Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Magistrado Relator Carlos Eduardo Ortega Sivila AUTO SUPREMO N 0112/2026-EA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCION Y DURACIÓN MAXIMA DEL PROCESO Y Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE CASACION Proceso: Santa Cruz 187/2025 Parte acusadora: Ministerio Público, Grover Máx Céspedes Quiroga y María Luz Vásquez Morales Parte imputada: Milton García Castro y José Antonio Cruz Filipovich Delito: Homicidio Culposo y Ejercicio llegal de la Medicina. Arts. 260 y 218 del Código Penal (CP) Sucre, dieciséis de enero de dos mil veintiséis
Por memoriales de casación presentados el 2 de enero y 26 de febrero de 2025, cursantes de fs. 3082 a 3092 y 3125 a 3140, Milton García Castro y José Antonio Cruz Filipovich, impugnan el Auto de Vista 146 de 18 de septiembre de 2024 y el Auto complementario de fs. 3051 a 3060 y 3065 y vta. pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, Grover Máx Céspedes y María Luz Vásquez Morales como acusadores particulares, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Culposo, Ejercicio Ilegal de la Medicina, previstos y sancionados por los arts. 260 y 218 del CP.
Y por memoriales presentados el 17 de octubre de 2025, Milton García Castro y José Antonio Cruz Filipovich, cursantes de fs. 3156 a 3162, 3150 a 3155 vta., 3182 a 3199 vta., oponen excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, que conforme al procedimiento penal son de previo y especial pronunciamiento.
I
ACTOS PROCESALES VINCULADOS A LA PRESENTE RESOLUCION ,
Il.
SENTENCIA Por Sentencia de 7 de julio de 2023, de fs. 1948 a 1974, el Juzgado Sexto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Milton García Castro y José Antonio Cruz Filipovich, autores de la comisión del delito de Homicidio Culposo y Ejercicio llegal de la Medicina, previstos y sancionados por los arts.
260 y 218 del CP, imponiendo las penas de tres años y seis meses de reclusión para el primero y cuatro años de reclusión para el segundo, con costas.
I.2.
APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA
Contra la referida Sentencia, Milton García Castro de fs. 1986 a 2001 vta. y José Antonio Cruz Filipovich de fs. 2017 a 2035, formulan restringi recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 146 de 18 de septiembre de 2024 y al Auto complementario de 27 da diciembre da 2024 y el Auto complementario de 27 de diciembre de 2024, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró Santa Cruz improcedentes los recursos planteados, confirmando la Sentencia apelada.
II
DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS I.1.
Excepción de prescripción
Que, del análisis exhaustivo de las excepciones de prescripción interpuestas por los coacusados José Antonio Cruz Filipovich y Milton García Castro, se evidencia que ambas guardan evidente identidad en cuanto a la relación de los antecedentes, los agravios denunciados y los fundamentos jurídicos invocados. En tal sentido, al amparo de los principios de celeridad y economía procesal, y a fin de evitar resoluciones incongruentes o contradictorias, corresponde a este Tribunal acumular su tratamiento y emitir un pronunciamiento conjunto a través de una sola resolución.
De la revisión de los incidentes planteados, se advierte que los coacusados José Antonio Cruz Filipovich y Milton García Castro, interponen en la vía incidental, la excepción de prescripción solicitando la extinción de la acción penal seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Culposo y Ejercicio llegal de la Medicina. Ambos incidentitas fundamentan su pretensión
normativa en los arts. 27 inc. 8) y 29 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando que, al tener estos ilícitos una pena privativa de libertad cuyo máximo legal es menor de seis y mayor de dos años, la acción penal prescribe indefectiblemente en el plazo de cinco años. En cuanto a la relación fáctica y el computo del tiempo transcurrido, los recurrentes sostienen que el inicio del término prescriptivo debe contabilizarse desde la fecha del hecho denunciado a finales de diciembre de 2019. Subsidiariamente, señalan que incluso si se tomara como punto de partida la fecha en que fueron notificados con la ampliación de la denuncia y aprehendidos, el 17 de enero de 2020, a la actualidad ya ha transcurrido un tiempo superior a los cinco años y siete meses. De esta forma, afirman que el plazo legal previsto para la extinción de la acción ha sido superado de manera superabundante. Aunado a ello, los acusados precisan que el cómputo del plazo prescriptivo no sufrió alteración alguna, toda vez que durante la tramitación del proceso no existió ninguna declaratoria de rebeldía en su contra, única causal de interrupción reconocida por el artículo 31 del CPP. Para dar mayor solidez a su postura, invocan de manera coincidente diversa jurisprudencia constitucional y ordinaria, como el y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0812/2017-S1-, recordando que el derecho del Estado a la persecución penal no es absoluto ni indefinido, y que los plazos de prescripción actúan como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica frente a la dilación indebida de los procesos.
