Texto del fallo
SALA PLENA
AUTO SUPREMO: 104/2019.
FECHA: Sucre, 17 de julio de 2019.
EXPEDIENTE Nº: 07/2018.
PROCESO: Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.
PARTES: Eurípedes Pedrosa Lima contra la Sentencia Nª 21/2016 de fecha 20 de junio de2016.
MAGISTRADO TRAMITADOR: Olvis Egüez Oliva.
VISTOS EN SALA PLENA: El Recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada interpuesto por Eurípedes Pedrosa Lima, cursante de fs. 67 a 72 vta., solicitando la revisión de la Sentencia 21/2016 de 20 de junio, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Nº 1 de Cobija, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que lo declaró autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48, con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Nº 1008 de 19 de julio de 1988.
La Resolución Constitucional de 11 de diciembre de 2018, emitida por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituida en Tribunal de garantías, que concedió la tutela solicitada por Eurípedes Pedrosa Lima, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta contra la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por haber emitido el que resolvió el referido recurso, dejándolo sin efecto y disponiendo que esta Sala Plena dicte un nuevo fallo, siguiendo los siguiente lineamientos:
- 1)Que, al no darse una explicación del porqué se invocó y aplicó el , y no así el , se extrañó la determinación de cuál de estas Resoluciones protege de mejor manera el derecho que tiene el accionante a que se admita su recurso; y,
- 2)Que, por ese mismo hecho, no se valoraron adecuadamente las Sentencias presentadas por el accionante en su recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, ni se tuvo en cuenta la existencia de otro Auto Supremo que admite que las sentencias pueden emerger de hechos distintos aunque similares.
Bajo dicha comprensión, en aplicación del art. 40.I del Código Procesal Constitucional, que dispone la ejecución inmediata de las resoluciones determinadas por una Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, se pasa a emitir el siguiente fallo.
CONSIDERANDO I: El recurrente refiriere que, el 24 de noviembre de 2011, fue aprehendido juntamente con otros implicados por efectivos de la FELCN Pando, por el tramo carretero Cobija-Santa Rosa del Abuna a horas 19:30 aproximadamente, a la altura de la Comunidad San Pedro, a dos kilómetros de la tranca de puesto policial, en el vehículo Mitsubishi de color azul, con placa de control 2730 NHG, siendo que en el asiento posterior del lado izquierdo, detrás del conductor del vehículo marca Toyota, color blanco, con placa de control NUA 2905 se encontró un bidón de plástico color azul conteniendo paquetes forrados con cinta “masquin” con olor y características a cocaína, emitiendo el Tribunal de instancia, sentencia condenatoria contra el recurrente, quien se encontraba en el vehículo donde no se encontró sustancia controlada.
Por lo que, invocando el art. 421 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), el recurrente refiere lo siguiente:
Denuncia la vulneración del art. 420 del CPP –referido a la doctrina legal establecida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia-, así como del debido proceso, citando los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y señalando que, los hechos expuestos en la Sentencia recurrida serían similares a los establecidos en los , 178 de 17 de mayo de 2006 y 89/2013 de 28 de marzo, además de las Sentencias 30/2016 de 9 de agosto, 14/2016 de 25 de abril y 57/2015 de 12 de octubre, dictadas por el mismo Tribunal que emitió la Sentencia cuestionada; no obstante, se lo habría condenado por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, aplicando una norma general como es el art. 48, con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, apartándose de la doctrina legal aplicable de los fallos citados que establecerían que en los hechos donde se advierta el transporte de sustancias controladas, se debe aplicar una norma específica como es el art. 55 de la Ley 1008, referida al Transporte de sustancias controladas, teniendo en cuenta además la complicidad como grado de participación en el hecho; por lo que, el recurrente considera que se vulneró el principio de legalidad, constituyendo defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.
Asimismo, denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, citando los arts. 6 y 420 del CPP, y, 115 y 116.I de la CPE, considerando al igual que en el caso anterior la existencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme establece el art. 169 del CPP, bajo el argumento de inobservancia de la doctrina legal contenida en los y , referidos a la carga de la prueba en materia penal, afirmando que, en la Sentencia recurrida la única prueba de cargo del Ministerio Público consistía en prueba documental y pericial, habiendo renunciado a la prueba testifical, sin embargo el Tribunal de Juicio presumiendo su culpabilidad, habría considerado la declaración del coacusado Leonardo Cárdenas Otalivio con su versión de que el recurrente le indicó que vaya a “la parada” a traer un taxi, y la declaración del coacusado Harold Leigue Subirana, cuando éstos no eran testigos, convirtiéndolos en acusadores y pretendiendo con ello que el acusado demuestre su inocencia.
CONSIDERANDO II: La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 8 prevé: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Por su parte, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece como una garantía judicial el: “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, concordante con el art. 25 de la misma Convención, que al referirse a la Protección Judicial indica: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen:
- a)A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
- b)A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y,
- c)A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
A su turno, el art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, constituyendo un elemento imprescindible del debido proceso, en virtud al cual es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica del Estado.
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