, que estableció que dichos trabajadores se encontraban bajo el amparo de la Ley General del Trabajo (LGT), por haber iniciado su relación laboral antes de la vigencia de la Ley de Municipalidades N 2028 y Estatuto del Funcionario Público. Indicó que, como consecuencia de esta Resolución, el Municipio procedió a su afiliación a la AFP Futuro de Bolivia desde enero de 2011, lo cual explica que los aportes previsionales comiencen en esa fecha y no constituye prueba de inicio laboral en ese momento, como erróneamente concluyó el Tribunal de Alzada.

Respecto a la nómina de trabajadores utilizada por el Tribunal de Alzada para desestimar su antiguedad laboral, el recurrente sostiene que la misma fue elaborada de manera irregular durante conflictos sindicales, sin consignar fechas reales de ingreso; por lo que, no puede prevalecer sobre la prueba testifical, ni documental, que acredita la continuidad laboral desde 1998; en consecuencia, corresponde el pago de beneficios sociales al encontrarse protegido por la LGT.

Argumentó que, aun considerando las listas posteriores, se encuentra comprendido en el art. 1 de la Ley N 321, por haber desempeñado funciones manuales permanentes como peón; por lo que, corresponde el pago de indemnización desde la promulgación de dicha Ley, así como bono de antigtiedad y vacaciones conforme a la normativa laboral vigente; explicó que la interpretación de la Ley N 321, no debe limitarse a su literalidad, sino aplicarse bajo los principios protectores del derecho laboral, tales como el in dubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa, desarrollados por la jurisprudencia constitucional y normativa como el DS N 28699.

Señaló que, sus funciones consistian en trabajos manuales propios y permanentes del municipio, tales como construcción de

aceras, cordones, empedrados, muros de contención y mantenimiento de espacios públicos, actividades que evidencian una relación laboral permanente y no eventual; en ese sentido, afirmó que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente la Resolución Ministerial N 249/07 y el art. 1 de la Ley N 321, al desconocer su condición de trabajador amparado por la LGT y el consecuente derecho al pago de beneficios sociales, incluyendo la multa del 30 prevista en el art. 9 del DS N 28699.

Citó precedentes del Tribunal Supremo de Justicia que respaldan su posición sobre la aplicación de la normativa laboral y la protección de trabajadores municipales con funciones manuales permanentes. Argumentó que, conforme al principio de inversión de la carga de la prueba establecido en los arts. 3-h), 66 y 150 del CPT, correspondía al empleador desvirtuar los hechos alegados, lo cual no ocurrió.

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Demandante
Julio Leon Tomas
Demandado
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.
Proceso
Pago de Beneficios Sociales y Derechos
Magistrado relator
German Saul Pardo Uribe
Tribunal Supremo de Justicia3 de febrero de 2026AS/0100/2026Fuente oficial