II.2.
Excepción de duración máxima del proceso
Que, del análisis exhaustivo de las excepciones de extinción de la acción penal por Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, interpuestas de manera separada por los coacusados José Antonio Cruz Filipovich y Milton García Castro, se evidencia que ambas guardan evidente identidad material; compartiendo integramente la relación de los antecedentes cronológicos, el cómputo de la mora procesal, y los fundamentos jurídicos, doctrinales y constitucionales invocados. En tal sentido, al amparo de los principios constitucionales de celeridad y economía procesal, y a fin de evitar resoluciones incongruentes o contradictorias respecto a un mismo hecho procesal, corresponde a este alto Tribunal acumular su tratamiento y emitir un pronunciamiento conjunto a través de una sola resolución.
Los coacusados José Antonio Cruz Filipovich y Milton Garcia Castro, formulan en la vía incidental de previo y especial pronunciamiento, la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, dentro de la causa que se les sigue
por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo. Ambos impetrantes, dirigen su solicitud ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que el proceso ha superado superabundantemente el límite legal de tres años establecido por el art. 133 del CPP.
En su fundamentación fáctica y auditoria juridica, los acusados señalan que el cómputo de los plazos debe iniciar el 16 de enero de 2020, fecha en la que el Ministerio Público emitió la resolución de ampliación de la investigación en su contra. A partir de ese momento y hasta la fecha de presentación de su incidente, calculan un tiempo total transcurrido de cinco años, ocho meses y tres semanas, equivalente a 2086 días. A este periodo bruto le aplican los descuentos correspondientes por ley: 125 días por vacaciones judiciales, 70 días por feriados nacionales y 107 días a causa de la suspensión de plazos por la cuarentena rígida del COVID-19. Realizadas estas restas procesales, concluyen que el tiempo neto imputable de duración del proceso es de cuatro años, diez meses, tres semanas y tres días, es decir, 1789 días, rebasando con creces el límite máximo permitido.
Para sustentar la procedencia de la excepción, la defensa enfatiza que la mora procesal generada durante estos años no es atribuible a los acusados y subrayan que en ningún momento existió declaratoria de rebeldía legal que interrumpiera los plazos. Por el contrario, responsabilizan directamente de la dilación al Ministerio Público, apuntando demoras de hasta mueve meses para presentar requerimientos conclusivos y meses de retraso para judicializar pruebas. Asimismo, atribuyen retrasos significativos a la parte civil por inasistencias a audiencias y negligencia en la provisión de recaudos, y al propio Órgano Judicial, evidenciando una constante falta de control jurisdiccional, remisiones tardías de expedientes a Tribunales de alzada, bajas médicas del juez, ausencia de secretarios y múltiples suspensiones injustificadas.
Finalmente, el amparo de esta pretensión se sostiene en un robusto bloque de constitucionalidad y jurisprudencia. Los acusados invocan el respeto a las garantías mínimas del debido proceso, el principio de celeridad y el derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable, consagrados en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Apoyándose en líneas jurisprudenciales como la , reiteran que este incidente puede ser planteado de momento a momento, incluso en la etapa de casación. Por todo ello, solicitan que el Tribunal Supremo de Justicia asuma su rol de control, declare extinguida la acción penal a su favor y ordene el archivo definitivo de obrados.
II MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN HI.1.
Recurso de Milton García Castro El recurrente, articula su defensa sobre la base de una vulneración sistemática al debido proceso, centrando su reclamo en la inexistencia de un nexo causal entre su conducta y el resultado letal. Argumenta que, al momento de los hechos, se encontraba de vacaciones y que su rol como copropietario de la Clínica Urkupiña no lo hace responsable de la praxis médica ni del control administrativo directo, funciones que recaían en un director médico y un administrador.
En cuanto a la aplicación de la ley, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada validó una Sentencia que carece de tipicidad.
Sostiene que no se determinó cuál fue la acción u omisión riesgosa que desplegó, contraviniendo la doctrina legal que exige la creación de un riesgo juridicamente relevante para fundar una condena.
Asimismo, acusa una grave falta de fundamentación y valoración probatoria, señalando que la clinica contaba con autorización legal y que el cirujano principal había presentado credenciales (aunque fueran solo copias) ante la administración.
Refiere que fue acusado únicamente por Homicidio culposo, pero terminó condenado también por Ejercicio llegal de la Medicina bajo una aplicación errónea del principio iura novit curia. Asimismo, reclama una incongruencia omisiva por parte del Tribunal de alzada, al no haberse pronunciado sobre la ilegalidad de introducir entrevistas policiales al juicio oral mediante lectura, lo cual vulnera las normas de exclusión probatoria.
