Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relator AUTO SUPREMO N 0113/2026-ED EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO Proceso :La Paz 727/2025 Parte acusadora : Ministerio Público, Janet Quisbert Gonzales y Alberto Quiñones Lima Parte acusada : Hernán Octavio Valdez Quisberth y Lourdes Lucia Amaru Poma Delito : Homicidio, previsto y sancionado en el art. 251 del Código Penal (CP) Sucre, 9 de marzo de dos mil veintiséis I.VISTOS: Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2025, cursante de fs. 1158 a 1167, Hernán Octavio Valdez Quisberth, postula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, Janet Quisbert Gonzales y Alberto Quiñones Lima, por la presunta comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado en el art. 251 del CP.
Il. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO ll.1. Fundamento de la excepción Refiere que desde la comunicación con la imputación formal (11 de enero de 2022), al momento de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto (10 de agosto de 2022), transcurrió 7 meses y 1 día de trámite procesal.
Desde el Auto de radicatoria (15 de agosto de 2022) a la última notificación con el Auto de Apertura de Juicio (3 de noviembre de 2022), transcurrió 2 meses y 12 días.
Varias audiencias fueron suspendidas por la incomparecencia de los sujetos procesales desde la primera audiencia (30 de enero de 2023) hasta la emisión de la Sentencia (13 de septiembre de 2023), transcurrió 7 meses y 13 días.
Desde la notificación con la imputación formal hasta la emisión de la Sentencia, transcurrió 3 años, 10 meses y 20 días.
Desde la imputación formal, hasta la postulación de la extinción de la acción por duración máxima del proceso, transcurrió 3 años y 10 meses de proceso.
La causa petendi, sustenta en los arts. 27 inc. 10) y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que todo proceso debe sustanciarse sin dilaciones y debe durar como máximo tres años y que el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), hace referencia al plazo razonable.
En el caso de autos, no se dio practicidad al principio de celeridad y la mora procesal no le es atribuible, sino al Juez Cautelar, al Tribunal de Sentencia y a la Sala Penal Segunda.
Conciuyendo que el plazo de tres años, fue superado y conforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es viable su postulación.
Adiciona, que para la extinción y la forma del cómputo, también debe considerarse los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional, las vacaciones, el computo corrido y el periodo de la pandemia.
En virtud de ello, impetra declarar probada la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso.
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