Invocó en calidad de precedentes contradictorios, los Autos Supremos (AASS) 303/2015-RRC-L de 30 de junio, 664/2014 de 20 de noviembre, 248/2012-RRC de 10 de octubre, 222/2014-RRC de 9 de junio, 399/2014-RRC de 19 de agosto, 005/2007 de 26 de enero, 273/2017-RRC de 17 de abril, 346/2013 de 12 de agosto, 719/2015RRL de 12 de octubre, 421/2015-RRC de 29 de junio, 085/2013 de 28 de marzo, 396/2014-RRC de 18 de agosto, 167/2013-RRC de 13 de junio, 872/2018-RRC de 25 de septiembre y 308/2015-RRC de 20 de mayo. Adicionalmente, cita como respaldo doctrinal y constitucional las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0773/2019-S3 de 17 de octubre y 005/2007 de 26 de enero.
II.2.
Recurso de José Antonio Cruz Filipovich nl
El recurrente, denuncia la errónea aplicación de la Ley Sustantiva por parte de los Tribunales inferiores. Por un lado, refuta la condena por Ejercicio Ilegal de la Medicina argumentando que cuenta con su título en provisión nacional y su respectivo registro en el Colegio Médico, lo que lo habilita plenamente y hace atípica su conducta frente a ese delito. Por otro lado, respecto al Homicidio Culposo, sostiene que la muerte del paciente fue por intervención de los otros médicos y que su participación solo fue como anestesista, ya que, según el recurrente, la justicia no logró establecer ningún nexo causal probatorio en el desenlace fatal de muerte de la víctima.
El recurrente afirma que tanto el Juez de origen como el Tribunal de alzada incurrieron en una incongruencia omisiva, pues se limitaron a transcribir mecánicamente las pruebas sin realizar un análisis lógico ni explicar jurídicamente su grado de participación procesal (autor, cómplice o encubridor).
Por último, denuncia que la Fiscalía lo llevó a juicio por el delito Homicidio Culposo; sin embargo, el Juez añadió por cuenta propia el delito de Ejercicio llegal de la Medicina, constituyéndose en un exceso del principio Jura Novit Curia, vulnerando su derecho a la defensa.
Invocó en calidad de precedentes, los AASS 494 de 2 de noviembre de 2 de noviembre de 2003, 312/2012 de 23 de marzo, 135/2015-RRC de 27 de febrero, 297/2012-RRC de 20 de noviembre, 256 de 10 de abril de 2015-RRC, 267/2013-RRC de 17 de octubre, 345 de 3 de junio de 2015-RRC, 495 de 23 de septiembre de 2014-RRC, 308/2023-RRC de 27 de marzo, 429/2023-RRC de 29 de julio, 150/2023-RRC de 3 de marzo, 167/2023-RRC de 2 de marzo, 401/2023-RRC de 20 de abril, 1120/2023-RRC de 17 de agosto, 65/2012-RA de 19 de abril, 52/2016-RRC de 21 de enero, 5 de 26 de enero de 2007, 479 de 8 de diciembre de 2005, 405 de 21 de agosto de 2014-RRC, 276 de 30 de abril de 2015-RRC, 438 de 15 de octubre de 2005, 39 de 21 de enero de 2016-RRC, 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 758/2014-RRC de 19 de diciembre, 112/2016-RRC de 17 de febrero, 171/2012-RRC de 24 de julio, 38/2013-RRC de 18 de febrero, 438/2014-(RRC) de 11 de septiembre, 544/2015-(RRC) de 24 de agosto, 396/2014-(RRC) de 18 de agosto, 41/2014-(RRC) de 21 de agosto, 500/2014-(RRC) de 24 de septiembre, 411/2014-(RRC) de 3 de septiembre, 466/2014-(RRC) de 17 de septiembre, 138/2015-(RRC) de 27 de febrero, 307 /2015-(RRC) de 20 de mayo, 159/2016-(RRC) de 7 de marzo, 59/2016-(RRC) de 21 de enero, 121/2016-(RRC) de 17 de febrero, 24/2015-(RRC) de 03 de enero y 41/2016-(RRC) de 21 de enero. Adicionalmente, las , , R112/2010-R de 10 de mayo 1180/2006-R de 24 de noviembre, 1360/2014 de 7 de julio y 854/2010-R de 10 de agosto.
IV MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LAS EXCEPCIONES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL OPUESTAS IV.1.
De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la Sentencia Constitucional (SC) 1061/2015-S2 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos incidentes.
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.
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